SAT endurece la depuración de donatarias autorizadas y defiende un criterio técnico en las revocaciones
El SAT afirma que las bajas de donatarias responden a incumplimientos legales y no a criterios sobre la razón social o sus integrantes.
El Servicio de Administración Tributaria (SAT) sostuvo que los procesos para revocar o cancelar autorizaciones a organizaciones inscritas como donatarias autorizadas se realizan con criterios técnicos y con base en el cumplimiento de requisitos fiscales, sin considerar elementos como la razón social, el giro, ni la identidad de sus socios o integrantes. La postura llega en un contexto de mayor escrutinio público sobre la depuración del padrón de entidades con capacidad de recibir donativos deducibles, una figura clave en el financiamiento del sector social y de proyectos con fines asistenciales, educativos y de investigación.
En conferencia de prensa, Gari Flores, administrador general de Recaudación, explicó que la autoridad se guía por el cumplimiento o no de los requisitos previstos en la legislación fiscal. En su planteamiento, cuando un contribuyente —incluidas las donatarias— no atiende algún requisito del trámite, éste no procede. El énfasis, dijo, se coloca en la atención y el servicio a quienes cumplen, y en la aplicación de reglas cuando existen omisiones.
De acuerdo con cifras difundidas por el SAT, durante 2025 se revocaron 270 donatarias dentro de un padrón superior a 10,000 organizaciones. Entre 2025 y 2026, la autoridad publicó a más de 300 entidades cuya autorización fue revocada o cancelada, en un listado que incluye asociaciones con alta visibilidad pública. Según la autoridad fiscal, en todos los casos se otorgó derecho de audiencia conforme al procedimiento previsto en el artículo 82-Quater de la Ley del Impuesto sobre la Renta (LISR), y las revocaciones se concretaron cuando no se subsanaron incumplimientos dentro de los plazos legales.
El SAT detalló que, en algunos casos referidos en medios, la revocación se debió a la falta de documentación que acreditara que ciertas investigaciones eran de carácter científico, pese a que la autorización correspondía a ese rubro. La institución también subrayó que el marco vigente permite que, si una organización reúne posteriormente el requisito faltante, pueda reingresar su solicitud y regularizar su situación en un periodo relativamente corto, siempre que cumpla con los criterios aplicables.
Impacto económico: deducibilidad, confianza y financiamiento del tercer sector
La depuración del padrón de donatarias tiene implicaciones que van más allá del terreno administrativo. En México, la autorización para recibir donativos deducibles funciona como un mecanismo de canalización de recursos privados hacia fines de interés público; por ello, la certidumbre regulatoria y la claridad de los requisitos influyen en la disposición de empresas y personas físicas a donar. Un entorno de mayor vigilancia puede fortalecer la confianza si reduce riesgos de simulación y mejora la rendición de cuentas, pero también puede generar costos de cumplimiento para organizaciones con estructuras administrativas limitadas, especialmente en un contexto de crecimiento económico moderado y presiones presupuestarias que elevan la demanda por servicios sociales.
En términos fiscales, la autoridad busca resguardar la integridad del sistema de deducciones, en un país donde la recaudación como proporción del PIB se mantiene por debajo de economías comparables de la OCDE. Para el SAT, cerrar espacios a la elusión mediante entidades que no acrediten actividades autorizadas es consistente con un objetivo de ampliar la base y fortalecer ingresos tributarios sin crear nuevos impuestos. Para el sector social, el reto es demostrar cumplimiento documental y trazabilidad del gasto, en un entorno donde donantes institucionales suelen exigir estándares más altos de transparencia y evidencia de impacto.
El episodio también se inserta en una discusión más amplia sobre simplificación y digitalización de trámites. En los últimos años, el SAT ha incrementado el uso de herramientas electrónicas, verificación de comprobantes fiscales digitales (CFDI) y cruces de información, lo que eleva la capacidad de detección de inconsistencias, pero también hace más relevante la asesoría contable y legal para cumplir con requisitos específicos por rubro. En la práctica, la diferencia entre una omisión subsanable y una revocación puede depender de tiempos, documentación y la capacidad operativa de cada organización.
Hacia adelante, el efecto neto sobre el ecosistema de donaciones dependerá de que los procedimientos se mantengan previsibles y de que la autoridad comunique con claridad los criterios generales de cumplimiento, sin vulnerar información confidencial. Para las donatarias, la prioridad será robustecer gobierno corporativo, controles internos y evidencias de actividades, mientras que para donantes el foco seguirá en el riesgo reputacional y la seguridad jurídica de la deducibilidad.
En balance, el SAT sostiene que actúa con criterios técnicos y bajo el marco de la LISR; el desafío para la economía social es adaptarse a una supervisión más estricta sin frenar el flujo de recursos privados hacia proyectos de interés público.