Hacienda perfila un plan sexenal de infraestructura por casi 6 billones de pesos y apuesta por esquemas mixtos
La Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP) presentó un plan para apuntalar la inversión en infraestructura entre 2026 y 2030 con un monto estimado de 5.9 billones de pesos, adicional a lo considerado en el Paquete Económico 2026. El anuncio se enmarca en el fortalecimiento del llamado Plan México y busca acelerar obras en sectores considerados estratégicos, con una mezcla de inversión pública y mecanismos de coinversión con privados y actores sociales.
De acuerdo con lo expuesto por el titular de Hacienda, Édgar Amador Zamora, la mayor parte del portafolio se concentrará en energía (54%), seguido de trenes (16%), carreteras (14%), y en menor medida puertos (6%), salud (6%), agua (3%) y educación (3.4%). La distribución no es menor: refleja una prioridad por ampliar capacidad energética y logística para sostener la actividad manufacturera, el comercio exterior y la relocalización de cadenas (nearshoring), un tema que México ha impulsado en los últimos años pero que enfrenta cuellos de botella en red eléctrica, disponibilidad de agua y conectividad.
El plan será coordinado por un Consejo de Planeación Estratégica de Inversión encabezado por la presidenta Claudia Sheinbaum, con el objetivo de priorizar proyectos, destrabar permisos, monitorear avances financieros y coordinar a dependencias. En la práctica, este tipo de gobernanza intenta responder a un reto recurrente en la inversión pública: la fragmentación institucional que suele retrasar obras por derechos de vía, licencias ambientales, consultas y coordinación con gobiernos estatales y municipales.
Uno de los puntos centrales del mensaje oficial fue la intención de evitar las Asociaciones Público-Privadas (APP) tradicionales y, en su lugar, utilizar “inversiones mixtas” con un costo financiero menor. La explicación de Presidencia y Hacienda apunta a esquemas donde el Estado no comprometa pagos elevados por décadas —como ocurrió en ciertos proyectos hospitalarios y de servicios— y privilegie mecanismos más flexibles. Para el mercado, la señal relevante será la letra pequeña: qué riesgos asume cada parte, cómo se reparten ingresos, qué garantías se otorgan y qué tan transparentes serán los contratos.
María del Carmen Bonilla, al frente de la Unidad de Crédito Público, adelantó que el financiamiento contemplará a la banca de desarrollo, banca comercial y mercado bursátil, con instrumentos como garantías, nuevos contratos de construcción-mantenimiento-operación, y vehículos como Fibras y Fibra E. La experiencia reciente muestra que estos instrumentos pueden canalizar recursos privados hacia activos de infraestructura sin que necesariamente se traduzcan en deuda pública directa, aunque su diseño puede implicar obligaciones contingentes para el gobierno si los proyectos no generan los flujos esperados.
El anuncio llega en un momento en que la economía mexicana enfrenta un equilibrio delicado: por un lado, el país mantiene ventajas estructurales como su integración manufacturera con América del Norte, un mercado laboral amplio y una posición geográfica clave; por otro, persisten presiones sobre finanzas públicas por mayores requerimientos de inversión, programas sociales y compromisos de empresas productivas del Estado. En este contexto, la capacidad de detonar infraestructura sin deteriorar la trayectoria de deuda y sin elevar de forma significativa el costo financiero del sector público será un factor determinante para la confianza de inversionistas.
También pesará el entorno externo. Un ciclo de tasas globales todavía restrictivo y episodios de volatilidad financiera pueden encarecer el fondeo, especialmente si los mercados perciben riesgos de ejecución o de gobernanza. Para proyectos con componentes importados o con pagos denominados en Dólar estadounidense, movimientos del tipo de cambio pueden alterar presupuestos, sobre todo en equipos industriales, tecnología ferroviaria y componentes energéticos. Por ello, coberturas, compras consolidadas y calendarios realistas serán tan importantes como los anuncios de montos.
Hacia adelante, el impacto macroeconómico del plan dependerá de tres variables: la velocidad de arranque (pipeline listo y permisos), la calidad del gasto (priorización de proyectos con alto retorno social y productivo) y el esquema de financiamiento (riesgo fiscal acotado y reglas claras). Si se ejecuta con disciplina, podría elevar la productividad, reducir costos logísticos y ampliar capacidad energética; si se retrasa o se dispersa, el efecto puede diluirse y aumentar la presión presupuestaria sin beneficios equivalentes.
En perspectiva, el planteamiento de casi 6 billones de pesos busca enviar una señal de continuidad y escala en infraestructura, con mayor coordinación y participación del sistema financiero. El reto será convertir el portafolio en obras terminadas y operativas, con contratos transparentes, certidumbre regulatoria y un balance responsable entre inversión pública y compromisos futuros.
