Hacienda roza su meta de déficit en 2025 y apuesta por más recaudación y contención del gasto en 2026

La Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP) cerró 2025 con Requerimientos Financieros del Sector Público (RFSP) de 4.4% del PIB, apenas 0.1 puntos porcentuales por encima de la meta actualizada de 4.3% establecida en los Criterios Generales de Política Económica 2026. En términos nominales, el déficit ampliado se ubicó en 1.55 billones de pesos frente a un objetivo de 1.52 billones, un margen estrecho que el gobierno atribuye a una administración “más precavida” del gasto y a una calibración del ajuste fiscal para evitar un freno abrupto de la actividad.

El secretario de Hacienda, Édgar Amador Zamora, defendió que el resultado se consiguió al moderar erogaciones y sostener el rumbo de consolidación en un año marcado por menor dinamismo económico y un entorno externo más incierto. En particular, el cambio de escenario político en Estados Unidos y señales comerciales más volátiles influyeron en la revisión de la meta: el objetivo original del Paquete Económico 2025 era de 3.9% del PIB, pero fue ajustado al reconocer un crecimiento más bajo y mayor cautela de inversión y consumo.

El dato también debe leerse en comparación con 2024: Hacienda subrayó que el déficit de 2025 implicó una reducción cercana a 1.3 puntos del PIB frente al cierre del año previo, uno de los ajustes más visibles en décadas si se considera que los RFSP capturan no solo el balance presupuestario, sino también otras necesidades de financiamiento del sector público. Esta métrica es clave para el mercado porque anticipa el ritmo de emisión de deuda y, por extensión, presiones potenciales sobre tasas de interés, costo financiero y necesidades de refinanciamiento.

La estrategia para 2026 busca llevar los RFSP a 4.1% del PIB. El plan, según Hacienda, se concentrará en fortalecer ingresos mediante acciones de eficiencia recaudatoria —en línea con lo planteado en la Ley de Ingresos— y mantener un gasto “austero” con prioridad social e inversión. En la práctica, el reto será doble: por un lado, elevar la captación sin recurrir a alzas generalizadas de impuestos; por otro, contener el crecimiento del gasto corriente y el costo financiero, en un contexto donde las tasas siguen siendo un factor relevante para el servicio de la deuda y donde la economía mexicana ha mostrado un crecimiento moderado tras la fase de normalización pospandemia.

Analistas suelen observar que el margen de 0.1 puntos del PIB luce manejable, pero no trivial: en un escenario de crecimiento menor al previsto o de choques externos —por ejemplo, desaceleración industrial en Norteamérica o episodios de volatilidad financiera—, los ingresos tributarios y petroleros pueden quedar por debajo de lo programado. En ese caso, la autoridad enfrenta decisiones de reasignación del gasto, subejercicios o ajustes adicionales. A favor del gobierno juega que una consolidación gradual reduce el riesgo de un “apretón” fiscal que afecte empleo y consumo; en contra, que la ventana para estabilizar la razón deuda/PIB se vuelve más estrecha si el crecimiento potencial sigue limitado.

En el trasfondo, la discusión fiscal se cruza con prioridades estructurales: impulsar inversión pública y privada, mejorar productividad y asegurar certidumbre regulatoria para apuntalar el nearshoring, al tiempo que se financian programas sociales y proyectos estratégicos sin deteriorar el balance. Para inversionistas, la señal central será si la trayectoria hacia 2026 se apoya en ingresos recurrentes y control sostenible del gasto, más que en medidas extraordinarias, ya que eso influye en percepción de riesgo soberano, costo de financiamiento y estabilidad macro.

En síntesis, Hacienda quedó muy cerca de su objetivo de déficit en 2025 tras ajustar la meta a un entorno externo más complejo, y ahora apuesta por mayor eficiencia recaudatoria y disciplina del gasto para 2026. El resultado refuerza la intención de consolidación gradual, pero mantiene sobre la mesa el desafío de equilibrar estabilidad fiscal con crecimiento en un ciclo económico que todavía luce sensible a la evolución de la demanda externa y a la confianza de inversión.