México llega a la revisión del T-MEC con el reto de desactivar aranceles a acero y vehículos en EU

México entra al año clave de revisión del Tratado entre México, Estados Unidos y Canadá (T-MEC) con un tema que sigue tensando la relación comercial: los aranceles estadounidenses aplicados al acero, aluminio y ciertos vehículos, medidas que el sector privado considera un foco de incertidumbre para la inversión y la planeación de cadenas productivas. Aunque el comercio bilateral se mantiene dinámico, estas tarifas —justificadas en Washington bajo argumentos de “seguridad nacional”— se han convertido en un pendiente relevante para la agenda económica y diplomática mexicana.

El punto de fricción más sensible está vinculado a la Sección 232 de la legislación de Estados Unidos, una disposición que faculta al Ejecutivo a imponer restricciones a importaciones cuando se considera que afectan industrias estratégicas. En los hechos, esta herramienta ha funcionado como palanca de presión comercial, aun tratándose de socios con acuerdo vigente. Para México, el problema no es solo el costo directo del arancel, sino el mensaje para decisiones de largo plazo: cualquier cambio unilateral en reglas de acceso al mercado norteamericano puede alterar proyectos de inversión en sectores intensivos en capital.

Los datos más recientes disponibles en la nota base muestran ya señales en el flujo comercial. Con cifras de Banco de México citadas en el artículo original, el valor de las exportaciones mexicanas de acero a Estados Unidos disminuyó 12% entre enero y octubre de 2025 respecto al mismo periodo de 2024. En la categoría de material de transporte —donde se agrupan autos, camiones y otros componentes industriales— la caída fue de 7%. Si bien estos movimientos pueden responder a una combinación de precios, demanda y ajustes de inventarios, la persistencia de tarifas y amenazas arancelarias tiende a amplificar la volatilidad y a encarecer el cumplimiento regulatorio.

En el frente automotriz, uno de los pilares de las exportaciones mexicanas, la discusión se cruza con el nivel de integración regional que exige el propio T-MEC. De acuerdo con el planteamiento retomado por la Secretaría de Economía, ciertos esquemas permiten reducir la carga arancelaria en función del contenido regional o estadounidense incorporado en los vehículos. Sin embargo, la industria insiste en que esos “descuentos” no sustituyen la certidumbre de operar con acceso plenamente libre de gravámenes. La Asociación Mexicana de la Industria Automotriz (AMIA) ha puesto como prioridad eliminar por completo ese tipo de barreras para preservar la competitividad de la plataforma exportadora instalada en México.

El artículo fuente también refiere la imposición de un arancel de 25% a importaciones de camiones medianos y pesados y sus partes, además de un gravamen de 10% a autobuses, con reglas que, en teoría, permiten que unidades que cumplen con el tratado paguen arancel solo sobre el contenido no estadounidense. Aun con esa válvula, el golpe se refleja en mayores costos administrativos y potenciales distorsiones en precios, especialmente para empresas que operan con cadenas de suministro complejas y márgenes ajustados. Para un país donde el sector automotriz y de autopartes explica una porción significativa del valor exportado y del empleo manufacturero formal, el riesgo es que la incertidumbre se traslade a nuevas inversiones o ampliaciones de planta.

En metales, la tensión es todavía mayor. La permanencia de un arancel de 50% al acero y al aluminio —según lo descrito en el texto base— tiene implicaciones que rebasan a las acereras: el acero es insumo crítico para autopartes, electrodomésticos, maquinaria, infraestructura y construcción. Un encarecimiento sostenido puede reflejarse en costos industriales o en presiones sobre precios finales, especialmente en un momento en el que México busca consolidar el “nearshoring” como motor de inversión manufacturera orientada a Norteamérica. La paradoja es evidente: se promueve una mayor integración regional, pero se mantienen barreras en insumos esenciales.

Al mismo tiempo, el comercio total México–Estados Unidos ha mostrado resiliencia. El artículo original indica que, pese a los aranceles en segmentos específicos, las exportaciones mexicanas al mercado estadounidense crecieron 7% en los primeros diez meses de 2025 frente a 2024. Este comportamiento es consistente con una realidad estructural: el T-MEC, las redes logísticas fronterizas y la complementariedad productiva siguen sosteniendo flujos elevados, incluso cuando aparecen fricciones sectoriales. También influye que una parte importante del intercambio cumple reglas de origen y goza de preferencias del tratado, mientras que gravámenes con menor cobertura no alcanzan a frenar el conjunto.

En el trasfondo, México llega a la revisión del T-MEC en un contexto económico complejo. Por un lado, el país mantiene atractivos claros para inversión: proximidad con el mayor mercado del mundo, red de tratados, experiencia exportadora y una base manufacturera robusta en autopartes, electrónicos y equipos. Por otro, enfrenta retos que condicionan su capacidad de aprovechar el nearshoring: infraestructura energética y de transmisión, disponibilidad de agua en polos industriales, seguridad en corredores logísticos y certidumbre regulatoria. En ese marco, cualquier señal de que el acceso a Estados Unidos puede volverse contingente —por razones comerciales, políticas o legales— pesa más en la evaluación de riesgo de los inversionistas.

La revisión del T-MEC, prevista en el propio diseño del acuerdo, se ha convertido en un momento de calibración política. Exnegociadores y analistas suelen coincidir en que el objetivo central de México será preservar el tratado sin cambios que erosionen el acceso preferencial, al tiempo que intenta desactivar medidas unilaterales como las de Sección 232. Del lado estadounidense, las presiones domésticas sobre sectores industriales y laborales pueden elevar la tentación de usar instrumentos comerciales para renegociar condiciones. Del lado canadiense, temas como reglas de origen y disputas energéticas suelen estar en el radar. El resultado probable, para el mercado, será un periodo de negociación prolongada con episodios de volatilidad en anuncios.

Hacia adelante, el desenlace de estos aranceles puede incidir en tres frentes: (1) decisiones de inversión en manufactura y metalmecánica, particularmente en regiones exportadoras del Bajío y el norte; (2) costos de producción y competitividad regional frente a Asia y Europa; y (3) la narrativa del nearshoring, que depende de reglas estables para que empresas reubiquen procesos a México. Un acuerdo que reduzca o elimine tarifas mandaría una señal de certidumbre; si se mantienen, las empresas podrían acelerar estrategias de cumplimiento (más contenido regional) o rediseñar cadenas para minimizar exposición, con costos adicionales.

En síntesis, México llega a la revisión del T-MEC con un comercio robusto pero con “piedras en el zapato” en sectores estratégicos: acero, aluminio y vehículos. La discusión no es únicamente arancelaria, sino de certidumbre para la inversión y de coherencia con una integración productiva que ha tomado décadas. El resultado de las negociaciones marcará qué tan sólido será el entorno para consolidar al país como plataforma exportadora en Norteamérica en los próximos años.