Convención Bancaria 89: banca y gobierno cierran filas para impulsar crédito a pymes y pagos digitales
Los acuerdos buscan llevar el financiamiento del sistema bancario hacia 45% del PIB y acelerar la modernización del sistema de pagos.
La 89 Convención Bancaria dejó un mensaje central para el mercado: gobierno, reguladores y bancos buscan acelerar la profundización financiera en México, con un énfasis explícito en más crédito para micro, pequeñas y medianas empresas (mipymes) y en la digitalización del sistema de pagos. La presidenta Claudia Sheinbaum reiteró la meta de elevar el financiamiento de la banca desde niveles cercanos a 38% del PIB hacia 45%, en un país donde el crédito bancario sigue siendo bajo frente a economías pares de América Latina y, sobre todo, frente a miembros de la OCDE.
El objetivo no es menor. En un entorno de crecimiento moderado y de inversión que enfrenta retos —por costos financieros todavía elevados, incertidumbre sectorial y la necesidad de infraestructura—, la capacidad del sistema bancario para canalizar recursos a empresas productivas puede convertirse en una palanca de expansión. El planteamiento del Ejecutivo se inserta, además, en una estrategia de política pública que busca ampliar el alcance del sistema financiero formal y reducir el uso de efectivo, con implicaciones directas en productividad, seguridad y recaudación.
En paralelo a las conversaciones de la Convención, Banco de México (Banxico) avanzó en la agenda regulatoria de pagos digitales con disposiciones orientadas a simplificar la experiencia de transferencias y a mejorar la interoperabilidad de herramientas como CoDi y Dimo. La gobernadora Victoria Rodríguez subrayó que la innovación tecnológica puede abatir costos, ampliar cobertura geográfica y mejorar la evaluación de riesgo crediticio, elementos que, bien ejecutados, podrían ampliar la oferta de productos para población y negocios hoy subatendidos.
Desde la Secretaría de Hacienda, Édgar Amador Zamora enfatizó el peso económico de las mipymes: concentran la enorme mayoría de los establecimientos y una parte sustantiva del empleo. El diagnóstico, sin embargo, es conocido: muchas operan con baja bancarización, alta informalidad y acceso limitado a financiamiento competitivo, lo que restringe inversión, adopción tecnológica y escalamiento. Por ello, Hacienda planteó que ampliar el crédito no solo es un tema de inclusión, sino de productividad y consolidación de cadenas de proveeduría más robustas.
Los reguladores también colocaron una condición indispensable: la expansión del crédito debe ocurrir con integridad y prudencia. El presidente de la Comisión Nacional Bancaria y de Valores (CNBV), Ángel Cabrera, sostuvo que la solidez del sistema no se mide solo por indicadores de capital o liquidez, sino por su capacidad de transformar estabilidad en oportunidades reales para hogares y empresas, preservando a la vez estándares de gestión de riesgos y cumplimiento.
Del lado de la industria, Emilio Romano, presidente de la Asociación de Bancos de México (ABM), presentó una hoja de ruta hacia 2030 con cuatro ejes: educación financiera, empoderamiento del cliente, bancarización y digitalización, e impulso al crédito. El planteamiento reconoce un reto recurrente: en México no basta con anuncios; el termómetro será si los compromisos se traducen en originación de crédito sostenible, mejores condiciones para acreditados y reducción de fricciones operativas.
Crédito a mipymes: el reto es crecer sin deteriorar la cartera
Llevar el financiamiento bancario a 45% del PIB implica aumentar la penetración de crédito en segmentos donde el riesgo es heterogéneo y la información financiera suele ser incompleta. Para que el salto sea viable, el sistema necesitará combinar mejores modelos de evaluación (con datos transaccionales digitales), esquemas de garantías y una mayor formalización de negocios, además de procesos más ágiles y baratos. En términos macro, el desafío es expandir el crédito sin propiciar un deterioro significativo en la cartera vencida, especialmente en un contexto donde las tasas han comenzado a normalizarse gradualmente, pero el costo del dinero sigue siendo un factor relevante para pymes con márgenes estrechos.
También pesa el diseño de incentivos. Si la digitalización de pagos reduce el uso de efectivo y eleva la trazabilidad de ingresos, los bancos pueden construir historiales más confiables y ofrecer financiamiento con mejor precio. Sin embargo, la adopción depende de infraestructura (conectividad, terminales, interoperabilidad), de confianza del usuario y de una experiencia de uso sin fricciones. En ese sentido, la coordinación entre Banxico, CNBV, Hacienda y la industria será clave para que la modernización del sistema de pagos se traduzca en crédito más accesible y no solo en más transferencias digitales.
Un ángulo adicional es el de la inversión en infraestructura y el llamado “Plan México”: si se busca acelerar proyectos con impacto regional, el crédito bancario puede complementar recursos públicos y atraer inversión privada, siempre que existan reglas claras, certidumbre jurídica y mecanismos de mitigación de riesgos. Para el mercado, la señal relevante será si los acuerdos evolucionan hacia pipelines financiables, con estructuras transparentes y supervisión eficaz.
Hacia adelante, el consenso surgido en la Convención apunta a una prioridad: profundizar el sistema financiero para que el crecimiento no dependa solo del consumo o del ciclo externo. La clave estará en equilibrar expansión de crédito, digitalización y regulación: si las medidas reducen costos y mejoran la evaluación de riesgo, México podría avanzar en inclusión y productividad; si no, la meta de 45% del PIB podría quedarse en un horizonte aspiracional.