Ebrard vincula golpe al CJNG con mayor confianza económica; el reto es traducirlo en inversión y crecimiento

El gobierno apuesta a que el fortalecimiento del Estado de derecho mejore la percepción de riesgo y apoye comercio e inversión en México.

La lectura económica del gobierno federal sobre el operativo que culminó con el abatimiento de Nemesio Oseguera Cervantes, “El Mencho”, fue inmediata: más allá del impacto en seguridad, el secretario de Economía, Marcelo Ebrard, sostuvo que la acción envía una señal positiva al exterior sobre la capacidad del Estado mexicano para hacer cumplir la ley, un elemento que influye en decisiones de inversión, comercio y financiamiento.

En la narrativa oficial, el mensaje busca reforzar la idea de que México puede ofrecer condiciones más predecibles para producir, exportar y mover mercancías en un entorno regional donde la resiliencia de cadenas de suministro, los costos logísticos y la continuidad operativa pesan cada vez más. En particular, el tema de seguridad se ha vuelto un factor recurrente en la relación económica con Estados Unidos, no solo por su agenda doméstica, sino por su efecto sobre el clima de negocios en América del Norte.

Ebrard afirmó que, tras el operativo, se registró reconocimiento de contrapartes estadounidenses hacia la presidenta Claudia Sheinbaum y las fuerzas armadas, lo que —según su planteamiento— fortalece la percepción de México como socio confiable. La señal es relevante en un momento en el que el país compite por atraer inversión industrial vinculada al nearshoring, al mismo tiempo que enfrenta límites internos: infraestructura con cuellos de botella, costos de seguridad privada, y disparidades en la disponibilidad de energía y agua en polos manufactureros.

El secretario también destacó avances recientes en materia comercial: señaló que se ajustó la carga arancelaria para ciertos bienes que no cumplen reglas del tratado, pasando a 15% desde un 25% previo. Para exportadores, cualquier reducción de ese tipo puede mejorar márgenes y competitividad, especialmente en sectores donde la presión por costos es intensa y la demanda externa es sensible a precios. En el agregado, sin embargo, el efecto dependerá del alcance del ajuste y de si las empresas logran elevar contenido regional y cumplimiento normativo, un tema que ha cobrado peso con revisiones más estrictas en aduanas.

La economía mexicana llega a este episodio con una base mixta: por un lado, mantiene una integración profunda con Estados Unidos y una plataforma exportadora robusta; por otro, ha mostrado señales de desaceleración en algunos componentes de la demanda interna, mientras la inversión fija sigue siendo la variable que el mercado observa con mayor atención para calibrar el potencial de crecimiento. A ello se suma un entorno de tasas aún elevadas y un tipo de cambio que, con episodios de fortaleza, beneficia importaciones pero puede restar competitividad a ciertos exportadores si la apreciación se vuelve persistente.

Seguridad, riesgo país y costo de hacer negocios

En términos económicos, el impacto de un evento de seguridad de alto perfil suele transmitirse menos por un “cambio inmediato” en indicadores duros y más por expectativas: riesgo percibido, primas de seguros, decisiones de ubicación de plantas y costos logísticos. Una señal creíble de aplicación de la ley puede reducir incertidumbre y, con ello, el costo de hacer negocios en zonas industriales y corredores de exportación. No obstante, el efecto será sostenible solo si se traduce en mejoras operativas: reducción de extorsión y robos, mayor seguridad en carreteras, menor interrupción de actividades y fortalecimiento institucional local. Para inversionistas, la pregunta clave no es el anuncio aislado, sino la consistencia de la estrategia y su capacidad de estabilizar regiones productivas.

La administración enfrenta además un desafío de coordinación: los beneficios económicos de un mejor entorno de seguridad se materializan con mayor claridad cuando se acompañan de facilitación comercial, digitalización aduanera, reglas claras para inversión y certidumbre regulatoria. En esa ecuación, los compromisos de México en Norteamérica —incluidas reglas de origen, verificación laboral y trazabilidad de insumos— se vuelven parte del mismo paquete que define competitividad.

En el corto plazo, el mercado y el sector privado observarán si el episodio deriva en menor volatilidad operativa en estados clave, y si se preserva el flujo de comercio en la frontera norte. En el mediano plazo, el indicador decisivo será si la inversión productiva toma tracción, elevando productividad y permitiendo que la integración con Estados Unidos se traduzca en mayor valor agregado doméstico, más empleo formal y mejores salarios reales.

En suma, el gobierno busca capitalizar el mensaje de fortaleza institucional como activo económico frente a Estados Unidos y otros socios; la oportunidad existe, pero su efecto dependerá de resultados sostenidos que reduzcan riesgos y costos para empresas y familias.