Aranceles en EE. UU.: el “plan B” de Trump eleva la incertidumbre para México y reabre el debate sobre el tipo de cambio y la inversión
La estrategia arancelaria del expresidente Donald Trump en Estados Unidos volvió a colocarse en el radar de empresas mexicanas y mercados financieros, no solo por el litigio en torno a la Ley de Poderes Económicos de Emergencia Internacional (IEEPA), sino por la ruta alterna que la Casa Blanca ya perfiló para sostener buena parte de la recaudación arancelaria aun si la Suprema Corte limita ese instrumento. El planteamiento —difundido por funcionarios económicos— contempla recurrir de inmediato a la Sección 122 de la Ley de Comercio para imponer un arancel general temporal, y después apoyarse en otras facultades ejecutivas como las Secciones 232 y 301.
Para México, el punto central no es únicamente el desenlace jurídico, sino la señal de continuidad: incluso con un revés judicial, la política comercial puede mantener un sesgo restrictivo durante meses. La Sección 122 permitiría gravámenes por hasta 150 días bajo el argumento de desequilibrios en la balanza de pagos; una ventana limitada, pero suficiente para alterar calendarios de importación, costos de inventarios y decisiones de cobertura cambiaria en cadenas de suministro altamente integradas, como autopartes, electrónicos, equipo médico y agroindustria.
En el corto plazo, una escalada arancelaria generalizada en EE. UU. tiende a traducirse en más volatilidad financiera y mayor aversión al riesgo en mercados emergentes. En México, ese canal suele reflejarse en el movimiento del Mercado Cambiario, con episodios de depreciación del peso cuando sube la demanda de activos defensivos. Aunque el nivel del tipo de cambio responde a múltiples factores —diferencial de tasas, flujo comercial, remesas y posicionamiento—, el componente político-comercial puede dominar en ventanas de alta incertidumbre.
El sector exportador mexicano enfrenta una paradoja: por un lado, el nearshoring y la integración regional han sostenido la narrativa de México como plataforma manufacturera para Norteamérica; por otro, un entorno de aranceles más agresivo —o impredecible— encarece el comercio y eleva el costo de cumplimiento. Las empresas con operaciones binacionales suelen reaccionar ajustando logística, renegociando precios o trasladando parte del impacto a consumidores. Sin embargo, cuando el arancel es amplio y rápido, el margen de maniobra se reduce y aumenta el riesgo de frenar inversiones o posponer expansiones, especialmente en proyectos intensivos en capital.
El artículo base subraya que los ingresos arancelarios asociados a la IEEPA han ganado peso en las finanzas públicas estadounidenses, y que un arancel general temporal podría reemplazar una proporción significativa de esa recaudación en el periodo inmediato. Para México, la lectura es que los aranceles ya no se tratan únicamente como herramienta de negociación, sino también como fuente de ingresos, lo que vuelve más compleja la expectativa de desescalamiento rápido. En ese contexto, importadores y exportadores pueden optar por adelantar o diferir embarques, afectando flujos comerciales mensuales y generando distorsiones en la estadística de comercio exterior.
El efecto macroeconómico para México dependerá del alcance sectorial y de si los gravámenes se aplican con criterios generales o con enfoque país/industria. La experiencia reciente ha mostrado que medidas de seguridad nacional (Sección 232) pueden golpear sectores específicos —como metales— con impacto directo en exportaciones y empleo regional. En paralelo, el uso de la Sección 301 (prácticas desleales) abre la puerta a disputas prolongadas y a una mayor carga regulatoria. En ambos casos, el riesgo es que la inversión se encarezca por un mayor costo de capital y por la necesidad de estrategias de mitigación (certificaciones, trazabilidad, reglas de origen y cumplimiento aduanero).
Para la política económica mexicana, un shock arancelario de esta naturaleza suele tener dos implicaciones: primero, presiona a las empresas a reforzar coberturas y a replantear contratos denominados en USD; segundo, obliga a calibrar expectativas de crecimiento y, por ende, de recaudación y gasto. Si la incertidumbre se traduce en menor producción manufacturera orientada a exportación, el golpe puede sentirse en estados con alta concentración industrial. Al mismo tiempo, una depreciación del peso suele encarecer insumos importados, con posibles efectos de segunda ronda en precios, aunque la magnitud depende de la competencia, el pass-through y la postura monetaria de Banxico.
Hacia adelante, el escenario más relevante para México es la combinación entre litigios en tribunales estadounidenses, la posible sustitución de bases legales para mantener aranceles y el calendario político-comercial de Norteamérica. En lo operativo, el riesgo es que el comercio se gestione con “ventanas” de 150 días, seguidas de ajustes normativos, lo que complica planeación financiera y logística. En lo estratégico, la oportunidad es acelerar la diversificación de mercados, profundizar encadenamientos internos y elevar contenido regional, pero esas respuestas requieren tiempo, inversión y certidumbre regulatoria.
En suma, aun si la Corte en EE. UU. limita una herramienta como la IEEPA, la arquitectura legal alternativa descrita por la administración Trump sugiere que la presión arancelaria podría sostenerse y seguir influyendo en costos, inversión y tipo de cambio en México. La clave para empresas y autoridades será gestionar la volatilidad, fortalecer el cumplimiento comercial y reducir vulnerabilidades en cadenas de suministro sin asumir que un fallo judicial, por sí solo, desactivará el riesgo.
