Ajuste fiscal en 2026: Hacienda subejerció más de 251 mil millones en el primer trimestre
El recorte al gasto programado busca contener el déficit, pero reabre el debate sobre el costo de posponer obra pública y la presión de subsidios energéticos.
El gobierno federal inició 2026 con un apretón adicional al gasto. Al cierre del primer trimestre, el gasto público quedó 251,658 millones de pesos por debajo de lo calendarizado, de acuerdo con el informe de finanzas públicas y deuda al mes de marzo que la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP) envió al Congreso. La cifra equivale a un ajuste relevante en términos operativos y confirma que la administración de Claudia Sheinbaum mantiene la línea de disciplina fiscal y control del déficit en su segundo año.
El subejercicio se concentró en dependencias del gobierno central. Una parte mayoritaria del ajuste correspondió a presupuestos ejercidos por secretarías de Estado, con recortes visibles en rubros ligados a inversión física y proyectos de infraestructura. Energía encabezó las reducciones respecto del programa, seguida por Infraestructura, Comunicaciones y Transportes, y después Educación Pública, en un movimiento que refleja la prioridad de contener el crecimiento del gasto programable ante ingresos más acotados y compromisos que no pueden diferirse.
En contraste, hubo áreas que sí reportaron incrementos frente a lo previsto. El gasto en servicios de salud asociados a IMSS-Bienestar avanzó por arriba del calendario, y también crecieron las aportaciones federales a estados y municipios, un componente clave para nóminas magisteriales, servicios de salud locales y operación cotidiana de gobiernos subnacionales. Agricultura y Desarrollo Rural también registró un nivel mayor al presupuestado, en un contexto de presiones sobre precios de alimentos, sequías regionales y necesidad de apuntalar cadenas productivas.
El ajuste ocurre en una coyuntura compleja: por un lado, el gobierno busca estabilizar el balance fiscal tras déficits elevados en años recientes; por otro, enfrenta el costo presupuestario de sostener subsidios a combustibles y atender presiones en seguridad, salud e inversión pública. En México, el margen de maniobra suele ser estrecho porque una parte considerable del gasto es “rígido” (pensiones, transferencias, participaciones, servicio de deuda), de modo que los recortes terminan concentrándose en inversión y operación, con efectos potenciales sobre crecimiento y provisión de servicios.
Hacienda reportó que los Requerimientos Financieros del Sector Público (RFSP), la medida más amplia del déficit, ascendieron a 156,000 millones de pesos en el primer trimestre, un monto dentro de los techos aprobados y ligeramente menor a lo previsto. Sin embargo, economistas suelen advertir que el resultado anual puede deteriorarse si se prolongan choques externos—como tensiones geopolíticas que encarezcan energéticos—y si eso obliga a ampliar estímulos a gasolinas o eleva el costo de importaciones clave para la industria.
Un elemento que ayudó en el arranque del año fue el menor costo financiero de la deuda. De acuerdo con Hacienda, el pago de intereses fue inferior al programado, apoyado en condiciones financieras que, en el margen, aliviaron el servicio de deuda. En particular, la apreciación del peso frente al dólar estadounidense redujo presiones sobre componentes denominados en moneda extranjera, aunque el efecto puede revertirse si cambian las condiciones globales de tasas, el apetito por riesgo o el entorno comercial.
Las empresas productivas del Estado también ajustaron su gasto: Petróleos Mexicanos (Pemex) y la Comisión Federal de Electricidad (CFE) registraron recortes frente a lo calendarizado. En el caso de Pemex, el espacio fiscal continúa condicionado por su elevada carga financiera, los vencimientos de deuda y la necesidad de sostener inversión para producción y refinación, mientras que en CFE pesan los costos de generación, redes e inversiones asociadas a la transición energética y confiabilidad del sistema.
Obra pública y crecimiento: el costo de diferir inversión
El componente más sensible del ajuste suele ser la inversión pública. Cuando se pospone obra pública—carreteras, mantenimiento, transporte, agua o infraestructura logística—se contiene el gasto en el corto plazo, pero se arriesga menor impulso a la actividad económica y a la productividad en el mediano. En un país con amplias brechas regionales, la inversión federal también funciona como palanca para atraer inversión privada, sobre todo en corredores industriales vinculados al nearshoring. Si los recortes se prolongan, el reto será sostener la narrativa de consolidación fiscal sin erosionar la capacidad del Estado para detonar crecimiento, mejorar infraestructura y cumplir metas sociales, especialmente en un entorno donde la inversión privada depende de certidumbre regulatoria y disponibilidad de energía y transporte.
En el frente de ingresos, el desempeño de la recaudación y el dinamismo del mercado interno serán determinantes para el resto del año. Con una economía que ha mostrado resiliencia por consumo y exportaciones manufactureras, pero también señales de desaceleración en algunos sectores, el gobierno enfrenta un delicado equilibrio: mantener programas sociales y prioridades estratégicas, sin que el déficit se desborde ni se comprometa la confianza de inversionistas en la trayectoria de deuda.
Hacia adelante, el principal foco de atención será si el subejercicio es transitorio—por calendarización, licitaciones o retrasos administrativos—o si responde a una decisión estructural de recortar para cumplir metas fiscales. También pesará el comportamiento de los combustibles y los subsidios, así como la evolución del tipo de cambio frente al dólar estadounidense, que puede aliviar o encarecer el costo financiero de la deuda y ciertos insumos importados.
En síntesis, el arranque de 2026 confirma un esfuerzo por ordenar las finanzas públicas mediante un gasto por debajo del programa y un déficit acotado; el desafío será sostener esa disciplina sin deteriorar inversión pública, capacidades operativas y crecimiento potencial en el mediano plazo.