Créditos fiscales arriba de 3 billones: el SAT prepara una fiscalización más intensa en 2026

El saldo de adeudos fiscales determinados por la autoridad alcanzó 3.12 billones de pesos al cierre de 2025, de acuerdo con cifras reportadas por la Secretaría de Hacienda y Crédito Público. El dato confirma un endurecimiento de la fiscalización en los últimos años: el SAT determinó más de 1.7 millones de créditos fiscales en 2025 y el monto total creció frente a los 2.85 billones reportados un año antes, tanto por mayor valor de los adeudos como por un mayor número de créditos.

La trayectoria no es casual. Desde 2019, la autoridad tributaria ha apostado por una estrategia de “cobranza con lupa” basada en herramientas digitales, cruces masivos de información (CFDI, declaraciones, nóminas, operaciones con terceros y comercio exterior) y una focalización en sectores y contribuyentes con brechas de cumplimiento. En un contexto de presiones sobre las finanzas públicas —por mayores necesidades de gasto social, inversión pública selectiva y el costo financiero de la deuda—, la recaudación y, sobre todo, la eficacia en la fiscalización se han vuelto una palanca central para sostener ingresos sin recurrir a incrementos generalizados de tasas.

Autoridades de Hacienda han anticipado que el siguiente ciclo de auditorías se fortalecerá en 2026 con ajustes al Código Fiscal de la Federación y a la Ley Aduanera, con un énfasis en prácticas como la compraventa de facturas, la simulación de operaciones y conductas de riesgo en comercio exterior: subvaluación, clasificación arancelaria indebida y esquemas asociados al contrabando. El mensaje es doble: por un lado, elevar el costo de incumplir; por el otro, recuperar base gravable en actividades donde la autoridad detecta pérdidas recurrentes para el erario.

Un crédito fiscal es, en la práctica, una determinación de adeudo por contribuciones omitidas (como ISR, IVA o impuestos al comercio exterior), además de multas, recargos y actualizaciones. La ruta típica inicia con una revisión —de gabinete, electrónica o visita domiciliaria— y puede terminar en un requerimiento de pago, acuerdos conclusivos, litigios o, en casos extremos, acciones penales. El tamaño del monto agregado llama la atención, pero su composición explica por qué no todo es cobrable en el corto plazo: una parte importante se encuentra en controversia y otra corresponde a contribuyentes no localizados o con baja probabilidad de recuperación.

Los datos disponibles indican que cerca de dos terceras partes del monto total se mantienen “controvertidas”, es decir, sujetas a medios de defensa como recursos administrativos, juicios de nulidad o amparos. Para empresas y personas físicas con actividad empresarial, esto implica costos adicionales de cumplimiento: más asesoría, controles internos y conciliación documental para sostener deducciones, acreditamientos y materialidad de operaciones. Para el gobierno, el reto es distinto: convertir determinaciones en recaudación efectiva sin saturar tribunales ni generar incentivos que afecten la inversión formal.

En la porción “no controvertida”, el panorama tampoco es automático. Solo una fracción se considera factible de cobro; el resto suele asociarse a contribuyentes no localizados, insolvencias o estructuras que desaparecen tras acumular adeudos. En ese frente, la autoridad ha buscado reforzar mecanismos preventivos: padrones, control de sellos digitales, vigilancia a EFOS/EDOS, y un mayor escrutinio en devoluciones y compensaciones. El objetivo, más que sumar créditos en papel, es elevar la probabilidad de cobro y reducir la reincidencia.

El momento de este endurecimiento fiscal ocurre en un entorno económico mixto. México ha mostrado resiliencia en empleo formal y exportaciones manufactureras ligadas a Norteamérica, pero enfrenta un crecimiento moderado y una inversión que exige certidumbre regulatoria y reglas claras. La fiscalización más agresiva puede mejorar la equidad horizontal —que pague quien debe pagar—, pero también eleva el riesgo de fricciones con contribuyentes cumplidos si las revisiones se perciben como recaudatorias más que correctivas. En particular, sectores intensivos en importación (automotriz, electrónica, textiles, químicos) podrían ver más auditorías en aduanas, donde el margen de interpretación y la documentación técnica suelen ser determinantes.

Para las finanzas públicas, el monto de créditos fiscales ilustra el tamaño de la “brecha” entre lo determinado y lo efectivamente cobrado. En términos comparativos, el saldo total equivale a magnitudes relevantes frente a rubros de recaudación anual y a componentes del gasto. Sin embargo, su conversión a ingresos depende del desenlace legal de los créditos controvertidos, de la capacidad operativa de cobranza y de la depuración de adeudos incobrables. En un país donde la informalidad laboral sigue siendo elevada y limita la base tributaria, la administración tributaria tiende a concentrarse en contribuyentes formales de mayor visibilidad, lo que vuelve aún más importante afinar criterios de riesgo y proporcionalidad.

Hacia 2026, el mercado anticipa que la fiscalización seguirá apoyándose en analítica de datos y revisiones electrónicas, con especial atención a cadenas de suministro y comercio exterior. Para empresas, la recomendación práctica es fortalecer expedientes de soporte (contratos, entregables, logística, trazabilidad), validar proveedores y documentar la materialidad de operaciones; para contribuyentes individuales, mantener consistencia entre ingresos, facturación y deducciones. En conjunto, el endurecimiento puede elevar la recaudación sin cambiar tasas, pero su éxito dependerá de que el proceso privilegie certeza jurídica, debido proceso y un enfoque claro contra esquemas de evasión de alto impacto.

En síntesis, el crecimiento del saldo de créditos fiscales a más de 3 billones de pesos confirma una estrategia de mayor control y auditoría, con foco en facturación simulada y riesgos aduaneros. El desafío para 2026 será equilibrar eficiencia recaudatoria con certidumbre para el contribuyente: cobrar lo efectivamente debido, sin generar costos desproporcionados que afecten la actividad formal y la inversión.