El SAT eleva el valor de aseguramientos por contrabando en 2025 y afina su ofensiva en aduanas

Hacienda reportó un salto en el valor de mercancías embargadas y un repunte de expedientes, en una estrategia que busca golpear redes de mayor escala.

El combate al contrabando ganó intensidad y sofisticación en 2025, primer año completo de la administración de Claudia Sheinbaum, con un giro claro: menos énfasis en decomisos dispersos y más en operaciones de mayor valor económico. Cifras de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP) muestran que, aunque el número de embargos no se ha disparado respecto de años previos, el valor asegurado sí lo hizo, señal de que la autoridad está apuntando a redes más grandes y a esquemas con presunto impacto fiscal más alto.

De acuerdo con los datos reportados por Hacienda, en 2023 se realizaron 522 embargos por mercancías valuadas en 6,071 millones de pesos; en 2024 fueron 371 decomisos por 4,487 millones; y al cierre de 2025 se contabilizaron 503 embargos, pero con un valor de 11,797 millones de pesos. La lectura operativa es relevante: con un volumen de acciones comparable al de 2023, el monto asegurado prácticamente se duplicó frente a 2024, lo que sugiere una mejor selección de objetivos, mayor inteligencia previa y una estrategia concentrada en casos con mayor “ticket” por operación.

En el trasfondo está un esfuerzo por integrar fiscalización interna y de comercio exterior. Los cambios normativos recientes —ajustes al Código Fiscal de la Federación, la Ley de Ingresos y la Ley Aduanera— han expandido herramientas para cruces de información, controles sobre padrones de importadores, vigilancia por regímenes aduaneros y trazabilidad documental. A ello se suma el uso de analítica e Inteligencia Artificial para perfilar operaciones y detectar patrones asociados a subvaluación, clasificación arancelaria incorrecta, triangulación y otras prácticas que erosionan la recaudación.

El contrabando y sus variantes no son solo un problema de aduanas: afectan la competencia en el mercado interno, presionan a industrias formales —desde textil y calzado hasta electrónicos, autopartes y consumo masivo— y reducen la base gravable de IVA e ISR, además de mermar el cobro de aranceles. En un contexto donde México busca sostener la recaudación sin elevar tasas, mejorar la eficiencia del SAT y cerrar fugas en comercio exterior se vuelve un componente clave de la política de ingresos.

Expedientes penales: el reto de pasar del aseguramiento a sentencias y cobro efectivo

El endurecimiento no se limita al embargo administrativo. Hacienda reportó un incremento en los expedientes administrativos integrados por la Administración Central de Asuntos Penales y Especiales (ACAPE) del SAT, que documentan presuntos daños al erario. En 2024 se registraron 64 expedientes por 6,466 millones de pesos; en 2025 la cifra subió a 151 expedientes, con un monto asociado de 52,014 millones de pesos. La magnitud del salto apunta a casos más complejos y de mayor cuantía, pero también eleva la exigencia institucional: integrar pruebas, judicializar carpetas, sostener litigios y, sobre todo, traducir los casos en créditos fiscales cobrables y, cuando aplique, en responsabilidades penales.

La diferencia entre un anuncio de aseguramiento y un resultado fiscal concreto suele depender de la capacidad de sostener el caso en tribunales y de ejecutar el cobro. En México, los procesos pueden prolongarse por amparos, disputas sobre valor en aduana, origen de mercancías, cumplimiento documental o facultades de la autoridad. Por ello, el éxito de la estrategia no se medirá solo por el monto asegurado, sino por la proporción de expedientes que llegan a sentencia, la recuperación efectiva de adeudos y la disuasión de reincidencia en cadenas logísticas.

Reglamento de la Ley Aduanera: más trazabilidad y expedientes electrónicos

Como parte del rediseño del control aduanero, el 23 de febrero se publicó el reglamento de la Ley Aduanera, tras la reforma de noviembre del año anterior. Entre los cambios que cobran relevancia operativa están el fortalecimiento de la “manifestación de valor” y la construcción de expedientes electrónicos como columna vertebral de las operaciones de comercio exterior, además de una mayor corresponsabilidad de actores como agentes aduanales en la trazabilidad. En términos prácticos, esto eleva el estándar documental para importadores y obliga a robustecer áreas de cumplimiento, desde la integración de datos de proveedores hasta la coherencia entre precios declarados, pagos, logística y pedimentos.

El enfoque también se alinea con la batalla contra esquemas de facturación apócrifa y simulación, un frente que incide tanto en impuestos internos como en comercio exterior. La “transversalidad” de la fiscalización —cuando se conectan comprobantes, pedimentos, inventarios, cadenas de suministro y declaraciones— reduce espacios para inconsistencias, pero a la vez incrementa los costos de cumplimiento para empresas que no cuenten con procesos formales, controles de auditoría y gestión adecuada de datos.

En el corto plazo, una vigilancia aduanera más estricta puede generar fricciones: revisiones más frecuentes, retenciones de mercancía, mayor demanda de documentación y, en algunos sectores, ajustes en tiempos de entrega y costos logísticos. En el mediano plazo, el potencial beneficio es una cancha más pareja para la producción y el comercio formal, además de una recaudación más estable. Para una economía estrechamente vinculada a cadenas regionales y al auge del nearshoring, el desafío será equilibrar control y facilitación comercial para no encarecer innecesariamente el flujo de insumos y bienes intermedios.

En perspectiva, los datos de 2025 dibujan una estrategia que privilegia casos de alto impacto y busca construir expedientes con sustento para cobrar y sancionar. La efectividad final dependerá de la calidad de la integración probatoria, la coordinación con autoridades de procuración de justicia y la capacidad de mantener aduanas más seguras sin frenar el comercio legítimo.