La Unión Europea acelera el TLCUEM modernizado y México busca capitalizar la diversificación en un entorno más proteccionista

La Unión Europea está apurando la firma y el proceso político para concretar la modernización de su acuerdo comercial con México (TLCUEM), en un momento en que el comercio global se reacomoda por nuevas fricciones arancelarias, estrategias industriales más agresivas y una competencia geoeconómica más marcada. Para México, el movimiento llega en una coyuntura clave: la economía depende en gran medida de su acceso a Norteamérica, pero al mismo tiempo busca ampliar mercados para reducir vulnerabilidades y atraer inversión hacia cadenas de suministro más sofisticadas.

El tamaño de la relación México–Europa explica la prisa. Entre enero y noviembre de 2025, el intercambio comercial con la UE ascendió a cerca de 86,000 millones de dólares estadounidenses, alrededor de 7% del comercio total mexicano, de acuerdo con cifras de Banco de México. Aunque el peso relativo es menor frente al comercio con Estados Unidos, el vínculo con Europa destaca por su componente industrial y por su potencial para diversificar exportaciones, inversión y transferencia tecnológica.

En la canasta exportadora hacia Europa predominan bienes manufacturados y de mayor contenido industrial —maquinaria, equipo eléctrico, químicos, minerales, autopartes y equipo de transporte—, lo que la vuelve una relación relevante para estados con vocación manufacturera y para sectores que intentan subir en la escala de valor. Del lado europeo, México se ha consolidado como un socio prioritario en América Latina, y el bloque ha buscado acelerar acuerdos en paralelo con otras regiones para asegurar mercados, abastecimiento y reglas comunes en temas ambientales y laborales.

La modernización del TLCUEM, cuyas negociaciones se arrastraron desde 2016 y se cerraron en 2025, no es solo una actualización técnica: también busca dar certidumbre en un ciclo global con más instrumentos de política industrial, mayor escrutinio a subsidios y estándares, y tensiones por medidas comerciales. En semanas recientes, la UE también destrabó avances con otras economías grandes, en una estrategia de “red de alianzas” que le permita amortiguar choques externos y asegurar cadenas de suministro, particularmente de insumos considerados críticos para la transición energética y la digitalización.

En México, analistas ven una oportunidad, pero también un reto de ejecución. El acuerdo apunta a liberar aranceles para cerca de 99% del comercio, lo que ampliaría el acceso de bienes europeos —incluidos alimentos y bebidas de alto valor— a un mercado de más de 120 millones de consumidores. Actualmente, algunos productos agropecuarios enfrentan aranceles elevados, por lo que la reducción de barreras podría presionar a segmentos específicos, al tiempo que ampliaría la oferta para el consumidor. La discusión pública, previsiblemente, se centrará en el balance entre competencia, reglas sanitarias, apoyos a productores y mecanismos de transición.

Más allá de mercancías, el paquete modernizado amplía compromisos en servicios, contratación pública e inversión. Para México, esto podría significar mayor participación europea en telecomunicaciones, logística, transporte, servicios financieros y proyectos estatales, con reglas más claras y procedimientos más homogéneos. Para empresas mexicanas, abre un marco más robusto para operar y asociarse en Europa, aunque el aprovechamiento dependerá de capacidades internas: cumplimiento regulatorio, certificaciones, trazabilidad y escalamiento productivo, donde las pymes suelen enfrentar costos altos.

El punto sensible es que, hasta ahora, la balanza comercial favorece a Europa con un superávit amplio —por encima de 36,000 millones de dólares en años recientes, según estimaciones citadas por organismos empresariales y la propia narrativa europea—, lo que refuerza el debate sobre cómo incrementar la presencia de exportadores mexicanos en ese mercado. La respuesta no es inmediata: requiere infraestructura logística, energía confiable a costos competitivos, seguridad en corredores industriales y, sobre todo, una política industrial pragmática que enlace a proveedores locales con inversión extranjera, incluyendo la que llega por nearshoring.

En el corto plazo, la modernización puede jugar como “seguro” de diversificación en un momento en que México enfrenta una agenda compleja: desaceleración cíclica en algunas manufacturas, presión por costos de financiamiento aún elevados respecto a promedios históricos y cuellos de botella de inversión en electricidad, agua y transporte. Aun con el impulso del nearshoring, el país compite con otras economías por proyectos intensivos en capital; contar con acuerdos comerciales modernos y previsibles suma, pero no sustituye los pendientes domésticos de Estado de derecho, facilitación comercial y regulación.

Hacia adelante, el impacto económico dependerá del ritmo de ratificación y de la capacidad de México para convertir el acuerdo en una agenda de competitividad: desarrollo de proveedores, capacitación técnica, innovación, cumplimiento ambiental y fortalecimiento aduanero. También influirá el entorno global: si se intensifican medidas proteccionistas, los acuerdos con reglas claras y mecanismos de solución de controversias tienden a ganar valor, particularmente para inversiones de largo plazo.

En perspectiva, la aceleración europea para cerrar el TLCUEM modernizado refleja un giro hacia alianzas “de confianza” en un mundo más fragmentado. Para México, el acuerdo puede ampliar opciones comerciales y atraer inversión, pero su beneficio neto estará condicionado a que el país reduzca barreras internas —energía, logística, seguridad y regulación— y fortalezca la capacidad exportadora de empresas medianas y pequeñas, evitando que la apertura se traduzca solo en mayor competencia externa sin escalamiento productivo local.