Regularización de “autos chocolate” deja 7,302 mdp; en 2026 la importación se endurece y sube el peso de reglas ambientales

La regularización de vehículos usados de procedencia extranjera —conocidos popularmente como “autos chocolate”— aportó 7,302 millones de pesos a las finanzas públicas entre 2022 y 2025, de acuerdo con la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP). Los recursos, indicó la dependencia, se canalizaron a obras de repavimentación en distintas entidades federativas, en un programa que tuvo especial incidencia en estados de la frontera norte, donde este tipo de unidades suele concentrarse.

Hacienda reportó que el ingreso provino de la regularización de 2.98 millones de vehículos, con base en registros del Registro Público Vehicular (Repuve), bajo el decreto emitido el 29 de diciembre de 2022. El esquema buscaba dar salida legal a unidades que habían ingresado al país antes del 19 de octubre de 2021, a través de un pago fijo de 2,500 pesos por automóvil, además de su registro correspondiente.

En términos fiscales, el monto recaudado equivale a una fuente de ingresos extraordinaria y acotada: 7,302 millones de pesos son relevantes para obras locales, pero pequeños frente al tamaño del presupuesto federal. Para dimensionar, el gasto público total de México se cuenta en billones de pesos, mientras que la recaudación tributaria depende principalmente del IVA, el ISR y los ingresos petroleros. Aun así, al estar etiquetados a infraestructura vial, estos recursos suelen tener un efecto visible y políticamente sensible: mejoras en pavimentación y movilidad urbana en municipios con alto uso de vehículos importados de segunda mano.

La SHCP sostuvo que el objetivo social del programa —apoyar a personas que ya utilizaban estos vehículos sin certeza jurídica— “se cumplió de manera exitosa”. No obstante, el tema ha sido controversial por sus efectos colaterales: desde presiones sobre la industria automotriz formal y distribuidores, hasta retos de seguridad (identificación plena de unidades), recaudación local (tenencias o refrendos), y el impacto ambiental por el ingreso y circulación de vehículos más antiguos, generalmente con tecnologías menos eficientes y mayores emisiones.

Con la conclusión del esquema especial, Hacienda precisó que, a partir de 2026, quien busque importar de manera definitiva un auto usado deberá ajustarse a los mecanismos fiscales, aduaneros y ambientales vigentes, en línea con el decreto publicado el 4 de noviembre de 2024 por la Secretaría de Economía y renovado posteriormente. El cambio implica un tránsito desde una regularización masiva con tarifa uniforme hacia un marco de importación con requisitos técnicos más detallados y aranceles diferenciados.

De acuerdo con lo informado por la autoridad, la importación legal se mantiene abierta, pero con condiciones: los vehículos deberán cumplir criterios físicos, mecánicos y de protección al ambiente, y se elimina el requisito adicional de certificado de origen; en su lugar, el importador debe pagar los aranceles establecidos. Para la región fronteriza, se contempla un arancel de 1% para unidades de cinco a nueve años de antigüedad y de 10% para vehículos con más de 10 años. Para el resto del país, se aplicaría un arancel de 10% a vehículos de más de ocho años.

Este ajuste ocurre en un entorno donde la economía mexicana enfrenta señales mixtas: por un lado, la relocalización de cadenas (“nearshoring”) y la integración con Estados Unidos siguen sosteniendo exportaciones manufactureras y flujos de inversión en ciertos corredores industriales; por otro, el consumo se modera conforme se normalizan condiciones financieras, y el costo del crédito todavía refleja tasas elevadas en términos históricos. En ese contexto, la demanda por autos usados importados suele crecer cuando los precios de vehículos nuevos se mantienen altos y el financiamiento se encarece, lo que hace más relevante la ruta “formal” de importación y los costos asociados.

En el plano urbano y de infraestructura, canalizar recursos a repavimentación atiende un problema recurrente en municipios fronterizos y ciudades intermedias, donde el parque vehicular —a menudo más viejo— presiona calles y vialidades. Sin embargo, hacia adelante la discusión pública probablemente se concentrará en cómo equilibrar tres objetivos: accesibilidad (vehículos a menor costo para hogares), seguridad y certeza jurídica (registro, trazabilidad, combate al robo), y sostenibilidad (estándares de emisiones y condiciones mecánicas). La entrada de reglas más estrictas sugiere que el componente ambiental tendrá mayor peso en la política pública relacionada con importaciones de autos usados.

Observación final: la regularización masiva cerró con una recaudación relevante para obras viales y con casi tres millones de unidades incorporadas al padrón formal, pero el cambio de reglas para 2026 anticipa un enfoque más regulatorio y selectivo. El reto será mantener una vía legal y transparente de importación sin incentivar la informalidad, al tiempo que se elevan estándares mecánicos y ambientales en un mercado donde el precio del automóvil sigue siendo un factor decisivo para los hogares.