La Unión Europea pisa el acelerador con México: modernización del TLCUEM gana urgencia en un mundo de aranceles y relocalización

La Unión Europea (UE) está moviendo sus piezas comerciales con más rapidez de lo habitual. En un entorno de tensiones arancelarias, reacomodo de cadenas de suministro y competencia por atraer inversión, Bruselas busca ampliar su red de socios “predecibles” fuera de su vecindario inmediato. En ese tablero, México aparece como un activo estratégico: por tamaño de mercado, por su base manufacturera y por su papel como plataforma exportadora hacia Estados Unidos.

El interés no parte de cero. De acuerdo con datos de Banxico, entre enero y noviembre de 2025 el intercambio comercial México-UE sumó cerca de 86,000 millones de dólares, alrededor de 7% del comercio total mexicano. La cifra confirma una relación relevante, pero también subraya el margen de crecimiento si se compara con la alta dependencia mexicana del mercado estadounidense. Para el bloque europeo, México ya es su segundo socio comercial en América Latina —solo detrás de Brasil—, y funge como puerta de entrada a Norteamérica bajo las reglas del T-MEC.

Tras cerrar en 2025 las negociaciones para modernizar el Acuerdo Global (TLCUEM), iniciado en 2016, el proceso entra a una etapa política en la que el “timing” importa. En semanas recientes, la UE también apuró otros frentes: el cierre de textos con Mercosur, avances con India y el fortalecimiento de vínculos con Vietnam, señales de una estrategia de diversificación ante un escenario internacional más fragmentado. En paralelo, la diplomacia mexicana ha buscado mantener el tema en primera línea: el embajador de México ante Bélgica, Luxemburgo y la UE, Rogelio Granguillhome, se reunió con el eurodiputado Bernd Lange para revisar alcances y acelerar el camino hacia la firma y ratificación.

En el comercio bilateral, México exporta a Europa principalmente bienes industriales: maquinaria y equipo, productos químicos, minerales, autopartes y metales básicos, además de componentes ligados a cadenas automotrices y de manufactura avanzada. Esa composición encaja con la discusión doméstica sobre cómo subir el contenido nacional y el valor agregado en exportaciones, particularmente ahora que la relocalización (“nearshoring”) abre oportunidades pero también exige infraestructura, energía confiable, logística y certidumbre regulatoria para materializar inversiones.

El acuerdo modernizado es más ambicioso que el de 2000. El IMCO ha subrayado que, desde la entrada en vigor del instrumento original, el comercio se multiplicó por cinco y se consolidaron corredores productivos con Alemania, España e Italia, especialmente en automotriz, farmacéutico, maquinaria y servicios financieros. Sin embargo, también persisten cuellos de botella: la falta de capacidades en algunas regiones para integrarse a cadenas globales, la disparidad logística entre estados, la presión sobre agua y electricidad en polos industriales, y un clima de negocio que se mueve entre avances y episodios de incertidumbre.

Un dato que suele aparecer en el debate es la balanza: la UE mantiene un superávit superior a 36,000 millones de dólares frente a México. Ese saldo explica parte de la narrativa europea: el acuerdo original benefició de manera marcada a empresas del bloque, mientras que la modernización busca incorporar áreas y reglas hoy centrales—servicios, compras públicas, inversión, sostenibilidad—con mecanismos más claros. Para México, el reto será convertir el marco renovado en mayor exportación de valor, más integración tecnológica y oportunidades para proveeduría local, más allá de importar bienes finales de alto contenido europeo.

En el componente arancelario, el nuevo acuerdo contempla liberar cerca de 99% de los productos intercambiados. Esto ampliaría la competencia en el mercado mexicano y facilitaría el acceso de bienes europeos con alta reputación, particularmente agroalimentarios como vinos, quesos y procesados, hoy sujetos a aranceles elevados en ciertos rubros. Para los consumidores podría significar mayor variedad y presiones a la baja en algunos precios relativos; para productores nacionales, un incentivo a elevar estándares, trazabilidad y diferenciación, aunque también una fuente de tensión sectorial en segmentos sensibles.

Más allá de mercancías, el capítulo de servicios y contratación pública puede ser determinante. Una mayor participación europea en licitaciones estatales, telecomunicaciones, transporte y servicios financieros elevaría la competencia y podría traer inversión y know-how. Pero el impacto dependerá de la ejecución: reglas claras, tiempos de permisos, condiciones de competencia y capacidad institucional de los tres niveles de gobierno. En un país donde la inversión fija bruta ha mostrado ciclos de recuperación y pausa, y donde el costo financiero sigue siendo un factor relevante, la previsibilidad regulatoria es un componente tan importante como el acceso arancelario.

El acuerdo también incorpora compromisos en derechos laborales y medio ambiente, un tema cada vez más influyente en el comercio global. Para México, que en los últimos años ha fortalecido la agenda laboral por presiones y compromisos internacionales, la convergencia con estándares europeos puede impulsar mejoras en certificaciones, cumplimiento y trazabilidad, aunque con costos de adaptación para pymes. En paralelo, la UE busca asegurar cadenas de suministro de insumos críticos para su transición verde y digital; México podría posicionarse como proveedor confiable si logra desarrollar proyectos con certidumbre, permisos ágiles y sustentabilidad verificable.

La gran pregunta hacia adelante es la velocidad. Aunque se ha hablado de firmar en el primer cuatrimestre del año, el proceso de ratificación europea suele ser complejo, con revisión parlamentaria y sensibilidad política interna en varios países. Del lado mexicano, el desafío será “aterrizar” el acuerdo en una estrategia industrial: conectar inversión con formación de talento, impulsar infraestructura logística, y dar señales consistentes para proyectos de largo plazo, particularmente en energía, transporte y estado de derecho.

En un contexto en el que México busca reducir riesgos por concentración comercial y, al mismo tiempo, aprovechar su integración norteamericana, la modernización del TLCUEM funciona como un seguro de diversificación y como palanca de competencia. Su beneficio final, no obstante, dependerá menos del texto y más de la capacidad de México para elevar productividad, certidumbre e infraestructura, de modo que el acceso preferencial se traduzca en inversión, exportaciones de mayor valor y empleos formales.

Observación final: la urgencia europea por cerrar alianzas abre una ventana para México, pero no garantiza resultados automáticos. El acuerdo modernizado puede ampliar comercio e inversión y fortalecer reglas, siempre que el país acompañe con políticas públicas que faciliten operar, exportar e innovar en un entorno global más volátil.