EU vuelve a señalar a Tepito, San Juan de Dios y El Santuario por piratería: implicaciones para comercio e inversión en México
La inclusión de mercados mexicanos en la lista de “notorious markets” de la USTR reabre el debate sobre informalidad, competitividad y cumplimiento de propiedad intelectual.
El gobierno de Estados Unidos, a través de la Oficina del Representante Comercial (USTR), volvió a colocar bajo observación a tres zonas emblemáticas del comercio popular en México —Tepito, San Juan de Dios y El Santuario— al incluirlas en su Revisión de Mercados Notorios 2025 para la Falsificación y la Piratería. Se trata de un reporte anual que identifica espacios físicos y plataformas digitales donde, con base en información de titulares de derechos y autoridades, se concentra la venta de productos falsificados y la distribución de contenidos piratas.
La lista no equivale a una resolución judicial, pero sí funciona como instrumento de presión reputacional y política comercial. En la práctica, el señalamiento llega en un momento en que México busca consolidar su papel en cadenas de valor vinculadas al nearshoring, donde la trazabilidad, el cumplimiento regulatorio y el respeto a la propiedad intelectual pesan cada vez más en las decisiones de inversión.
De acuerdo con el documento, Tepito —en la Ciudad de México— opera como un gran mercado al aire libre y un punto de redistribución de mercancía apócrifa hacia otros tianguis del país e incluso hacia Centroamérica. El reporte describe la venta recurrente de ropa, accesorios, electrónicos, productos de belleza y artículos de lujo falsificados, además de dispositivos y servicios asociados a la piratería digital, como consolas modificadas y herramientas para evadir protecciones tecnológicas.
En el caso de Guadalajara, la USTR ubica al Mercado San Juan de Dios (Mercado Libertad), reconocido por su tamaño y capacidad comercial, como un foco relevante de piratería y falsificación. El informe refiere miles de locales y una oferta que, según los señalamientos, incluiría desde prendas y calzado apócrifos hasta software, películas y videojuegos piratas; también menciona presuntos servicios de modificación de consolas para facilitar la reproducción ilegal de contenidos.
El tercer punto señalado es El Santuario, en el centro de la capital, descrito como un nodo logístico con bodegas y comercios mayoristas que abastecen a vendedores de otros mercados. A diferencia de los espacios con venta directa al público, esta zona destacaría por el almacenamiento y distribución de grandes volúmenes de mercancía falsificada, lo que, según el reporte, fortalece cadenas de suministro ilegales al acelerar la llegada de producto a distintos puntos del país.
Informalidad, riesgos al consumidor y costos económicos
Más allá del ángulo de la propiedad intelectual, el fenómeno tiene lecturas económicas amplias para México. La venta de productos falsificados suele convivir con informalidad laboral, menor recaudación y competencia desleal para negocios formales que sí cumplen con impuestos, normas sanitarias y estándares de calidad. Además, cuando se trata de cosméticos, perfumes, electrónicos o medicamentos —categorías mencionadas en el informe— el problema trasciende la marca: aumenta el riesgo de daño al consumidor y eleva costos indirectos para el sistema de salud y para las empresas que atienden devoluciones, garantías o fraudes.
En términos de política pública, el reto es doble: por un lado, fortalecer la aplicación de la ley y la coordinación entre autoridades federales y locales; por otro, atender los incentivos económicos que mantienen vivo el mercado informal. La demanda de bienes más baratos en un contexto de presión sobre el ingreso disponible, junto con cadenas de abasto que se adaptan rápidamente, hace que los operativos aislados tengan resultados temporales si no se acompañan de investigación financiera, control aduanero y alternativas de formalización.
Señales para el T-MEC y el clima de negocios
El señalamiento de la USTR ocurre dentro de una conversación más amplia sobre cumplimiento regulatorio en la región de América del Norte. Bajo el T-MEC, la propiedad intelectual forma parte del marco de compromisos que incide en confianza de inversión y comercio. Para empresas que evalúan instalar plantas, centros de distribución o capacidades de diseño en México, la percepción de protección de marca y de canales de comercialización limpios puede influir en decisiones de localización, estrategias de precios y selección de proveedores.
Si bien la lista no impone sanciones automáticas, puede alimentar narrativas de riesgo país en sectores intensivos en marcas, innovación y contenidos —moda, software, entretenimiento, electrónica— y elevar costos de cumplimiento para compañías que operan en mercados con alta penetración de producto ilegal. También puede presionar por mayor vigilancia en puntos de entrada y por medidas contra centros de distribución, donde el impacto suele ser mayor que en la venta minorista.
A escala global, la USTR cita estimaciones que colocan al comercio de bienes falsificados en cientos de miles de millones de dólares y como una proporción relevante del intercambio mundial. Para México, el desafío es convertir el combate a la piratería en una política que no sea únicamente reactiva, sino consistente con una estrategia de competitividad: fortalecer Estado de derecho, proteger al consumidor y evitar que la informalidad erosione la productividad y la recaudación.
En perspectiva, la reincidencia de estos mercados en reportes internacionales sugiere que el problema se mantiene estructural. La respuesta más efectiva probablemente combinará inspección y sanción focalizadas en redes de mayoreo y logística, cooperación con titulares de derechos y, al mismo tiempo, mecanismos que faciliten la transición a la formalidad sin asfixiar el comercio popular que sostiene empleos en zonas urbanas.