México enfrenta un reto fiscal de gran escala para construir un sistema nacional de cuidados

El CIEP estima que cerrar la brecha de servicios e infraestructura de cuidados implicaría recursos adicionales equivalentes a 1.5% del PIB cada año.

México tiene por delante un desafío de política pública que ya no cabe en programas dispersos: construir un sistema integral de cuidados que acompañe a la población desde la primera infancia hasta la vejez. De acuerdo con estimaciones del Centro de Investigación Económica y Presupuestaria (CIEP), para alcanzar un esquema robusto harían falta más de 580,000 millones de pesos adicionales cada año en el Presupuesto de Egresos de la Federación, una cifra equivalente a alrededor de 1.5 puntos del PIB.

El diagnóstico parte de una definición amplia: los cuidados abarcan actividades y recursos necesarios para sostener el bienestar, la autonomía y la dignidad de las personas, incluyendo la atención a niñas y niños, personas con discapacidad, personas enfermas y adultos mayores, así como el soporte cotidiano en los hogares. La magnitud del tema se conecta con tendencias estructurales: el envejecimiento poblacional, los cambios en la composición de los hogares, la necesidad de elevar la participación laboral femenina y la creciente demanda de servicios de salud y asistencia de largo plazo.

En la medición presentada por el CIEP, el gasto público identificado como vinculado a cuidados ronda 1.2% del PIB. Una parte importante se canaliza vía transferencias monetarias en programas sociales, mientras que una proporción menor se destina a provisión directa de servicios, bienes públicos e infraestructura (como hospitales, estancias, centros de día o espacios de rehabilitación). El documento subraya que, aunque los apoyos monetarios pueden aliviar necesidades inmediatas, no sustituyen la oferta de servicios ni la inversión en infraestructura que permita “desmercantilizar” parte del cuidado y reducir la carga que hoy recae, de manera desproporcionada, en los hogares.

En términos presupuestales, el tema gana visibilidad institucional con la incorporación de un anexo transversal para cuidados en el Paquete Económico 2026. La lectura económica es clara: identificar no equivale a financiar. El salto hacia un sistema integral supondría pasar de un mosaico de acciones a una arquitectura con cobertura, estándares, coordinación entre niveles de gobierno y rutas claras de acceso, en un contexto de presiones fiscales crecientes.

Financiamiento: entre presión fiscal, seguridad social y rediseño de incentivos

La discusión sobre cómo financiar un sistema de cuidados ocurre en un momento en que las finanzas públicas enfrentan rigideces relevantes: el peso del servicio de la deuda, la alta proporción de gasto programable comprometido (pensiones y participaciones), y la necesidad de mantener credibilidad macroeconómica ante inversionistas y calificadoras. En este entorno, el CIEP plantea que el financiamiento no puede depender únicamente de reasignaciones temporales; requiere ingresos permanentes y de preferencia progresivos.

Entre las rutas analizadas está el uso de contribuciones a la seguridad social para fondear componentes del cuidado, especialmente aquellos ligados a la vida laboral y a riesgos de dependencia. Otra vía es una reforma tributaria que revise exenciones, tratamientos preferenciales y “renuncias recaudatorias” que reducen la base fiscal. La discusión es sensible: México recauda menos que economías comparables de la OCDE y de América Latina, y cualquier cambio suele enfrentar resistencia política y preocupaciones por impactos sobre consumo e inversión. Aun así, el análisis de beneficios fiscales desde la óptica de cuidados abre una pregunta de eficiencia: si ciertos incentivos no cumplen sus objetivos económicos, podrían reorientarse hacia prioridades con mayor retorno social.

Un tercer eje es el desarrollo de seguros privados de cuidados de largo plazo. Su ventaja es diversificar fuentes de financiamiento, pero con limitaciones claras: la cobertura tiende a concentrarse en población de mayores ingresos y puede profundizar desigualdades si no se acompaña de regulación, subsidios focalizados o esquemas mixtos. En la práctica, un modelo híbrido —con un piso público de servicios y opciones complementarias privadas— suele aparecer como alternativa en países que han avanzado en cuidados de larga duración.

Más allá de la fuente, el reto operativo incluye cómo gastar mejor: definir qué servicios priorizar (primera infancia, dependencia por envejecimiento, discapacidad), dónde expandir infraestructura, cómo certificar y profesionalizar a cuidadores, y cómo coordinar a federación, estados y municipios para evitar duplicidades o huecos de atención.

Implicaciones económicas: productividad, empleo femenino y crecimiento potencial

En clave macroeconómica, la inversión en cuidados suele describirse como “infraestructura social” con rendimientos amplios. Expandir guarderías, centros de cuidado y servicios comunitarios puede liberar tiempo de cuidados no remunerados en los hogares, lo que facilita que más mujeres participen en el mercado laboral o amplíen su jornada. En un país donde la informalidad sigue siendo elevada y el crecimiento de la productividad ha sido limitado por años, elevar la participación laboral y mejorar la calidad del empleo puede traducirse en mayor producción, consumo e incluso recaudación, creando un círculo virtuoso si el diseño institucional es sólido.

El efecto, sin embargo, no es automático. Para que el gasto en cuidados impulse crecimiento potencial debe acompañarse de calidad en el servicio, cobertura donde se necesita, reglas claras de operación y evaluación de resultados. También requiere considerar el impacto regional: la demanda de servicios de cuidado y la capacidad de oferta varían entre zonas urbanas e incluso entre regiones con distinta estructura demográfica y de empleo. En el mediano plazo, la planeación es crucial porque el envejecimiento avanza y la carga de dependencia puede aumentar, presionando tanto a familias como a presupuestos públicos.

En paralelo, el mercado laboral del cuidado es un tema económico en sí mismo. Profesionalizar, formalizar y mejorar condiciones de trabajo en sectores de cuidados puede elevar ingresos y reducir precariedad, pero también implica costos que deben reconocerse en tarifas, subsidios o presupuestos. Si el sistema se construye sobre mano de obra barata e informal, el objetivo social se debilita y la sostenibilidad se compromete.

El debate sobre cuidados, por tanto, se mueve entre la urgencia social y los límites de una estructura fiscal estrecha. La discusión que abre el CIEP sugiere que la pregunta no es solo cuánto cuesta, sino qué combinación de ingresos, provisión pública y participación privada permite construir capacidades permanentes sin deteriorar la estabilidad macroeconómica.

En síntesis, México ya cuenta con un primer mapa presupuestal del gasto ligado a cuidados, pero el salto hacia un sistema integral implica decisiones de gran calado sobre ingresos permanentes, eficiencia del gasto e infraestructura. La viabilidad dependerá de acuerdos políticos y de un diseño que traduzca recursos en servicios accesibles y medibles, con beneficios económicos y sociales en el tiempo.