Hacienda y reguladores empujan una nueva etapa fintech: más inclusión, pero con ciberseguridad y reglas claras

Autoridades y sector fintech coinciden en que la inclusión financiera avanza, pero el siguiente salto depende de seguridad digital, confianza y regulación.

La Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP) elevó el tono sobre uno de los principales retos del ecosistema fintech en México: la seguridad. En un momento en el que más personas usan aplicaciones para pagar, ahorrar o solicitar crédito, la dependencia pidió a las plataformas intensificar sus inversiones en tecnología, prevención de fraudes y protección de datos, con el argumento de que la digitalización solo es sostenible si aumenta la confianza del usuario.

Durante el Fintech México Festival, la subsecretaria Maricarmen Bonilla sostuvo que la tecnología ya redefine los hábitos financieros, pero advirtió que el entorno digital también exige coordinación entre autoridades y sector privado. Con base en la Encuesta Nacional de Inclusión Financiera (ENIF) 2024, destacó que 76% de la población adulta cuenta con al menos un producto financiero formal, una cifra que refleja avances en bancarización, aunque no necesariamente implica un uso frecuente ni pleno de servicios como crédito, ahorro de largo plazo o seguros.

El llamado llega en un contexto de consumo presionado por la inflación acumulada de los últimos años, tasas de interés aún elevadas frente a promedios históricos y una economía que busca sostener el dinamismo de la demanda interna. En ese escenario, las fintech han crecido como alternativas para pagos digitales, crédito al consumo y a micronegocios, así como para la administración de liquidez diaria; sin embargo, el aumento de operaciones también amplifica la exposición a riesgos operativos y delitos cibernéticos.

Bonilla subrayó que fraudes digitales, phishing, suplantación de identidad y ataques cada vez más sofisticados ya son parte del costo de la transformación. De acuerdo con su mensaje, cerca de 30% de la población expresa inquietudes sobre la seguridad digital, un dato relevante porque la percepción de riesgo puede frenar la adopción de pagos electrónicos, limitar el ahorro en cuentas formales o impulsar el retorno al efectivo, particularmente en segmentos con menor educación financiera o conectividad irregular.

Para mantener el dinamismo del sistema, Hacienda planteó líneas de trabajo enfocadas en promover pagos inmediatos, consolidar la confianza, fortalecer educación financiera y explorar la viabilidad de nuevos modelos. En el fondo, la agenda apunta a reducir la dependencia del efectivo, que sigue predominando en múltiples transacciones cotidianas y representa costos para negocios y consumidores, además de riesgos de seguridad y baja trazabilidad.

Desde la supervisión, el presidente de la Comisión Nacional Bancaria y de Valores (CNBV), Ángel Cabrera, sostuvo que una regulación más robusta puede aportar certidumbre a los usuarios sin comprometer la estabilidad del sistema financiero. Planteó la visión de un ecosistema de entidades “nacidas digitalmente” que agregue valor en espacios donde el efectivo todavía domina, y afirmó que el obstáculo central ya no es la infraestructura tecnológica, sino la construcción de confianza y una visión de largo plazo compartida entre jugadores y autoridades.

En paralelo, el Banco de México (Banxico) reiteró que la innovación financiera debe caminar con regulación adecuada y en línea con sus mandatos. El subgobernador Omar Mejía señaló que, en la medida en que más personas y empresas participen en el sistema financiero formal, la política monetaria puede transmitirse con mayor eficacia hacia la vida cotidiana, pues las decisiones de tasas influyen con más claridad en el costo del crédito, el rendimiento del ahorro y el comportamiento del consumo cuando existe mayor intermediación y uso de canales formales.

La “Ley Fintech 2.0” y el reto de cerrar brechas de confianza

La CNBV adelantó que se prepara una “Ley Fintech 2.0”, como continuación a la agenda regulatoria que quedó incompleta tras la publicación de la primera Ley para Regular las Instituciones de Tecnología Financiera en 2018. En la práctica, una actualización podría enfocarse en estándares más exigentes de ciberseguridad, identidad digital, gestión de riesgos, transparencia en comisiones, interoperabilidad y reglas más claras para modelos que han evolucionado rápidamente, como agregadores, plataformas de crédito y servicios de pagos. También podría fortalecer mecanismos para prevenir operaciones ilícitas y mejorar el intercambio de información bajo criterios de protección de datos, un equilibrio crucial para no encarecer en exceso el cumplimiento regulatorio ni expulsar a jugadores pequeños con propuestas innovadoras.

Para el sector, el desafío será mantener el ritmo de crecimiento sin deteriorar la experiencia del usuario. Una supervisión más estricta suele elevar costos de cumplimiento y requerimientos tecnológicos, pero también puede reducir fraudes y quiebras operativas que dañan la reputación del mercado. En una economía donde millones de micronegocios operan con márgenes estrechos, la promesa de pagos más rápidos y crédito más accesible compite directamente con la fricción de procesos de verificación, límites operativos y autenticación reforzada. El éxito del nuevo marco dependerá de su capacidad para elevar estándares sin bloquear la competencia ni generar barreras innecesarias de entrada.

La Asociación Fintech México, por su parte, enfatizó la necesidad de evitar que negocios no legítimos utilicen las plataformas. Ese punto es clave porque el crecimiento del sector, si no se acompaña de controles efectivos, puede atraer intentos de fraude y lavado de dinero, incrementando el riesgo legal y reputacional. En un mercado donde la confianza es el principal activo, el combate a la suplantación de identidad, el fortalecimiento de “conozca a su cliente” y la trazabilidad de operaciones se vuelven elementos centrales para sostener la expansión.

En perspectiva, el avance de la inclusión financiera en México ya no se juega solo en abrir cuentas, sino en lograr uso continuo y seguro de productos que mejoren la resiliencia financiera de hogares y negocios. Si autoridades, fintech y banca tradicional alinean inversión tecnológica, educación financiera y reglas proporcionales al riesgo, el país podría acelerar la adopción de pagos digitales y ampliar el acceso al crédito formal; si no, la inseguridad y los fraudes pueden convertirse en el principal freno a la digitalización.