De “no invertir” a “esperar”: la confianza empresarial en México mejora, pero el capital sigue en pausa
El ánimo de los analistas del sector privado sobre el momento para invertir en México dejó atrás el pesimismo que dominó gran parte de 2025, pero aún no encuentra un terreno firme de optimismo. La más reciente Encuesta sobre las Expectativas de los Especialistas en Economía del Sector Privado de Banco de México muestra un giro relevante: la proporción de respuestas que califican el entorno como “desfavorable” se redujo hacia el cierre de 2025 y se mantuvo en niveles similares al iniciar 2026. El cambio, sin embargo, no se traduce en una ola de confianza; más bien, revela un nuevo estado de ánimo: la duda.
En la práctica, esa duda se interpreta como cautela operativa. Cerca de la mitad de los especialistas se declara “no seguro” respecto a si es buen momento para invertir, mientras las opiniones abiertamente favorables siguen en mínimos. Este patrón es consistente con un entorno en el que la economía evita un deterioro abrupto, pero carece de catalizadores claros para detonar decisiones de largo plazo. También coincide con expectativas de corto plazo moderadas: una mayoría prevé que la situación económica se mantendrá “sin cambios” en los próximos seis meses, una lectura que descarta una crisis inmediata, pero también una recuperación acelerada.
El contraste se vuelve más visible frente al discurso oficial. El gobierno federal ha insistido en que existe un portafolio de inversión privada de gran tamaño para el sexenio, articulado dentro del Plan México. En los hechos, la distancia entre anuncios y ejecución sigue siendo el punto crítico: permisos, disponibilidad de energía, agua, logística, seguridad y certidumbre regulatoria pesan al momento de convertir intenciones en obra, expansión de capacidad o nuevas plantas. En particular, las inversiones intensivas en capital —manufactura avanzada, electromovilidad, semiconductores, centros de datos y cadenas de proveeduría— suelen requerir horizontes de certidumbre más largos que los que hoy perciben los encuestados.
El calendario de 2026 agrega un factor de espera: la revisión del T-MEC, prevista para la segunda mitad del año, funciona como “fecha bisagra” para múltiples empresas. México ha capitalizado su integración productiva con Estados Unidos y el fenómeno de relocalización de cadenas (nearshoring), pero parte del sector privado prefiere postergar decisiones hasta tener señales más nítidas sobre reglas de origen, mecanismos de solución de controversias, política industrial y el tono general de la relación comercial en Norteamérica. No es casualidad que, incluso con anuncios de inversión relevantes en el norte del país, muchos proyectos se mantengan en fases de planeación, adquisición de tierra o ingeniería, sin traducirse todavía en un repunte sostenido de la inversión fija.
El trasfondo macroeconómico también impone límites. Las previsiones de crecimiento para 2026 se mantienen contenidas, con lecturas alrededor de 1% en varios escenarios, condicionadas a la evolución externa y a la capacidad interna de remover cuellos de botella. A ello se suma el efecto de tasas de interés aún relativamente elevadas en términos reales —aunque con un ciclo de recortes ya en marcha—, lo que encarece financiamiento y eleva el umbral de rentabilidad exigido por las empresas. Para sectores como construcción, transporte o manufactura con alto componente importado, la dinámica del Mercado Cambiario y la volatilidad externa también influyen en el ritmo de ejecución, aun cuando el peso haya mostrado resiliencia en episodios recientes.
Donde la señal es más delicada es en la composición de la inversión. México puede atraer flujos de inversión extranjera directa, pero la economía necesita que la inversión total —privada nacional, extranjera y pública— sea suficiente y constante para sostener crecimiento potencial. En años recientes, la inversión pública ha enfrentado restricciones presupuestales y reasignaciones, mientras la privada doméstica suele reaccionar más rápido a la incertidumbre regulatoria y al deterioro del entorno de negocios. El resultado es una brecha: el país se beneficia del “momento geográfico” y del acceso preferencial al mercado norteamericano, pero no siempre logra convertirlo en un ciclo de productividad e infraestructura que eleve el ingreso por habitante de forma persistente.
Los empresarios han sido explícitos en los factores que más pesan. La confianza en el Estado de derecho, la claridad regulatoria, la seguridad física de operaciones y la certidumbre en reglas laborales y fiscales suelen aparecer como prioridades. En paralelo, la desigualdad regional condiciona el alcance del nearshoring: estados del noreste y bajío capturan una parte relevante por su base industrial y capital humano, mientras otras regiones enfrentan informalidad elevada, infraestructura insuficiente y mayores costos de seguridad. Esa asimetría limita la “profundidad” del fenómeno: aún con anuncios de nuevas plantas, el beneficio no se distribuye de manera homogénea ni crea, por sí solo, un salto nacional de inversión.
Hacia adelante, el reto es menos de interés y más de ejecución. Si 2026 entrega señales creíbles de certidumbre —en la revisión del T-MEC, en la estabilidad regulatoria y en la capacidad de asegurar energía y logística—, el portafolio anunciado podría traducirse en gasto de capital y empleo formal. Si no, el escenario más probable es uno de crecimiento moderado, con inversiones selectivas concentradas en regiones y sectores ya consolidados, y un resto del país avanzando a un ritmo insuficiente para cerrar brechas de productividad.
En síntesis, el sentimiento del sector privado se movió del “no” rotundo a una pausa estratégica: la economía mexicana conserva ventajas estructurales por su integración con Norteamérica, pero el paso decisivo depende de certidumbre institucional, condiciones habilitantes e implementación. El mercado no está anticipando un desplome, pero tampoco ha encontrado razones contundentes para acelerar el capital.