Pagos con tarjeta alcanzan 6.4 billones de pesos y reavivan el debate por comisiones y competencia en México

El récord de operaciones con tarjetas en 2025 aceleró la discusión regulatoria sobre comisiones y concentración en el procesamiento de pagos.

El uso de tarjetas de crédito y débito en México cerró 2025 con cifras históricas que confirman un cambio estructural en la forma de pagar en comercios y servicios. De acuerdo con datos del Banco de México (Banxico), entre enero y diciembre se procesaron 11,261 millones de pagos con tarjeta, un crecimiento anual de 14%. En valor, el flujo ascendió a 6.44 billones de pesos, 11% más que en 2024, en un entorno donde el consumo se ha sostenido pese a presiones como tasas de interés aún elevadas, encarecimiento del crédito y mayor cautela de los hogares.

El desglose muestra que 28% de las operaciones se hicieron con tarjeta de crédito y el resto con débito, una señal de la masificación de los pagos electrónicos para gastos cotidianos. Detrás de este avance están la mayor aceptación de terminales punto de venta, el crecimiento del comercio electrónico, la digitalización de servicios y el uso cada vez más extendido de cuentas de nómina y productos de inclusión financiera. Para bancos, procesadores y redes de pago, el aumento del volumen es relevante porque amplía ingresos asociados a la operación, pero también eleva el escrutinio sobre costos, comisiones y el grado de competencia del mercado.

Con el récord como telón de fondo, el debate regulatorio se concentró en las llamadas cuotas de intercambio, un componente del costo que enfrenta el comercio cuando un cliente paga con tarjeta. En meses recientes, la Comisión Nacional Bancaria y de Valores (CNBV) y Banxico pusieron a discusión ajustes para reducir estas cuotas, con propuestas de topes de 0.6% para crédito y 0.3% para débito. Los datos del banco central han mostrado niveles que pueden llegar hasta 1.91% en crédito y 1.15% en débito, cifras que han alimentado el argumento de que México se mantiene por arriba de varios comparables internacionales en este rubro.

La discusión no es menor: en un país donde una parte importante del comercio opera con márgenes reducidos, las comisiones pueden influir en precios finales, incentivos para aceptar pagos electrónicos y en la formalización. Sin embargo, la industria ha insistido en que recortes abruptos podrían afectar los modelos de negocio que financian infraestructura, prevención de fraude, programas de recompensas y la expansión de aceptación, particularmente en segmentos de menor escala. En la práctica, el reto para el regulador consiste en equilibrar menores costos para comercios y consumidores con incentivos suficientes para inversión y entrada de nuevos jugadores.

En paralelo, el episodio más reciente en materia de competencia se dio cuando la Comisión Nacional Antimonopolio (CNA) negó la adquisición de una participación mayoritaria de PROSA por parte de Visa, al advertir riesgos que podrían traducirse en menor rivalidad en el procesamiento de pagos y en ventajas por acceso privilegiado a información transaccional. La resolución también planteó la posibilidad de un debilitamiento de alternativas de menor costo, un punto sensible en un sistema donde la escala y los efectos de red pueden reforzar posiciones dominantes si no hay contrapesos.

El impacto en comercios y consumidores: costos, precios y adopción

Para los comercios —desde cadenas nacionales hasta pequeños negocios— el costo total de aceptar tarjetas suele integrarse por varios elementos: comisión del adquirente, cuota de intercambio y cargos asociados a la red, además de costos por contracargos y prevención de fraude. Cuando el volumen de pagos crece tan rápido como en 2025, la discusión sobre comisiones se vuelve más visible porque afecta decisiones diarias: aceptar o no ciertos plásticos, promover transferencias, ofrecer descuentos por medios alternativos o incluso trasladar costos a precios. Para el consumidor, el efecto puede reflejarse de forma indirecta en precios y de forma directa en acceso a promociones y financiamiento; para el sistema, el riesgo es que una estructura de costos elevada limite la adopción en micro y pequeños comercios, donde México todavía tiene amplio potencial para reducir el uso de efectivo y avanzar en trazabilidad, eficiencia y seguridad.

El contexto macroeconómico añade capas a la discusión. Con una economía que ha mostrado resiliencia apoyada por el mercado laboral y por flujos externos como remesas, la demanda interna ha resistido, pero el consumo enfrenta el reto de un costo del dinero más alto que en la etapa de tasas bajas. En este entorno, la tarjeta de débito gana terreno como instrumento de pago y la tarjeta de crédito se mantiene como herramienta de financiamiento de corto plazo, aunque más sensible a cambios en tasas, comisiones y estrategias de los emisores. A la vez, el crecimiento de pagos digitales incrementa la relevancia de la ciberseguridad y de la continuidad operativa, aspectos que también requieren inversión y coordinación entre bancos, procesadores y autoridades.

Hacia adelante, el mercado mexicano de pagos seguirá bajo presión para aumentar competencia y reducir fricciones. La decisión de la CNA y el debate sobre cuotas de intercambio sugieren que el regulador buscará evitar concentraciones que limiten opciones y, al mismo tiempo, mantener un marco que permita innovación. En el mediano plazo, el foco estará en cómo se reparten los costos en la cadena de pagos, qué tan rápido se expande la aceptación en pequeños negocios y si los ajustes regulatorios logran traducirse en menores costos sin frenar inversión en infraestructura y gestión de riesgos.

En síntesis, el récord de 6.44 billones de pesos procesados con tarjeta en 2025 confirma la aceleración de los pagos electrónicos en México, pero también expone tensiones de fondo: comisiones, competencia y acceso. El desenlace regulatorio será clave para definir si el crecimiento se traduce en un ecosistema más eficiente y abierto, con beneficios tangibles para comercios y usuarios.