Hacienda reduce el déficit con subejercicios y menor costo financiero, pero aprieta transferencias a estados
El balance fiscal de México mostró una mejora en los primeros once meses del año, apoyado en un menor gasto respecto a lo programado y en un costo financiero por debajo de lo previsto. De acuerdo con cifras de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP), los Requerimientos Financieros del Sector Público (RFSP) —la medida más amplia del déficit, al incorporar necesidades de financiamiento dentro y fuera del presupuesto— disminuyeron 19.9% real entre enero y noviembre frente al mismo periodo del año anterior.
Hacienda reportó que para ese lapso tenía calendarizado un gasto neto de 8.426 billones de pesos, pero el ejercido fue de 8.208 billones. La diferencia implica un subejercicio de 218,600 millones de pesos, en un contexto donde el gasto total creció apenas 2.5% real anual. En términos fiscales, este “ahorro” operativo contribuyó a que el déficit presupuestario fuera 91,000 millones de pesos menor a lo contemplado y a que el superávit primario (antes del pago de intereses) superara en 37,000 millones de pesos lo programado.
Sin embargo, la composición del ajuste sugiere un impacto relevante en el flujo de recursos hacia entidades federativas y municipios. El mayor subejercicio se concentró en el gasto programable, en particular en los ramos generales —bolsas que canalizan transferencias para nóminas, educación, seguridad pública, salud e infraestructura social—, donde la diferencia entre lo previsto y lo observado alcanzó 113,400 millones de pesos. En la práctica, estos desfases suelen traducirse en presiones de liquidez local, reprogramación de proyectos y, en algunos casos, mayor dependencia de adelantos, créditos de corto plazo o ajustes administrativos para cerrar el año.
Además, se registró un gasto menor al aprobado para la Comisión Federal de Electricidad (CFE) por 34,700 millones de pesos, y una reducción de 54,800 millones de pesos respecto a lo previsto en el pago de intereses. Aunque Hacienda explicó que el costo financiero acumulado todavía creció 11.2% real anual, el resultado final fue mejor al estimado gracias al “manejo activo de pasivos”. En un entorno de tasas elevadas —aunque con expectativa de normalización gradual conforme avance el ciclo de recortes del banco central—, contener el costo de la deuda es clave para liberar espacio presupuestal.
La SHCP también destacó que el Saldo Histórico de los RFSP (la medida más amplia de deuda pública federal) se ubicó en 51.7% del PIB, ligeramente por debajo del 52% observado al cierre de 2024. El perfil de la deuda, según la dependencia, mantiene una estructura mayoritariamente en moneda nacional, a tasa fija y con vencimientos de largo plazo, lo que reduce la exposición a choques cambiarios y refinanciamientos inmediatos. Aun así, la trayectoria de la deuda depende de la combinación entre crecimiento económico, disciplina del gasto y el nivel de tasas reales, un punto especialmente sensible en años de bajo dinamismo.
El ajuste fiscal ocurre mientras el gobierno busca reducir el déficit tras el repunte observado al cierre de 2024. En su comunicación pública, Hacienda ha reiterado la meta de llevar los RFSP a 4.3% del PIB en el año en curso y a 4.1% hacia 2026, desde un nivel de 5.8% del PIB reportado al cierre de 2024. Organismos de análisis presupuestario han advertido que un déficit elevado incrementa la presión sobre el gasto no programable (intereses) y puede reducir el margen para inversión pública, apoyos sociales y transferencias a gobiernos locales.
En términos de magnitud, los 218,600 millones de pesos de subejercicio reportados equivalen a montos comparables con programas sociales completos o con grandes partidas de inversión. Esta comparación ilustra que el ajuste no es menor: recortar o postergar gasto puede mejorar el resultado fiscal en el corto plazo, pero también puede retrasar obras, limitar la provisión de servicios o aumentar rezagos administrativos si no se ejecuta con criterios de eficiencia y priorización.
Hacia adelante, la discusión fiscal se cruzará con tres factores: 1) el ritmo de crecimiento de la economía mexicana, que sigue mostrando heterogeneidad sectorial y depende en buena medida de la demanda externa y la inversión; 2) la evolución de la inflación y las tasas de interés, que determinan el costo financiero; y 3) la capacidad del gobierno para sostener la inversión pública y las transferencias sin comprometer la consolidación fiscal. En un escenario de desaceleración, el reto será evitar que los recortes se concentren en rubros con alto impacto local —como salud, educación e infraestructura municipal— y, al mismo tiempo, mantener credibilidad en el ancla de deuda.
En síntesis, el menor déficit reportado por Hacienda se explica por un gasto por debajo de lo programado y por un costo financiero menor al previsto, lo que ayuda a contener la deuda como proporción del PIB. No obstante, el ajuste recae de forma importante en ramos de transferencias a estados y municipios, lo que podría traducirse en presiones operativas y retrasos en servicios e inversión. La sostenibilidad de la consolidación fiscal dependerá de que el recorte sea ordenado, de que la economía mantenga tracción y de que el costo de la deuda deje de escalar conforme se relajen las condiciones financieras.
