Multas y recargos: el SAT eleva su recaudación por fiscalización y endurece el costo del incumplimiento

La recaudación por multas fiscales se triplicó en seis años, impulsada por auditorías más precisas y el mayor uso de datos digitales.

La recaudación del Servicio de Administración Tributaria (SAT) por concepto de multas fiscales se ha convertido en un termómetro del endurecimiento en la fiscalización y del costo creciente del incumplimiento. Datos de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP) indican que al cierre de 2025 el fisco captó 30,368 millones de pesos por multas, un monto que prácticamente triplica lo observado en 2019, cuando sumó 9,056 millones.

El salto no ocurre en el vacío: en los últimos años la administración tributaria ha profundizado la explotación de información digital —desde la masificación del comprobante fiscal digital (CFDI) y los controles asociados a la facturación electrónica, hasta la contabilidad electrónica—, lo que permite cruces más finos entre ingresos declarados, retenciones, pagos provisionales y operaciones reportadas por terceros. En la práctica, esto eleva la probabilidad de detectar inconsistencias y, por tanto, de imponer sanciones, recargos o requerimientos de corrección.

Especialistas en materia fiscal han señalado que la autoridad cuenta hoy con “tiros más precisos” gracias a mejores herramientas tecnológicas y a la acumulación de bases de datos, lo que ha reducido márgenes para omisiones involuntarias y, sobre todo, para esquemas de subdeclaración. En un contexto de finanzas públicas presionadas por mayores necesidades de gasto social e inversión, el fortalecimiento de ingresos tributarios —sin crear nuevos impuestos— se apoya, en parte, en un cumplimiento más estricto.

La composición del incremento también ofrece pistas. La mayor parte del crecimiento se concentró en el rubro de corrección fiscal, que pasó de 7,316 millones de pesos a 26,769 millones entre 2019 y 2025. Con ello, este concepto elevó su peso dentro del total recaudado por multas, de alrededor de 80% a 88% en el mismo periodo, lo que sugiere que los procedimientos de revisión y autocorrección han sido el principal canal de recaudación por sanciones.

Entre los errores que con mayor frecuencia desembocan en multas se encuentran la omisión de ingresos dentro del ejercicio fiscal, cálculos incorrectos de pagos provisionales y la falta de reporte de ingresos por intereses, dividendos o ganancias de capital. En un entorno de mayor formalización de pagos y operaciones —y con intermediarios financieros y plataformas digitales generando rastros transaccionales—, la distancia entre “lo operado” y “lo declarado” es cada vez más visible para la autoridad.

Fiscalización con datos: implicaciones para empresas, pymes y personas físicas

El aumento de multas no solo refleja una postura más estricta, sino un cambio estructural en la forma de fiscalizar. Para las empresas, especialmente pymes, el principal riesgo ya no es únicamente una auditoría tradicional, sino inconsistencias cotidianas: un CFDI emitido con clave errónea, diferencias entre nómina timbrada y enteros de retenciones, o conciliaciones mal cerradas entre ingresos facturados y depósitos bancarios. Para personas físicas, el foco tiende a intensificarse cuando aparecen señales como discrepancia fiscal, ingresos por inversiones no integrados correctamente o deducciones personales sin soporte. El resultado es un incentivo a profesionalizar contabilidad y cumplimiento, pero también una presión de costos administrativos que puede ser significativa para negocios pequeños.

En términos macroeconómicos, una fiscalización más efectiva suele mejorar la recaudación no petrolera y ayuda a sostener la estabilidad fiscal, un elemento observado por calificadoras e inversionistas. Sin embargo, el equilibrio es delicado: si la estrategia se percibe como punitiva o impredecible, puede elevar la percepción de riesgo regulatorio, afectar la liquidez de contribuyentes con multas o recargos elevados, y empujar a algunos agentes a permanecer en la informalidad. La clave, en ese sentido, está en combinar controles con certeza jurídica, simplificación y mecanismos de regularización accesibles.

Un segundo componente relevante es el de comercio exterior. Las multas relacionadas con operaciones aduaneras crecieron de 860 millones de pesos en 2019 a 2,584 millones en 2025, aunque su participación sobre el total de multas bajó ligeramente, de 9.4% a 8.5%. El incremento coincide con una mayor vigilancia sobre prácticas como subvaluación, clasificación arancelaria incorrecta y esquemas de contrabando técnico, en un momento en el que México busca consolidar su papel exportador y atraer inversión asociada al reacomodo de cadenas de suministro en Norteamérica.

Hacia adelante, el desempeño de este tipo de ingresos dependerá de dos fuerzas que avanzan en paralelo: la modernización tecnológica del SAT y el dinamismo de la actividad económica. Si el crecimiento se modera, es posible que aumenten las omisiones por estrés financiero; si la economía mantiene tracción, el volumen de operaciones también eleva el universo fiscalizable. En ambos casos, la tendencia apunta a un cumplimiento más “en tiempo real”, donde la consistencia entre datos es la primera línea de defensa del contribuyente.

En balance, el repunte de multas y recargos muestra un SAT con mayor capacidad de detección y una estrategia que privilegia la corrección fiscal y el control aduanero. La señal para contribuyentes es clara: la gestión fina de datos contables y fiscales ya no es un lujo, sino un requisito para reducir contingencias y preservar liquidez.