Oxfam alerta: la concentración de riqueza también se traduce en poder político y presiona a la democracia en México

La desigualdad en México y América Latina dejó de ser solo un debate sobre ingreso y pobreza para convertirse en un tema de poder: quién influye en las decisiones públicas y con qué reglas. Esa es la advertencia central del informe más reciente de Oxfam, difundido en el marco del Foro Económico Mundial de Davos 2026, donde la organización sostiene que la acumulación extrema de riqueza está correlacionada con una mayor captura de instituciones, agendas y narrativas políticas.

El documento subraya que la riqueza no solo compra bienes, sino acceso: financiamiento de campañas, capacidad de cabildeo, control de plataformas mediáticas y llegada directa a espacios de gobierno. A escala global, Oxfam estima que un multimillonario tiene hasta 4,000 veces más probabilidades de ocupar un cargo político que un ciudadano promedio, una brecha que la organización interpreta como “pobreza política”: la pérdida de peso real de la mayoría en la toma de decisiones frente a una minoría con recursos desproporcionados.

En el caso mexicano, el informe utiliza como ejemplo a Carlos Slim Helú para dimensionar la brecha patrimonial y la velocidad con la que puede crecer una gran fortuna frente al ingreso laboral típico. Más allá de nombres específicos, el punto de fondo es estructural: en economías con mercados concentrados —como telecomunicaciones, finanzas, energía y medios— la frontera entre poder económico y capacidad de influencia pública se vuelve más porosa, particularmente cuando la regulación y los contrapesos institucionales son débiles o están bajo presión.

El reporte también pone énfasis en el papel de la comunicación y la tecnología. Oxfam sostiene que la propiedad concentrada de medios y el control de segmentos relevantes de la economía digital amplifican la influencia de las élites sobre la conversación pública. En México, este debate ocurre en paralelo a un entorno de fuerte polarización, cambios en reglas regulatorias en sectores estratégicos y una discusión recurrente sobre la autonomía y fortaleza de los organismos del Estado, factores que inciden en la confianza de inversionistas y en el funcionamiento de los mercados.

Otro eje del diagnóstico es el fiscal. Oxfam plantea que en América Latina persisten sistemas tributarios con rasgos regresivos —por el peso de impuestos al consumo y la limitada recaudación directa al patrimonio— que terminan reforzando la concentración. La organización estima que, en la región, el 50% más pobre destina una mayor proporción de su ingreso al pago de impuestos que los estratos de mayor riqueza, mientras que los gravámenes a la herencia y al patrimonio neto son escasos. En México, este señalamiento conecta con un hecho ampliamente reconocido: la recaudación tributaria como porcentaje del PIB se mantiene por debajo del promedio de países de la OCDE, lo que restringe el margen fiscal para financiar políticas sociales, infraestructura y servicios públicos sin elevar deuda o recortar gasto.

En el plano regional, el informe contabiliza un récord de 109 multimillonarios en América Latina y el Caribe, con un incremento notable respecto al año previo, y advierte que el crecimiento de esas fortunas ha sido muy superior al del PIB regional. Oxfam también resalta el componente hereditario: más de la mitad de los superricos habrían recibido una parte o la totalidad de su riqueza por herencia, lo que apunta a una movilidad social limitada y a una economía donde el origen patrimonial importa tanto o más que la productividad.

Para México, la discusión llega en un momento de tensiones económicas que afectan directamente el ánimo social: aunque la inflación ha bajado respecto a los picos observados tras la pandemia, el costo de vida sigue siendo un tema sensible; las tasas de interés reales continúan elevadas y encarecen el crédito; y el crecimiento enfrenta vientos en contra por la desaceleración en Norteamérica, la incertidumbre regulatoria en sectores clave y la necesidad de mayor inversión en infraestructura eléctrica y logística para aprovechar el “nearshoring”. En ese contexto, el reporte sugiere que una percepción de reglas capturadas por intereses de élite puede elevar el descontento, erosionar legitimidad institucional y complicar la adopción de reformas.

Oxfam advierte además sobre un dilema que, a su juicio, ya se asoma en distintas partes del mundo: ante el malestar por desigualdad y encarecimiento de la vida, algunos gobiernos optan por políticas redistributivas, mientras que otros endurecen el control social y restringen derechos de protesta o participación. La organización sostiene que, cuando la concentración de riqueza se protege por encima de libertades y contrapesos, aumenta el riesgo de retrocesos democráticos, con costos económicos indirectos: menor certidumbre, mayor prima de riesgo, y un ambiente menos favorable para inversión de largo plazo.

Entre sus recomendaciones, Oxfam plantea gravámenes más efectivos a la riqueza y a las herencias, estrategias nacionales con metas verificables para reducir desigualdad, regulación de la influencia política y mediática de grandes fortunas, y fortalecimiento de participación ciudadana. En México, estas propuestas suelen chocar con dos realidades: por un lado, la necesidad de ampliar la base recaudatoria y reducir informalidad —que limita la capacidad del Estado y genera competencia desleal—; por otro, el reto de diseñar impuestos y regulaciones que no frenen inversión productiva ni incentiven la elusión, en un país altamente integrado al comercio y las cadenas de valor con Estados Unidos.

En perspectiva, el debate que abre Oxfam no se agota en la comparación de fortunas: apunta a la calidad de las instituciones económicas, la competencia efectiva y la arquitectura fiscal que define quién paga, cuánto y para qué. Si México busca sostener crecimiento con estabilidad social —y capitalizar la relocalización de inversiones—, el tema de la desigualdad y su traducción en poder político seguirá presente, no solo como agenda social, sino como componente de gobernabilidad y confianza económica.

En suma, el informe plantea que la concentración extrema de riqueza puede convertirse en una forma de influencia estructural sobre el Estado, especialmente cuando la recaudación es limitada y los mercados estratégicos están concentrados. Para México, la implicación central es que el combate a la desigualdad no solo depende de transferencias, sino de fortalecer competencia, mejorar capacidad fiscal y preservar contrapesos institucionales para que las reglas económicas se perciban como legítimas y estables.