GAFI pone la lupa en el fraude: el riesgo silencioso que encarece la economía mexicana

El auge del fraude digital ya es un riesgo sistémico que presiona a bancos, empresas y consumidores, y obliga a reforzar controles sin frenar la inclusión financiera.

El fraude, en sus distintas modalidades y con una aceleración marcada por la digitalización, se ha convertido en una amenaza global que ya no sólo afecta a individuos, sino que empieza a tener implicaciones económicas amplias: eleva costos operativos en el sistema financiero, debilita la confianza en los pagos digitales y presiona a reguladores y bancos a invertir más en controles. En ese contexto, el Grupo de Acción Financiera Internacional (GAFI) reforzó su agenda para enfrentar el problema durante su Quinta Reunión Plenaria realizada en la Ciudad de México.

La presidenta del organismo alertó que el fraude se comporta como una “epidemia” y recalcó que la exposición es generalizada: desde menores de edad con acceso temprano a dispositivos, hasta adultos mayores y usuarios con baja alfabetización digital. Datos de la Global Anti-Scam Alliance, citados en el encuentro, estiman que cerca de la mitad de los consumidores en el mundo enfrenta amenazas o intentos de fraude al menos una vez por semana, mientras que las pérdidas globales asociadas a estafas alcanzaron alrededor de un billón de dólares el año pasado, en un entorno donde los delincuentes se benefician de la velocidad de los movimientos de dinero y de la fragmentación transfronteriza de los flujos.

En México, el fenómeno se inserta en un momento de profunda expansión de pagos electrónicos, comercio en línea y transferencias inmediatas. Ese avance, que ha mejorado la bancarización y el acceso a servicios, también amplía la superficie de ataque: estafas románticas, extorsión, suplantación de identidad, falsas inversiones y engaños vía mensajería o redes sociales encuentran terreno fértil donde hay urgencia por crédito, apetito por rendimientos y uso cotidiano de aplicaciones financieras. Para el GAFI, el reto no es marginal: se trata de un riesgo que combina cibercrimen, lavado de dinero y debilidades de verificación, con efectos potenciales sobre la estabilidad y la confianza en el sistema.

En la plenaria, el organismo actualizó materiales para enfrentar el fraude facilitado por medios digitales, incluyendo una guía orientada a mejorar la recuperación de activos, justamente porque el dinero puede dispersarse en segundos entre cuentas, plataformas y jurisdicciones. También se revisaron aspectos de su Recomendación 16 —relacionada con el sistema de pagos— para incorporar mecanismos de defensa frente al fraude y al error operativo, en un reconocimiento de que los pagos modernos requieren controles más finos que no dependan sólo de alertas tradicionales o revisiones posteriores.

Un costo oculto: más fraude, más fricción y mayor precio del crédito

Más allá del daño directo a las víctimas, el fraude tiende a crear un “impuesto” invisible sobre la economía: obliga a bancos, fintech y comercios a reforzar autenticación, monitoreo y verificación; eleva el gasto en ciberseguridad y atención a reclamaciones; y, en última instancia, puede trasladarse a comisiones, primas de riesgo o condiciones más estrictas para otorgar crédito. En un país donde el consumo interno sigue siendo un motor relevante del crecimiento y donde millones de transacciones se realizan ya por transferencias y tarjetas, una oleada de fraudes sostenida puede introducir fricción: usuarios que vuelven al efectivo por desconfianza, comercios que restringen métodos de pago y empresas que endurecen procesos de alta de clientes, afectando la eficiencia del mercado.

El equilibrio es delicado. Si los controles se vuelven excesivos, la inclusión financiera puede resentirse: más requisitos, más rechazos y más costos para usuarios de menor ingreso o con historiales limitados. Por ello, el GAFI también ajustó su Recomendación 1 —vinculada con inclusión financiera— con el objetivo de que los países adopten salvaguardas que reduzcan el fraude sin cerrar la puerta a nuevos usuarios. Para México, esto se cruza con el crecimiento de cuentas digitales, el avance de canales remotos y la necesidad de elevar la educación financiera y digital, especialmente en segmentos vulnerables.

El impacto macroeconómico del fraude no suele capturarse de inmediato en indicadores como inflación o crecimiento, pero sí puede reflejarse en productividad y confianza: cuando empresas y familias dedican tiempo y dinero a resolver cargos no reconocidos, recuperar ahorros o enfrentar suplantaciones, disminuye el bienestar y se deteriora la eficiencia. Además, los fraudes de “inversión” suelen amplificarse en periodos de tasas elevadas o volatilidad, cuando el público busca rendimientos rápidos sin comprender riesgos, un punto especialmente relevante en un entorno global de ajustes monetarios y cambios en la percepción de riesgo.

Hacia adelante, el énfasis del GAFI anticipa una etapa de mayor coordinación entre autoridades, instituciones financieras y plataformas tecnológicas para acotar el fraude y mejorar la trazabilidad de los fondos, con foco en la rapidez para congelar o recuperar recursos. Para México, el desafío será reforzar capacidades de investigación y prevención, impulsar estándares de seguridad en pagos y elevar la cultura de verificación del usuario, sin frenar la digitalización que ha sido clave para ampliar el acceso a servicios financieros.

En perspectiva, el mensaje de la plenaria es que el fraude dejó de ser un problema “individual” para convertirse en un riesgo económico transversal: afecta confianza, encarece transacciones y obliga a rediseñar controles. El reto será avanzar hacia un ecosistema de pagos más seguro y ágil, con reglas y prácticas que protejan al usuario y preserven la inclusión.