Fallo de la OMC contra subsidios verdes en EE. UU. reaviva la disputa comercial con China y mete presión a la política industrial de Norteamérica
La Organización Mundial del Comercio (OMC) dio la razón a China en una disputa por apoyos públicos a energías renovables en Estados Unidos, al concluir que ciertos incentivos asociados a la Ley de Reducción de la Inflación (IRA, por sus siglas en inglés) fueron “incompatibles” con compromisos multilaterales. El panel recomendó a Washington retirar esos beneficios antes del 1 de octubre de 2026, una resolución que Beijing celebró y que la Oficina del Representante Comercial estadounidense (USTR) tachó de “absurda”, profundizando el choque sobre cómo regular subsidios en una economía global marcada por tensiones geopolíticas y competencia tecnológica.
El caso fue presentado por China en marzo de 2024, bajo el argumento de que los apoyos fiscales y subsidios para energías limpias favorecían producción localizada en territorio estadounidense y excluían insumos o componentes provenientes de China, lo que —desde su óptica— distorsiona la competencia. El panel no se pronunció sobre subsidios a vehículos limpios, luego de que esa parte se retirara tras cambios de política en 2025; aun así, el mensaje central del fallo es que los incentivos “verdes” condicionados al origen pueden quedar en el filo de las reglas comerciales.
Más allá de la disputa jurídica, el episodio vuelve a exhibir una fractura institucional: el órgano de apelación de la OMC sigue paralizado desde 2019 por el bloqueo estadounidense al nombramiento de jueces. En la práctica, esto limita la capacidad del sistema multilateral para cerrar controversias con sentencias definitivas, lo que abre espacio a respuestas unilaterales, represalias o negociaciones políticas caso por caso. Para economías altamente integradas a Norteamérica, como la mexicana, ese entorno eleva la incertidumbre regulatoria sobre cadenas de valor vinculadas a la transición energética.
En México, el impacto potencial se observa por dos vías. La primera es la dinámica del “nearshoring”: empresas que buscan acercar producción al mercado estadounidense suelen evaluar incentivos fiscales y certidumbre normativa. Si parte de los apoyos verdes de EE. UU. enfrenta presión internacional o ajustes internos hacia 2026, algunas inversiones podrían reconfigurar su calendario o su localización dentro de Norteamérica, con implicaciones para corredores industriales en el Bajío, la frontera norte y clusters automotrices y de autopartes. La segunda vía es el comercio: un endurecimiento del tono entre Washington y Beijing suele traducirse en más controles a importaciones, reglas de origen y escrutinio a componentes, lo que puede elevar costos de cumplimiento en industrias mexicanas integradas a cadenas globales.
El timing también importa. México llega a 2026 con retos estructurales que condicionan su capacidad de capturar oportunidades: disponibilidad y costo de energía, infraestructura, agua en regiones industriales, seguridad logística y calidad regulatoria. La transición hacia manufactura vinculada a energías limpias —baterías, componentes eléctricos, eficiencia energética— depende de señales claras de política pública y de acceso competitivo a electricidad. Si Norteamérica busca blindar cadenas “verdes” frente a China, México puede beneficiarse por proximidad y tratados, pero también enfrentará exigencias mayores de trazabilidad, contenido regional y cumplimiento ambiental.
En el plano financiero, episodios de fricción comercial suelen moverse rápido hacia expectativas de crecimiento e inversión. Un aumento de incertidumbre en comercio internacional puede influir en flujos hacia activos considerados seguros y presionar tipos de cambio; para México, esto se combina con factores domésticos como inflación, tasas de interés y percepción de riesgo soberano. En ese contexto, empresas importadoras y exportadoras tienden a reforzar coberturas y a ajustar sus costos ante la volatilidad del Mercado Cambiario, sobre todo cuando hay noticias que afectan a sectores intensivos en comercio exterior.
El fallo de la OMC también plantea una pregunta de fondo para la región: ¿cómo diseñar política industrial y climática sin chocar con reglas comerciales, o sin vaciar de contenido al sistema multilateral? La respuesta no es sencilla, porque la competencia por manufactura avanzada y tecnologías limpias se ha convertido en un tema de seguridad económica. En la práctica, tanto EE. UU. como China han utilizado apoyos públicos —explícitos o implícitos— para desarrollar sectores estratégicos; la diferencia es el marco legal y el margen político para sostenerlos.
Para México, el escenario más relevante no es solo si Washington ajusta o no incentivos específicos, sino si la disputa acelera una estrategia más amplia de regionalización: cadenas más cortas, mayor integración dentro de Norteamérica y filtros más estrictos a insumos extrarregionales. Eso favorecería a plantas mexicanas ya instaladas y a nuevos proyectos, pero también elevaría la vara en cumplimiento y en capacidad de proveeduría local. El reto será convertir la coyuntura en inversión productiva de largo plazo, no solo en reubicación temporal.
En síntesis, la resolución de la OMC a favor de China abre un nuevo capítulo en la discusión global sobre subsidios verdes y confirma que el comercio seguirá atravesado por la geopolítica. Para México, el episodio puede significar oportunidades por integración regional, pero también más exigencias y volatilidad para empresas insertas en cadenas de exportación, especialmente en sectores ligados a energía y manufactura avanzada.
