Salida de EU del impuesto mínimo global de la OCDE eleva la presión fiscal y competitiva para México
La decisión de Estados Unidos de apartarse del esquema de la OCDE/G20 para aplicar un impuesto mínimo global de 15% a multinacionales volvió a encender focos amarillos en México, tanto por el impacto potencial en la recaudación como por sus efectos en la competencia por atraer inversión. El acuerdo internacional —conocido como Pilar Dos— buscaba limitar la erosión de bases gravables y el traslado de utilidades a jurisdicciones de baja tributación, además de establecer un “piso parejo” para la inversión en un entorno donde las cadenas globales y la economía digital han complicado la fiscalización tradicional.
De acuerdo con lo informado por autoridades estadounidenses, el nuevo entendimiento con países del Marco Inclusivo permitiría que las empresas con sede en EU queden sujetas principalmente a reglas tributarias internas, quedando exentas de la aplicación del Pilar Dos en el extranjero. Para México, esto recorta el alcance de una bolsa de recaudación potencial asociada a utilidades globales que, bajo el esquema original, podían gravarse donde las empresas realizan actividad económica. En términos prácticos, reduce el margen para que países receptores de inversión —como México— capten una mayor porción de impuestos sobre ganancias generadas localmente, pero registradas fiscalmente en otros territorios.
La relevancia para México es mayor por la fuerte presencia de capital estadounidense. En los flujos recientes de Inversión Extranjera Directa (IED), las empresas de Estados Unidos han concentrado una proporción significativa del total, lo que convierte cualquier cambio en reglas corporativas de ese país en un factor clave para la planeación financiera y fiscal de grupos con operaciones a ambos lados de la frontera. Además, en un contexto de “nearshoring”, la decisión añade incertidumbre sobre qué tanto las multinacionales podrían reoptimizar estructuras, ubicaciones y precios de transferencia para aprovechar diferencias tributarias entre jurisdicciones.
El tema se cruza con un debate más amplio: la competitividad fiscal relativa. En México, la tasa corporativa federal es de 30%, mientras que en Estados Unidos se ha discutido bajar el impuesto corporativo desde 21% hacia niveles más cercanos a 15%. Si esa reducción se concreta, el diferencial tributario se ampliaría en papel, lo que podría reforzar incentivos para concentrar utilidades o funciones corporativas en EU, dejando en México operaciones más acotadas. Sin embargo, especialistas suelen subrayar que la decisión de inversión no depende solo de impuestos: pesan también costos logísticos, disponibilidad de mano de obra, certidumbre regulatoria, seguridad, energía y acceso a mercados.
En ese sentido, México conserva ventajas estructurales difíciles de replicar: la proximidad geográfica con el mayor mercado de consumo del mundo, la integración productiva regional y el marco del T-MEC, que —pese a tensiones recurrentes— sigue siendo un ancla de certidumbre para manufactura, autopartes, electrónicos y dispositivos médicos. También influye el acceso a gas natural importado desde Texas, que ha sido un insumo relevante para la industria. Al mismo tiempo, el país enfrenta retos que inciden en costos: infraestructura, cuellos de botella en aduanas, disponibilidad y calidad de electricidad en regiones industriales, así como una tendencia al alza del costo laboral derivada de incrementos al salario mínimo y de un mercado de trabajo más apretado en polos manufactureros.
En la parte fiscal y administrativa, el retiro estadounidense del esquema global complica la coordinación internacional. Para la autoridad hacendaria mexicana, el desafío no es únicamente “cobrar más o menos”, sino diseñar reglas claras que reduzcan litigios y eviten dobles imposiciones o vacíos de tributación. En particular, México podría verse obligado a convivir con estándares diferenciados: un trato operativo para grupos con matriz en EU —bajo las reglas que Washington impulse— y otro para multinacionales de países que sí apliquen el Pilar Dos. Esto podría aumentar cargas de cumplimiento y elevar el costo regulatorio de hacer negocios, justo cuando México compite con otros destinos por proyectos de relocalización.
Hacia adelante, la discusión abre una ventana para revisar la estrategia de competitividad más allá de tasas nominales. Con un espacio fiscal acotado —por presiones de gasto, costo financiero de la deuda y necesidades de inversión pública— México tiene menos margen para recortar impuestos de forma generalizada. Por ello, la conversación tiende a trasladarse a estabilidad macro, simplificación administrativa, estado de derecho, incentivos focalizados, y políticas de facilitación comercial. En paralelo, la revisión del T-MEC y la evolución de la política industrial en Norteamérica podrían redefinir el mapa de inversiones, con mayor énfasis en sectores estratégicos, contenido regional y resiliencia de cadenas de suministro.
En síntesis, la salida de Estados Unidos del impuesto mínimo global reduce el alcance de una coordinación tributaria que buscaba limitar la planeación fiscal agresiva y puede restar a México parte del potencial recaudatorio asociado a utilidades de multinacionales. No obstante, el impacto final dependerá de si EU baja su impuesto corporativo, de cómo evolucionen las reglas del T-MEC y, sobre todo, de la capacidad de México para reforzar certidumbre, energía e infraestructura, factores que suelen pesar tanto como la carga fiscal en las decisiones de inversión.
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