Cuatro estados clave y un riesgo silencioso: cómo la inseguridad presiona 5.5 billones de pesos del PIB

La violencia ligada a extorsión y robo en rutas eleva costos, frena inversiones y tensiona cadenas de suministro en regiones que concentran una sexta parte de la economía.

La reciente caída de un liderazgo criminal asociado al Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG) vuelve a colocar el foco en una realidad que trasciende la agenda de seguridad: el peso económico de los territorios donde el grupo ha tenido presencia o disputas relevantes. Jalisco, Guanajuato, Michoacán y Tamaulipas suman alrededor de 5.5 billones de pesos de Producto Interno Bruto (PIB), cerca de una sexta parte de la economía mexicana, con una alta concentración de manufactura exportadora, agroindustria, energía, logística y comercio fronterizo.

El problema no es únicamente la violencia en sí, sino su traducción a costos operativos y decisiones empresariales. En México, los delitos que más “mueven la aguja” económica suelen ser la extorsión y el robo en carreteras: afectan márgenes, obligan a reorganizar rutas y horarios, encarecen seguros y obligan a destinar recursos crecientes a protección y monitoreo. En términos prácticos, elevan el costo estructural de hacer negocios, sobre todo para pequeñas y medianas empresas con menor capacidad de absorber choques.

En los últimos años, distintas bases de datos y centros de análisis han señalado que la violencia criminal se ha diversificado hacia economías ilícitas locales —cobro de piso, robo de combustible, control territorial y presión a cadenas productivas— con efectos que se sienten en el precio final de bienes, la continuidad de abasto y la viabilidad de inversiones. En paralelo, el debate público se cruza con un momento en que México busca capitalizar el reacomodo de cadenas globales (nearshoring) y aumentar la inversión en sectores de alto valor agregado; la inseguridad, cuando toca corredores logísticos, energía o agroexportación, se vuelve un factor de competitividad.

De acuerdo con mediciones citadas en el Índice de Paz México 2025, el impacto económico de la violencia en el país se estimó en 4.5 billones de pesos durante 2024, equivalente a 18% del PIB, con un costo per cápita superior a 33,000 pesos. Más allá de la cifra —que integra costos directos e indirectos— el dato ilustra la magnitud de recursos que se van a contención (seguridad, pérdidas, interrupciones, seguros) en vez de productividad, innovación o expansión.

En este mapa, los cuatro estados mencionados funcionan como nodos económicos. Su relevancia no se limita a su tamaño: conectan rutas de exportación, abastecen insumos estratégicos, concentran clústeres industriales y tienen sectores con fuerte efecto multiplicador sobre empleo y consumo. Cuando el riesgo sube en puntos críticos, el impacto se propaga por cadenas de proveeduría y servicios.

Corredores, energía y agroexportación: el “impuesto” de operar con riesgo

La presión de la inseguridad no se expresa igual en todas las regiones, pero suele concentrarse donde hay valor a capturar: mercancías en tránsito, activos energéticos, economías agroindustriales y territorios con control de paso. Jalisco se ha consolidado como plataforma manufacturera y logística, con exportaciones relevantes y una agenda de atracción de inversión vinculada a electrónica y semiconductores; en ese contexto, cualquier perturbación en rutas, almacenes o distribución puede traducirse en costos adicionales y mayor escrutinio por parte de corporativos que operan con estándares estrictos de continuidad.

Guanajuato, por su parte, combina un entramado automotriz de exportación con infraestructura energética sensible en zonas como Salamanca, donde la presencia de refinería y ductos vuelve más vulnerable al territorio ante robo de combustibles y extorsión. La consecuencia típica no es un “apagón” de inversión de un día para otro, sino una suma de fricciones: mayores gastos de seguridad, auditorías, exigencias de custodia, y presión sobre transportistas y proveedores locales que terminan trasladando parte del costo.

En Michoacán, la agroindustria —con el aguacate como emblema— ha enfrentado por años la dinámica de cobros ilegales y control territorial que opera como un “impuesto informal” sobre productores, empacadoras y logística de salida. En la práctica, esto distorsiona mercados, reduce incentivos a formalizar y limita la capacidad de reinversión en tecnificación, trazabilidad y sanidad, justo cuando los mercados internacionales exigen cada vez más estándares.

En Tamaulipas, el valor económico pasa por la frontera: corredores de comercio exterior, industria maquiladora y transporte de carga. El robo al autotransporte y la presión sobre rutas clave pueden provocar desvíos logísticos, incremento de tiempos de entrega y mayores primas de seguro, afectando la confiabilidad que exigen los modelos “justo a tiempo”. Para una economía tan integrada con el mercado de Estados Unidos, la fragilidad en estos puntos se convierte también en tema de competitividad regional.

Especialistas han advertido que estos costos tienden a profundizar desigualdades: empresas grandes pueden pagar blindajes, tecnologías de rastreo y asesoría legal; los negocios pequeños, en cambio, operan con menos margen y quedan más expuestos a cierres, informalidad o desplazamiento. El resultado es una competencia menos sana y una economía local más concentrada, con menor dinamismo y productividad.

Hacia adelante, el impacto económico de la inseguridad se juega en dos frentes. Uno es inmediato: asegurar rutas, centros de distribución, zonas industriales y corredores energéticos para reducir pérdidas y costos. El otro es institucional: mejorar capacidades de investigación y persecución de delitos como extorsión, además de fortalecer mecanismos de denuncia y protección a víctimas empresariales, sin lo cual el “impuesto criminal” se normaliza y se integra a la estructura de precios.

En un entorno donde México busca atraer inversión y elevar contenido nacional, la estabilidad operativa de estos estados es un factor que influye en decisiones de localización, expansión y encadenamientos productivos. La economía puede seguir creciendo por inercia de exportaciones y consumo, pero la violencia persistente tiende a comerse parte de esa ganancia vía costos ocultos.

En síntesis, Jalisco, Guanajuato, Michoacán y Tamaulipas no solo concentran una porción sustancial del PIB: también concentran riesgos que encarecen producir, transportar e invertir. Reducir extorsión y robo en rutas sería, además de un objetivo de seguridad, una política económica de alto impacto para productividad y competitividad.