Subsidios a gasolinas tensan las finanzas públicas: el IEPS en la mira y el ajuste fiscal se complica

Con el petróleo encarecido por tensiones geopolíticas, el estímulo al IEPS amortigua precios en la bomba pero aumenta la presión sobre déficit, deuda e inversión.

El intento del gobierno federal por contener los precios al consumidor de las gasolinas y el diésel —mediante estímulos fiscales al Impuesto Especial sobre Producción y Servicios (IEPS)— vuelve a colocar a las finanzas públicas en una zona de mayor fragilidad. El encarecimiento internacional de los combustibles, asociado a la escalada del conflicto en Irán y su impacto en los mercados energéticos, está elevando el costo de sostener descuentos en el impuesto, justo cuando el país se comprometió a una trayectoria de consolidación fiscal.

En días recientes, desde Presidencia se reconoció que el esfuerzo de contención puede implicar un costo bruto del orden de 5,000 millones de pesos por semana, con una compensación parcial derivada de mayores ingresos petroleros; aun así, el impacto neto seguiría siendo relevante para el balance presupuestario. En paralelo, los Precriterios de política económica plantearon un escenario de presión acotada si la tensión dura un periodo breve, pero admitieron alta incertidumbre sobre la magnitud y persistencia del choque.

En términos operativos, los estímulos al diésel y a las gasolinas —que se activaron desde marzo— ya implican una merma acumulada importante en la recaudación. Para un erario que depende de ingresos tributarios estables para financiar gasto social, inversión pública y servicio de deuda, la renuncia recaudatoria del IEPS se vuelve un dilema: si se mantiene el subsidio, se erosiona el ingreso; si se retira, sube el precio en la bomba con costos políticos y económicos.

El problema se dimensiona mejor con la escala anual. Para 2026, la Ley de Ingresos contempló una recaudación de IEPS a combustibles de cientos de miles de millones de pesos. Bajo escenarios de precios internacionales elevados y estímulos cercanos a 100% por periodos prolongados, analistas del sector privado han advertido que el costo podría rebasar 100,000 millones de pesos y, en un escenario extremo de persistencia durante el año, acercarse a rangos superiores a 200,000 millones.

El debate no es menor: el IEPS a combustibles funciona como amortiguador fiscal. Cuando el petróleo sube, el gobierno puede recibir más por exportaciones y derechos relacionados con hidrocarburos, pero al mismo tiempo suele aumentar el incentivo a subsidiar el impuesto para evitar alzas abruptas en los precios al consumidor. El balance final depende de volúmenes de producción, precios, tipo de cambio, costos de importación de gasolinas y la estructura de ingresos petroleros, hoy más limitada que en otras épocas.

Déficit, deuda y la ruta de consolidación: el costo de mantener el “precio político”

La implicación más inmediata de un IEPS “perdonado” es fiscal: o se recorta gasto, o se incrementa el déficit, o se buscan ingresos adicionales. En México, el margen para una reforma fiscal de corto plazo suele ser estrecho y políticamente costoso, por lo que el ajuste tiende a concentrarse en partidas con mayor flexibilidad, como gasto administrativo e inversión física. Esa reasignación puede deteriorar el mantenimiento de infraestructura y postergar proyectos, con efectos multiplicadores negativos sobre crecimiento y productividad.

En un contexto en el que la política fiscal busca llevar el déficit hacia niveles más cercanos a rangos prudentes —con referencias frecuentes a umbrales internacionales en torno a 3%–3.5% del PIB— un choque prolongado en combustibles puede empujar el balance hacia niveles más cercanos a 5% del PIB, elevando los Requerimientos Financieros del Sector Público y, por tanto, la trayectoria de la deuda. Esto importa no solo por el “numerito” del déficit, sino porque un mayor endeudamiento encarece el costo financiero y limita el espacio presupuestario futuro, especialmente si las tasas de interés permanecen altas por más tiempo.

Además, el costo del servicio de la deuda compite con gasto programable. Si el gobierno decide proteger programas sociales —que hoy tienen alta rigidez política y, en algunos casos, anclajes legales—, la presión se traslada con mayor probabilidad a inversión y operación. En la práctica, el subsidio a combustibles puede terminar financiándose con menores recursos para carreteras, agua, salud preventiva o mantenimiento industrial en empresas productivas del Estado, con riesgos de eficiencia y seguridad.

El episodio también reabre la discusión sobre la calidad de los estabilizadores fiscales. Aunque el estímulo al IEPS ayuda a moderar la inflación de corto plazo —al contener un insumo transversal para logística, transporte y algunos alimentos—, su diseño es poco focalizado: beneficia a todos los consumidores, incluyendo a quienes tienen mayor capacidad de pago, y reduce recursos que podrían destinarse a transferencias mejor dirigidas o inversión con impacto permanente.

Desde la óptica macroeconómica, el subsidio funciona como un “seguro” antiinflacionario temporal, pero con una prima elevada. En México, donde el consumo de combustibles es intensivo y la distribución depende de importaciones relevantes de gasolinas, el traspaso de choques externos suele sentirse rápido. Si se subsidia indefinidamente, la factura fiscal crece; si se retira de golpe, el impacto sobre inflación y expectativas puede complicar el ciclo de tasas y el desempeño del consumo.

Un elemento adicional es la situación de Pemex. La petrolera enfrenta restricciones de inversión, necesidades de mantenimiento y una carga financiera elevada. Aunque precios altos del crudo pueden mejorar ingresos brutos, no necesariamente se traducen en mayor capacidad de inversión neta, especialmente si aumentan también costos, obligaciones y la necesidad de apoyo del gobierno federal. Para el país, esto significa que el “colchón petrolero” ya no es tan amplio como lo fue en décadas pasadas para absorber shocks sin afectar el presupuesto.

Hacia adelante, el mercado observará la consistencia entre el discurso de consolidación fiscal y las decisiones semanales sobre estímulos al IEPS. Un esquema más transparente de reglas —por ejemplo, bandas de precios, objetivos explícitos de recaudación o mecanismos de compensación— podría reducir incertidumbre. Sin embargo, mientras persista la volatilidad internacional, el gobierno seguirá enfrentando una disyuntiva: estabilidad de precios al consumidor hoy, o estabilidad fiscal y capacidad de inversión mañana.

En síntesis, la contención de precios de gasolinas y diésel mediante estímulos al IEPS reduce presiones inflacionarias en el corto plazo, pero incrementa el riesgo de recortes a inversión, mayor déficit y una deuda más exigente de administrar si el choque externo se prolonga.