SAT apunta a meta histórica de 5.8 billones de pesos en 2026; reforzará fiscalización y control aduanero

El Servicio de Administración Tributaria (SAT) buscará recaudar 5.8 billones de pesos en 2026, un máximo histórico respaldado por la Ley de Ingresos de la Federación. De acuerdo con el planteamiento aprobado, 57.2% de los ingresos públicos provendrán de impuestos, frente al 34.8% observado en 2008. El Impuesto Sobre la Renta (ISR) concentrará 52.5% de la recaudación tributaria, el Impuesto al Valor Agregado (IVA) 27.2% y el Impuesto Especial sobre Producción y Servicios (IEPS) 13%.

Para sostener el aumento sin cambios generalizados de tasas, la autoridad reforzará la digitalización y el monitoreo del cumplimiento, la invitación a pagos voluntarios, auditorías focalizadas y la retención de ISR a plataformas digitales. También endurecerá el combate a las “factureras” y empresas fantasma mediante modificaciones al Código Fiscal de la Federación, con la promesa de concentrarse en esquemas de evasión y no en contribuyentes cumplidos. Especialistas recomiendan, no obstante, verificar proveedores frente a listas negras del fisco y conservar evidencia de materialidad de operaciones.

En el frente aduanero, la coordinación entre el SAT, la Agencia Nacional de Aduanas de México (ANAM) y la Secretaría de Economía busca cerrar espacios al contrabando con inspecciones más profundas y un seguimiento más estricto del complemento Carta Porte. De enero a octubre, los impuestos al comercio exterior reportaron un repunte real anual, apoyados también por cambios al tratamiento de envíos de bajo valor en el comercio electrónico y por la aplicación de aranceles a países sin acuerdo comercial con México, especialmente en rubros como automotriz, textil, plásticos, electrodomésticos y calzado. Para 2026 se proyecta que estos gravámenes superen 254,000 millones de pesos, frente a los 151,789 millones aprobados para 2025.

La estrategia llega en un contexto de carga tributaria estructuralmente baja frente a economías comparables —según la OCDE— y con menor dependencia de ingresos petroleros que en el pasado. La expansión de la base gravable mediante facturación electrónica, cruces de datos y controles logísticos ha sido el eje para elevar la recaudación sin reformas fiscales amplias. Al mismo tiempo, el dinamismo manufacturero asociado al nearshoring ha incrementado la importación de bienes de capital e insumos, lo que impulsa temporalmente la captación en aduanas.

Los riesgos no son menores. Mayores aranceles a insumos importados podrían trasladarse a precios y presionar costos para cadenas manufactureras, especialmente en sectores integrados a Norteamérica. Un entorno externo menos favorable, una desaceleración en Estados Unidos o la volatilidad cambiaria podrían acotar el avance del IVA y el ISR. También persiste el reto de no elevar, por la vía administrativa, la carga de cumplimiento para micro y pequeñas empresas, que ya enfrentan exigencias como CFDI 4.0, controles de materialidad y requisitos logísticos vinculados a Carta Porte.

Del lado del IEPS, su aportación podría depender de la política de estímulos a combustibles, históricamente usada para amortiguar choques de precios. Si los apoyos se moderan, la recaudación tendería a mejorar; si se amplían, el efecto sería el contrario. La administración también deberá equilibrar la fiscalización con certidumbre regulatoria, debido proceso y tiempos razonables de resolución, elementos clave para inversión y planeación financiera en empresas.

Para los contribuyentes, el mensaje es claro: fortalecer el control interno, actualizar sistemas de facturación, verificar la cadena de suministro y documentar operaciones. En comercio exterior, revisar clasificaciones arancelarias, origen de mercancías y cumplimiento de reglas para envíos de bajo valor será determinante para evitar contingencias y aprovechar las oportunidades que ofrecen nuevas cadenas de proveeduría en el país.

En suma, la meta de 5.8 billones de pesos se apoya en eficiencia recaudatoria, vigilancia focalizada y un impulso a los ingresos aduaneros. El desempeño final dependerá de la tracción de la actividad económica, la estabilidad de precios y el balance entre control y simplificación para los contribuyentes, factores que definirán el margen fiscal en 2026.

Observación final: el objetivo es ambicioso pero plausible si se consolida la fiscalización inteligente y se limita la carga administrativa adicional. ISR e impuestos al comercio exterior serán los motores, con el IEPS como variable sensible a la política de estímulos. La clave estará en mantener certidumbre y competitividad mientras se amplía la base de contribuyentes cumplidos.