México se alista para el nuevo mapa arancelario de Estados Unidos y busca blindar el libre acceso del T-MEC
El rediseño arancelario de Estados Unidos en agosto será clave para sostener la ventaja exportadora de México y acotar riesgos en autos, metales y agro.
Agosto se perfila como un mes determinante para el frente externo de la economía mexicana. Mientras Estados Unidos prepara un nuevo esquema arancelario con el que pretende reordenar el trato comercial hacia socios y competidores, el gobierno de México busca preservar el principal activo de su integración regional: que alrededor de 85% de sus exportaciones mantengan acceso sin arancel al mercado estadounidense al amparo del T-MEC.
La Secretaría de Economía, encabezada por Marcelo Ebrard, ha planteado que México parte de una posición relativamente favorable frente a otros proveedores de Estados Unidos, en un momento en que la política comercial estadounidense vuelve a endurecerse. La lectura del gobierno es que la preferencia arancelaria —sujeta al cumplimiento de reglas de origen y a la arquitectura del tratado— ha sido un amortiguador para sostener el dinamismo exportador, particularmente en manufacturas.
El reto, sin embargo, es que esa ventaja depende de cómo quede configurado el “nuevo mapa” comercial que Washington dará a conocer durante agosto. Por ello, México decidió mover la siguiente ronda formal de conversaciones con la Oficina del Representante Comercial de Estados Unidos (USTR) hacia septiembre: negociar antes de conocer las nuevas reglas, argumenta el equipo económico, implicaría hacerlo a ciegas respecto del trato que recibirán los competidores de México.
Más allá del calendario, el contexto macroeconómico eleva la relevancia de estas definiciones. Con una economía mexicana altamente vinculada a la demanda manufacturera de Estados Unidos —y con sectores como el automotriz, eléctrico-electrónico y de equipo médico estrechamente integrados— cualquier cambio arancelario, o un giro en la interpretación de reglas de origen, tiene efectos directos en inversión, empleo, tipo de cambio y recaudación en estados exportadores.
En paralelo, el desenlace de una investigación estadounidense asociada a la Sección 301 añade incertidumbre. De acuerdo con lo expuesto por Economía, el proceso se ha dividido en dos vertientes: una relacionada con trabajo forzoso (ya cerrada, con la sustitución de un arancel temporal por otro de magnitud similar bajo un fundamento legal distinto) y otra sobre capacidad excedente, cuya resolución se espera en la primera semana de agosto. México sostiene que ya presentó argumentos en audiencias y está a la espera del criterio final.
Autos, acero y aluminio: los sectores donde un ajuste se siente primero
En la agenda inmediata, México buscará reducir el arancel de 25% que enfrenta la industria automotriz, así como revisar las tarifas aplicadas al acero y al aluminio bajo la Sección 232. Estos frentes no son menores: el sector automotor es uno de los principales generadores de divisas y encadenamientos productivos del país, y el comercio de metales es estratégico para construcción, electrodomésticos, autopartes e infraestructura. Un encarecimiento sostenido por aranceles suele trasladarse a costos de producción, presiona decisiones de localización de plantas y puede alterar flujos de comercio intraempresa dentro de Norteamérica.
Para México, el objetivo es mantener certidumbre para las inversiones asociadas al nearshoring, que si bien ha enfrentado cuellos de botella —energía, agua, logística, seguridad y disponibilidad de capital humano— sigue dependiendo en buena medida de que el acceso al mercado de Estados Unidos permanezca predecible. En el corto plazo, un entorno arancelario más restrictivo podría desacelerar pedidos y exportaciones; en el mediano plazo, podría cambiar la forma en que las empresas diseñan cadenas de suministro, reforzando o debilitando la integración regional según el detalle de las reglas.
Otro punto sensible es el intento de Washington de ajustar las reglas de origen del T-MEC e introducir conceptos asociados a “seguridad económica”, un lenguaje que en años recientes ha cobrado peso en decisiones sobre tecnología, energía, minerales críticos y resiliencia de cadenas de suministro. La autoridad mexicana anticipa que estos debates podrían escalar y volverse centrales en la revisión del tratado prevista para 2027, un evento que, por sí mismo, suele elevar la prima de incertidumbre para inversiones orientadas a exportación.
En el campo, México mantiene una línea roja: rechazar criterios de estacionalidad para importaciones agropecuarias, una demanda recurrente de productores estadounidenses que buscan limitar la entrada de ciertos productos en periodos específicos. La postura mexicana es que un mecanismo así distorsionaría el funcionamiento del comercio agroalimentario construido bajo el T-MEC, afectando cadenas de abasto y encareciendo alimentos en uno u otro lado de la frontera según la temporada.
En el horizonte, el impacto de las decisiones de agosto no se limitará a lo comercial. En una economía donde las exportaciones manufactureras son un motor central del crecimiento y donde el tipo de cambio reacciona a expectativas sobre flujos de inversión y comercio, una mayor claridad —o un choque— en la política arancelaria de Estados Unidos puede influir en la confianza empresarial y en el ritmo de actividad de regiones industriales. Para el gobierno mexicano, llegar a septiembre con un diagnóstico completo del nuevo esquema será clave para ajustar la estrategia de negociación y defender el acceso preferencial que sostiene gran parte del intercambio bilateral.
En suma, México enfrenta un momento de definición: preservar el beneficio arancelario del T-MEC, contener riesgos por investigaciones y aranceles sectoriales, y anticipar la conversación rumbo a 2027. La señal que emita Estados Unidos en agosto marcará el tono de la negociación y, por extensión, el pulso de una parte importante de la economía mexicana.
