Del “súper peso” al refugio en divisas: por qué México mira la dolarización regional con cautela
En buena parte de América Latina, el avance del dólar estadounidense como moneda de uso cotidiano ha sido la respuesta —formal o informal— a crisis prolongadas de inflación, devaluaciones y pérdida de confianza institucional. México observa ese fenómeno desde una posición distinta: no está dolarizado y mantiene una arquitectura macroeconómica que, con altibajos, ha preservado la demanda por el peso. Aun así, la experiencia de países como Ecuador, El Salvador, Venezuela o Argentina funciona como recordatorio de que la estabilidad monetaria no se da por sentada y depende de credibilidad fiscal, reglas claras y un banco central con autonomía y mandato bien definido.
El contraste es evidente en la vida diaria. En México, los precios se expresan y se pagan en pesos; el uso del dólar se concentra en turismo, zonas fronterizas y algunos mercados específicos (rentas en dólares en corredores corporativos, comercio exterior, plataformas digitales). En Venezuela y Argentina, en cambio, el dólar se volvió unidad de cuenta y reserva de valor para hogares y empresas mucho antes de cualquier decisión legal. Ese “atajo” suele aliviar la inflación en el corto plazo, pero tiende a profundizar desigualdades: quienes cobran o ahorran en dólares protegen su poder adquisitivo; quienes perciben ingresos en moneda local quedan expuestos a la volatilidad y a la indexación de precios.
Para México, la lección central es institucional. La autonomía del Banco de México, el régimen de metas de inflación, una banca capitalizada y un mercado local de deuda relativamente profundo han sido anclas para evitar dinámicas de sustitución de moneda. La economía mexicana, además, se beneficia de una integración productiva intensa con Estados Unidos, lo que genera flujos constantes de exportaciones, inversión y remesas que proveen liquidez en divisas sin que ello implique renunciar al peso. Sin embargo, esa misma integración amplifica la sensibilidad del tipo de cambio y de las tasas locales a lo que ocurra en la Reserva Federal, al ciclo industrial de Norteamérica y a episodios de aversión global al riesgo.
En los últimos años, el llamado “súper peso” —un peso fuerte frente al dólar por diferenciales de tasas, entradas de capital y mejores términos de intercambio en ciertos periodos— ayudó a contener presiones inflacionarias importadas, pero también abrió un debate sobre competitividad para algunos exportadores y proveedores integrados a cadenas globales. Un peso apreciado abarata importaciones y puede moderar precios, pero también reduce el ingreso en pesos de quienes facturan en dólares, y obliga a empresas a afinar coberturas cambiarias, productividad y estrategias de precios.
La política monetaria es un punto de quiebre con las economías dolarizadas. Mientras Ecuador o El Salvador renunciaron al instrumento cambiario y a la emisión propia —ganando estabilidad nominal, pero perdiendo amortiguadores ante choques— México conserva margen de ajuste: tasas de interés, comunicación del banco central y un tipo de cambio flexible que absorbe parte de las turbulencias externas. Ese margen, no obstante, exige disciplina: déficits persistentes o señales de debilitamiento institucional elevan la prima de riesgo, encarecen el financiamiento y pueden desanclar expectativas. En otras palabras, México conserva herramientas, pero también enfrenta el escrutinio de mercados que reaccionan rápido.
En el terreno de empresas y hogares, la “dolarización” en México aparece más como administración de riesgos que como sustitución de moneda. Grandes corporativos suelen contratar coberturas y financiarse en distintos mercados; importadores y exportadores hacen calces naturales; familias con vínculos transfronterizos ahorran en dólares por conveniencia o precaución. El desafío para la economía mexicana es que ese comportamiento no se convierta en norma general por pérdida de confianza, algo que históricamente ocurre cuando se combinan inflación alta, controles, incertidumbre regulatoria y deterioro fiscal. Hoy, con inflación más moderada que en el pico pospandemia pero con presiones por servicios y salarios, el foco está en mantener una trayectoria creíble de precios y finanzas públicas.
Hacia adelante, el riesgo no es una dolarización “a la ecuatoriana”, sino un entorno en el que choques externos (energía, logística, tensiones geopolíticas), la desaceleración en EUA y la volatilidad financiera pongan a prueba la resiliencia del peso. En ese escenario, la fortaleza de México radica en sus amortiguadores: un banco central con mandato claro, un sistema financiero supervisado, y la capacidad de atraer inversión por nearshoring si se resuelven cuellos de botella de energía, agua, seguridad y certidumbre regulatoria. Si esas piezas avanzan, el peso puede seguir siendo un ancla funcional; si se estancan, crece la tentación de “refugiarse” en el dólar, aunque sea de manera parcial.
En síntesis, la dolarización en la región muestra que usar el dólar puede estabilizar precios a corto plazo, pero no sustituye instituciones ni reformas. Para México, la prioridad es preservar credibilidad y competitividad: mantener la inflación bajo control, sostener disciplina fiscal y mejorar condiciones para invertir. Esa combinación reduce el incentivo a dolarizarse y fortalece la capacidad de enfrentar choques sin renunciar a la política monetaria propia.
