México mide riesgos ante el nuevo arancel general de Trump y espera reglas claras en Washington

México opta por cautela mientras Estados Unidos redefine su política arancelaria y se clarifica si el T-MEC quedará, en la práctica, a salvo.

El gobierno de México se prepara para una nueva etapa de incertidumbre comercial con Estados Unidos, luego de que el presidente Donald Trump anunciara un arancel general de 10% como sustituto de medidas previas que quedaron acotadas tras un revés judicial. La Secretaría de Economía, encabezada por Marcelo Ebrard, anticipó que la respuesta mexicana será de prudencia en tanto se conozca la “letra chiquita” del esquema: qué productos abarcará, bajo qué fundamento legal operará y, sobre todo, si incorporará excepciones vinculadas al T-MEC.

Ebrard sostuvo que la administración de Claudia Sheinbaum seguirá una estrategia de “sangre fría” y evaluación técnica antes de definir acciones. La razón es clara: el comercio bilateral se encuentra profundamente integrado y cualquier modificación, aunque sea temporal, puede trasladarse a costos, precios y decisiones de inversión. El secretario recordó que una proporción mayoritaria de las exportaciones mexicanas entra hoy sin arancel al mercado estadounidense gracias al tratado, mientras que los gravámenes vigentes en industrias como acero, aluminio y vehículos han estado ligados a otras vías legales, como la sección 232, que históricamente ha tenido mayor margen de maniobra por argumentos de seguridad nacional.

En los próximos días, el gobierno mexicano buscará precisión sobre el nuevo diseño arancelario y sus alcances. Ebrard prevé viajar a Estados Unidos para reunirse con contrapartes y defender la continuidad de condiciones preferenciales para México. En el equipo económico mexicano hay un objetivo inmediato: distinguir si el arancel general se concibe como un instrumento amplio que podría tocar mercancías con trato preferencial o si se trata de un paraguas limitado a bienes fuera del marco del tratado o a países específicos.

El episodio ocurre en un momento en que México depende de la estabilidad del acceso al mercado estadounidense para sostener el dinamismo exportador, uno de los principales motores de la economía. Con un crecimiento moderado y una inversión que ha mostrado señales mixtas en meses recientes, los anuncios arancelarios elevan el “riesgo de evento” para sectores que ya operan con costos financieros altos y márgenes presionados. Además, la volatilidad política y comercial tiende a reflejarse en el tipo de cambio, en el apetito por activos mexicanos y en las decisiones de reubicación de cadenas productivas asociadas al nearshoring.

Implicaciones para exportaciones, inversión y el tipo de cambio

Si el arancel de 10% llegara a aplicarse de forma efectiva a bienes que hoy entran libres de impuestos bajo el T-MEC, el golpe sería inmediato para industrias altamente integradas, como autopartes, electrónicos, agroindustria y manufacturas intermedias que cruzan la frontera múltiples veces antes de convertirse en producto final. En ese escenario, el costo no recaería únicamente en exportadores mexicanos: parte se trasladaría a importadores y consumidores estadounidenses, y otra fracción se absorbería en la cadena mediante descuentos, ajustes de inventarios o relocalización parcial de procesos. Para México, el principal riesgo sería un freno a nuevas inversiones en plantas orientadas a exportación, justo cuando la competencia por atraer capital productivo se intensifica en América del Norte.

En el plano financiero, episodios de tensión comercial suelen reflejarse en mayor volatilidad del peso frente al USD, particularmente si el mercado interpreta que se deteriora la certidumbre de reglas. Banxico, por su parte, enfrentaría un entorno más complejo: cualquier depreciación marcada podría contaminar expectativas de inflación vía precios de mercancías importadas o insumos dolarizados, aunque el traspaso cambiario ha sido menor que en décadas pasadas. En paralelo, las empresas con exposición a comercio exterior podrían aumentar coberturas, encareciendo costos de operación en el corto plazo.

Más allá del impacto inmediato, el desenlace dependerá de dos factores: el diseño legal del arancel y el espacio político para construir excepciones y mecanismos de cumplimiento compatibles con el T-MEC. En la práctica, México buscará preservar la idea central del acuerdo: previsibilidad para bienes que cumplen reglas de origen y para cadenas regionales que han sido el corazón del comercio norteamericano.

La reacción mexicana, de momento, privilegia el análisis y la negociación directa. El gobierno apuesta a que la integración productiva y el peso de México como socio comercial de Estados Unidos funcionen como ancla para evitar disrupciones amplias. Sin embargo, el episodio confirma que el principal riesgo para la economía exportadora mexicana no proviene solo de la demanda, sino de la incertidumbre regulatoria que puede alterar costos de un día a otro.

En perspectiva, el caso subraya la importancia de diversificar mercados y fortalecer la competitividad interna —logística, energía, seguridad y estado de derecho— para que el país no dependa exclusivamente de la estabilidad política en Washington. Por ahora, el mensaje oficial es claro: esperar definiciones, defender el trato preferencial y calibrar una respuesta proporcional cuando se conozcan las reglas.