El SAT gana más litigios y eleva la apuesta fiscal: 80% del dinero en disputa quedó del lado del fisco en 2025

La autoridad tributaria consolidó su ventaja en tribunales, mientras nuevas reglas para impugnar créditos fiscales podrían endurecer aún más la defensa del contribuyente.

La balanza de la justicia tributaria en México se ha inclinado con mayor claridad hacia la autoridad. Al cierre de 2025, el Servicio de Administración Tributaria (SAT) ganó 55.5% de los juicios en última instancia y logró recuperar 80% de los recursos en disputa —cerca de 200,000 millones de pesos—, de acuerdo con datos de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP). En contraste, los contribuyentes obtuvieron resoluciones favorables en 32.9% de los casos y recuperaron 17.4% del monto controvertido.

El cambio luce significativo si se compara con 2018, cuando el fisco ganaba 48.5% de los procesos definitivos y se quedaba con 73.8% del dinero en pugna. Más allá del porcentaje de sentencias, también creció el rendimiento económico por litigio: Hacienda reporta que la autoridad recuperaba en promedio 12.8 millones de pesos por cada juicio ganado en 2018, frente a 23.5 millones en 2025, un incremento de 45.5%.

Detrás de estos resultados hay un giro de política pública que inició en el sexenio de Andrés Manuel López Obrador y continuó en el arranque de la administración de Claudia Sheinbaum: el fin de condonaciones generalizadas, una fiscalización más intensa sobre ejercicios pasados y una estrategia de “cobranza con litigio” en la que el SAT no solo determina créditos, sino que sostiene defensas más robustas ante tribunales. En casos de alto perfil —incluidos adeudos fiscales de grandes grupos empresariales—, el criterio judicial ha tendido a favorecer la postura recaudatoria del Estado.

La autoridad también ha afinado capacidades técnicas. Desde 2019, el Plan Maestro del SAT ha impulsado mayor uso de analítica de datos, cruces de información y herramientas digitales para focalizar auditorías. Esto ocurre en un entorno donde la recaudación se volvió pieza central para sostener programas sociales, elevar la inversión pública en proyectos prioritarios y enfrentar presiones estructurales del gasto, como el costo financiero de la deuda y necesidades crecientes en pensiones y salud.

En términos macroeconómicos, el endurecimiento fiscal se inscribe en una agenda más amplia de estabilidad: México ha buscado mantener disciplina en finanzas públicas y credibilidad ante inversionistas, especialmente en un ciclo donde el crecimiento es moderado, la inversión privada compite con incertidumbres regulatorias y la economía depende de una relación estrecha con Estados Unidos, principal destino de exportaciones y fuente clave de remesas.

Reforma 2026: impugnar será más caro y podría cambiar el cálculo de las empresas

Uno de los cambios con mayor impacto prospectivo es la reforma que aplicará en 2026 al Código Fiscal de la Federación: cuando el SAT determine un crédito fiscal, el contribuyente tendrá, en los hechos, dos rutas principales —pagar o impugnar—, pero para impugnar deberá depositar el monto del crédito mediante un billete de depósito en el Banco del Bienestar. El rediseño elimina alternativas que tradicionalmente funcionaban como garantías (por ejemplo, esquemas equivalentes a fianzas o cartas de crédito), lo que eleva el costo financiero de defenderse y restringe liquidez, sobre todo para compañías con márgenes apretados o ciclos de efectivo largos.

En el plano corporativo, esto puede traducirse en más acuerdos tempranos, mayores esfuerzos por “blindaje” de cumplimiento y un incremento en la demanda de consultoría fiscal preventiva. Para pequeñas y medianas empresas, el riesgo es que la nueva mecánica desincentive la impugnación incluso cuando exista controversia técnica legítima, por la imposibilidad de inmovilizar capital. A nivel sectorial, industrias intensivas en capital de trabajo —comercio, manufactura y logística— serían particularmente sensibles.

El gobierno, por su parte, sostiene que el objetivo es fortalecer el combate a la evasión, la elusión y operaciones simuladas, incluyendo el uso de facturación apócrifa. En un país donde la informalidad sigue representando una porción elevada del empleo y donde la base de contribuyentes formales es relativamente estrecha frente al tamaño de la economía, la autoridad ha buscado concentrarse en grandes contribuyentes y redes de operaciones irregulares para elevar la eficiencia recaudatoria sin subir tasas generales.

No obstante, especialistas advierten que el contexto institucional pesa: la percepción de menor independencia judicial o de presiones para fallar a favor del fisco puede alterar la expectativa de éxito del contribuyente. Si el litigio se percibe como una vía cada vez menos viable, el sistema podría moverse hacia un esquema más recaudatorio por diseño, pero con el riesgo de elevar la conflictividad y desalentar inversión si la certeza jurídica se debilita.

El potencial recaudatorio en disputa sigue siendo considerable. Al cierre de 2025, Hacienda contabilizaba 203,221 créditos fiscales controvertidos —con medios de defensa que suspenden acciones de cobro— por un monto que rebasa los dos billones de pesos. En un contexto de necesidades de financiamiento público y de presión por mantener un déficit controlado, el desenlace de estos litigios será relevante para el flujo de ingresos tributarios y para las expectativas del sector privado.

En perspectiva, la tendencia sugiere un SAT más sofisticado y con mayor capacidad de sostener casos complejos, mientras los contribuyentes enfrentarán un umbral más alto para litigar. La clave hacia 2026 será equilibrar una fiscalización efectiva con reglas de debido proceso y certidumbre, para que el fortalecimiento recaudatorio no se traduzca en un costo adicional para la inversión y la formalización.