El SAT endurece fiscalización y refuerza atención al contribuyente: la apuesta para apuntalar 5.8 billones de pesos en 2026
El Servicio de Administración Tributaria (SAT) presentó su Plan Maestro 2026 con una meta ambiciosa: recaudar más de 5.8 billones de pesos mediante una estrategia apoyada en tres frentes —mejor atención al contribuyente, auditorías con criterios más focalizados y un combate más agresivo a la compraventa de facturas—, en un momento en que las finanzas públicas enfrentan la presión de mayores requerimientos de gasto y una economía que busca sostener el ritmo de crecimiento.
En el primer eje, la autoridad fiscal plantea ampliar su presencia física con nuevas oficinas en entidades de alta actividad económica y crecimiento poblacional, como Baja California, Jalisco, Nuevo León, Quintana Roo y Yucatán, además de reforzar el esquema de Oficina Móvil en todo el país. En paralelo, promete agilizar trámites y asistencia, particularmente en devoluciones de impuestos, un tema sensible para personas físicas y empresas que dependen de saldos a favor para su flujo de efectivo.
La digitalización vuelve a aparecer como pieza clave. El SAT anticipa más trámites en línea, mejoras al sistema de citas y una actualización de la Ventana Virtual para aclaraciones. El trasfondo es doble: elevar el cumplimiento voluntario y reducir fricciones administrativas en un entorno donde la formalidad sigue siendo un reto estructural. En México, la alta proporción de empleo informal limita la base de contribuyentes y obliga a la autoridad a exprimir con mayor eficiencia a quienes sí están dentro del sistema, sin descuidar la incorporación gradual de nuevos contribuyentes.
El segundo eje se concentra en la fiscalización. El SAT busca que la programación de auditorías sea más “objetiva” y con criterios definidos para enfocar revisiones en contribuyentes con señales de riesgo, en lugar de generalizar inspecciones. Este giro hacia modelos de riesgo y cruces de información se apoya en la creciente capacidad de análisis de datos: facturación electrónica, declaraciones, contabilidad, comercio exterior y trazabilidad de operaciones. Para el sector privado, el mensaje es claro: quien tenga inconsistencias entre CFDI, declaraciones y operaciones bancarias o aduaneras podría enfrentar revisiones más rápidas y profundas.
El tercer eje apunta al corazón de una de las prácticas más costosas para la recaudación: la compraventa de comprobantes fiscales presuntamente simulados, asociada a redes de “factureras”. La autoridad prevé revisiones oportunas para identificar tanto a emisores como a quienes deducen operaciones inexistentes y, además, establecer un plazo de 30 días para que contribuyentes que hayan usado facturas catalogadas como falsas corrijan su situación. En la práctica, esto puede traducirse en autocorrecciones, pagos de contribuciones omitidas, actualizaciones, recargos y —en casos graves— riesgos penales, además de impactos reputacionales y de acceso a financiamiento.
El Plan Maestro llega en un contexto en el que el gobierno busca preservar la estabilidad macro: mantener una trayectoria ordenada de deuda, sostener programas sociales y financiar proyectos prioritarios, mientras se atienden presiones de gasto en seguridad, salud e infraestructura. Para lograrlo sin aumentar impuestos de forma generalizada, la recaudación vía eficiencia —más cumplimiento y menos evasión— se vuelve la principal palanca. En los últimos años, la política fiscal mexicana ha privilegiado precisamente esa ruta: más vigilancia, mayores cartas invitación y auditorías selectivas, y un uso intensivo de información digital.
Hacia adelante, el efecto económico dependerá de la ejecución. Una mayor eficiencia recaudatoria puede fortalecer la posición fiscal y reducir la necesidad de endeudamiento, lo que suele favorecer la confianza y el costo financiero soberano. Sin embargo, también eleva el costo de cumplimiento para algunas empresas, especialmente pymes con procesos administrativos débiles, por lo que la promesa de simplificación y orientación será determinante para evitar que el endurecimiento derive en más litigios o en incentivos a la informalidad. En un entorno de crecimiento moderado y consumo sensible a tasas y empleo, el equilibrio entre vigilancia y facilitación será clave.
En síntesis, el SAT apuesta por una combinación de mejor servicio, fiscalización más inteligente y tolerancia cero a la simulación para sostener la recaudación en 2026. Si logra acelerar devoluciones, mejorar trámites y concentrar auditorías en conductas de alto riesgo, podría ampliar ingresos sin cambios tributarios masivos; si no, el endurecimiento podría elevar la incertidumbre operativa para contribuyentes formales. El resultado dependerá, más que del anuncio, de la consistencia y transparencia con la que se apliquen las nuevas reglas.
