Programa “Volver a Crecer” busca destrabar deudas heredadas de la FND y aliviar presión financiera en el campo

El gobierno federal lanzó un esquema para condonar o reestructurar adeudos de la extinta FND, con énfasis en pequeños productores y mujeres rurales.

El gobierno federal presentó el programa “Volver a Crecer”, una estrategia para eliminar y reestructurar adeudos de clientes de la extinta Financiera Nacional de Desarrollo Agropecuario, Rural, Forestal y Pesquero (FND), institución que entró en liquidación en 2023. La medida pretende atender a prácticamente la totalidad de acreditados que aún arrastran saldos, procesos judiciales y garantías comprometidas, en un intento por cerrar uno de los pendientes más sensibles del financiamiento público al sector rural.

De acuerdo con lo expuesto en la conferencia matutina de la presidenta Claudia Sheinbaum, el plan será operado por el Instituto para Devolver al Pueblo lo Robado (INDEP) y contempla beneficios para 59,967 personas con 69,568 créditos. El universo está integrado principalmente por pequeños productores y mujeres productoras rurales, segmentos que suelen enfrentar mayor fragilidad ante choques climáticos, volatilidad de precios agrícolas y encarecimiento de insumos.

La autoridad señaló que, tras la extinción de la FND, se identificaron irregularidades en la administración y cobranza de la cartera: prácticas indebidas de recuperación, presuntas extorsiones, garantías mal integradas o inexistentes, y una elevada concentración de litigios en despachos externos. En la práctica, esto dejó a miles de acreditados en una situación de impago acompañada de costos legales y patrimoniales que, para muchos, volvió el saldo “impagable” aun cuando la actividad productiva continuara.

El diseño del programa contempla dos vías. La primera es la liberación total del adeudo para pequeños productores con créditos menores a 28,068 UDIS (alrededor de 248 mil pesos) y para mujeres productoras con créditos menores a 45,000 UDIS (cerca de 398 mil pesos). En este tramo, el gobierno estima apoyar a 41,060 clientes y 42,897 créditos.

La segunda vía aplicará a créditos mayores a esos umbrales y menores a 10 millones de pesos: se ofrecerá un descuento de 30% sobre el saldo contable y la posibilidad de reestructurar el 70% restante con una tasa anual de 8.5%. En este grupo se ubicarían 18,907 clientes, incluidos 1,639 casos de mujeres productoras y 17,268 de pequeños productores.

Además del alivio financiero, el programa incorpora componentes legales y administrativos: desistimiento de acciones judiciales, liberación de garantías prendarias o hipotecarias, y actualización del estatus de los acreditados ante el Buró de Crédito. Para quienes ya estén en juicio, se prevé la firma de convenios judiciales que permitan concluir los procesos vinculados al financiamiento.

Las bases y lineamientos se publicarán en el DOF y, a partir de esa fecha, se hará el corte oficial de saldos para determinar elegibilidad. Los acreditados deberán acudir de manera presencial a alguno de los centros de atención habilitados, con identificación, CURP y número de crédito. La autoridad subrayó que el trámite será individual y sin intermediarios. En principio, quedaría fuera un grupo reducido —alrededor de 330 clientes— con adeudos superiores a 10 millones de pesos.

Implicaciones para el crédito rural y la agenda financiera pública

En el contexto de la economía mexicana, el plan llega en un momento en que el financiamiento al campo enfrenta un doble reto: por un lado, la necesidad de inversión para elevar productividad y resiliencia ante sequías y eventos extremos; por otro, el encarecimiento del crédito tras el ciclo de tasas altas que prevaleció en años recientes. Al ofrecer reestructuras con una tasa fija de 8.5% y al limpiar expedientes judiciales y de garantías, el gobierno busca restablecer condiciones mínimas para que parte de estos productores puedan volver a integrarse al circuito formal de financiamiento, aunque el programa no equivale por sí mismo a una política integral de crédito rural.

También hay un ángulo fiscal y de gobernanza: condonar y reestructurar cartera implica reconocer pérdidas y absorber costos de administración y litigios, pero puede reducir la “presión” social y legal acumulada, además de ordenar registros y procedimientos. A mediano plazo, el principal desafío será evitar que la solución sea percibida como un incentivo al no pago; por ello, el impacto dependerá de cómo se instrumenten criterios, verificación de casos y la transparencia de los lineamientos publicados en el DOF.

En el caso de las mujeres rurales, la medida apunta a un problema frecuente en programas de crédito dirigidos: la utilización de beneficiarias como prestanombres, lo que distorsiona la evaluación de riesgo y traslada la carga legal y patrimonial a personas con menor capacidad de defensa. La atención a 13,400 mujeres productoras —casi la totalidad del universo registrado— sugiere un intento explícito de corregir daños reputacionales y sociales asociados a la operación anterior.

Hacia delante, el efecto económico más relevante será si el “borrón y cuenta nueva” se acompaña de nuevos canales de financiamiento productivo y asistencia técnica que reduzcan la reincidencia en cartera vencida. Sin mecanismos de originación y seguimiento más robustos, el alivio podría ser transitorio; con ellos, podría liberar capacidad productiva y sostener economías regionales donde el crédito es clave para ciclos de siembra, compra de insumos y comercialización.

En suma, “Volver a Crecer” busca cerrar el capítulo de la FND mediante condonaciones y reestructuras que privilegian a pequeños productores y mujeres rurales, al tiempo que desactiva litigios y libera garantías. Su alcance es amplio, pero su impacto de largo plazo dependerá de la ejecución, la claridad de reglas en el DOF y la construcción de una nueva arquitectura de crédito rural con mejores controles.