Deuda pública en máximos: México cierra 2025 con 53.1% del PIB y crece el peso de los intereses

Con ingresos petroleros a la baja y mayor gasto rígido, el endeudamiento y su costo financiero se vuelven el principal reto para las finanzas públicas.

El endeudamiento del sector público mexicano cerró 2025 en su mayor nivel de las últimas décadas: el Saldo Histórico de los Requerimientos Financieros del Sector Público (SHRFSP) se ubicó en 53.1% del PIB, equivalente a 18.7 billones de pesos, de acuerdo con cifras de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP). El dato no sólo supera el nivel observado antes de la pandemia, sino que consolida una tendencia de más de una década en la que el gasto ha rebasado de forma persistente la capacidad estructural de ingresos del Estado.

La aritmética detrás del aumento es conocida, pero hoy luce más apretada: un menor dinamismo de los ingresos tributarios frente a las necesidades de gasto, caídas en la renta petrolera y presiones crecientes por rubros rígidos —pensiones, transferencias a Pemex y el propio costo de la deuda—. En conjunto, estos factores han mantenido desbalances presupuestarios desde 2009, en un contexto en el que la economía mexicana ha crecido a un ritmo moderado y con episodios de desaceleración que limitan la expansión natural de la recaudación.

Desde la perspectiva de sostenibilidad, el foco no es sólo el nivel de deuda, sino su trayectoria y el costo de financiarla. En el mercado, la lectura suele depender de tres variables: crecimiento, tasas de interés y credibilidad fiscal. Si cualquiera de esos pilares se debilita —por ejemplo, por menor inversión, choques externos o dudas sobre la consolidación fiscal—, el servicio de la deuda absorbe más recursos y reduce el margen para gasto social e inversión pública.

El Centro de Investigación Económica y Presupuestaria (CIEP) advierte que, si el endeudamiento no se contiene conforme a los supuestos de consolidación del Paquete Económico 2026, el SHRFSP podría escalar a 58.9% del PIB hacia 2031. Aunque ese nivel no implica automáticamente una crisis, sí elevaría la sensibilidad de las finanzas públicas a escenarios adversos: depreciaciones cambiarias, menor crecimiento o periodos prolongados de tasas reales elevadas.

Medido por persona, el dato también ilustra la magnitud: el CIEP estima que la deuda per cápita rondaría 151,000 pesos. Este indicador, al sustituir el PIB por el tamaño de la población, tiende a ser más estable y permite dimensionar la carga en términos sociales: liquidar ese monto hipotético resulta desproporcionado para los hogares de menores ingresos. Con base en la ENIGH, el cálculo equivale a varios años de ingresos para los deciles más bajos, mientras que para los de mayores ingresos representa una fracción relativamente pequeña de su capacidad mensual.

En paralelo, Hacienda ha enfatizado una estrategia de financiamiento con mayor peso de deuda interna, buscando reducir la exposición a movimientos del tipo de cambio. En los últimos años, la proporción de deuda denominada en pesos ha aumentado de manera sostenida, una decisión que funciona como amortiguador ante episodios de volatilidad externa. Sin embargo, ese “escudo” no elimina el problema del costo: si las tasas internas permanecen altas, el gasto por intereses crece incluso con menor riesgo cambiario.

El costo financiero: cuando los intereses compiten con prioridades públicas

Uno de los cambios más relevantes en la discusión fiscal es que el costo financiero de la deuda se volvió un componente dominante del presupuesto. En 2025, el pago de intereses y comisiones representó alrededor de 3.7% del PIB, más del doble de lo observado en 2008, según estimaciones citadas por el CIEP. En términos prácticos, esto implica que una porción creciente de los ingresos públicos se destina a “servir” deuda previamente adquirida, en lugar de financiar inversión en infraestructura, salud o educación. Además, la brecha entre el costo financiero y la inversión física se ha ampliado, lo que alimenta un círculo complejo: menor inversión pública puede limitar el crecimiento potencial, y un menor crecimiento vuelve más difícil estabilizar la razón deuda/PIB.

El comportamiento futuro del costo de la deuda dependerá en buena medida del ciclo de tasas. Un entorno de recortes graduales —en línea con la convergencia de la inflación y una postura monetaria menos restrictiva— podría aliviar el servicio de la deuda. No obstante, la mejora no es inmediata: el portafolio de pasivos se renueva con el tiempo y una parte significativa se contrata a plazos que reflejan tasas históricas. A ello se suma que cualquier episodio de aversión global al riesgo puede encarecer el fondeo, especialmente para economías emergentes.

El telón de fondo es demográfico y estructural. La transición poblacional reducirá la proporción de personas en edad de trabajar y aumentará la demanda de pensiones, salud y cuidados, elevando el gasto inercial. Al mismo tiempo, la base tributaria difícilmente crecerá al ritmo necesario si no hay mejoras sostenidas en productividad, formalidad laboral y crecimiento económico. En ese sentido, el desafío no se limita a “recortar” o “gastar menos”, sino a diseñar una trayectoria creíble: fortalecer ingresos permanentes, priorizar inversión con retornos económicos, y administrar pasivos contingentes como los vinculados a empresas productivas del Estado.

En el corto plazo, México también enfrenta el reto de sostener la confianza de inversionistas locales y externos en un contexto internacional incierto. La ventaja relativa del país —integración manufacturera con Norteamérica, auge de exportaciones y potencial de relocalización— puede apoyar ingresos y actividad; pero para traducir esa oportunidad en crecimiento de largo plazo se requiere infraestructura, seguridad jurídica y gasto público más eficiente. Sin estos elementos, la deuda tiende a aumentar sin que el PIB crezca lo suficiente para compensarla.

En síntesis, el nivel de deuda pública al cierre de 2025 y, sobre todo, el peso de los intereses reflejan una tensión fiscal que ya no es coyuntural. La trayectoria hacia 2031 dependerá de la capacidad del gobierno para estabilizar el balance presupuestario, contener presiones inerciales y sostener el crecimiento, sin sacrificar inversión ni deteriorar la calidad del gasto.