Retenciones fiscales en crowdfunding elevan costos y amenazan la competencia en el crédito alternativo

La nueva mecánica de retención de IVA e ISR en plataformas de fondeo colectivo está encareciendo su operación y restando atractivo a sus rendimientos.

Los cambios fiscales incorporados en el Paquete Económico 2026 ya comenzaron a reconfigurar el mercado mexicano de crowdfunding —en particular el fondeo colectivo de deuda— al imponer a las plataformas nuevas obligaciones de retención de impuestos que presionan sus costos operativos y, al mismo tiempo, reducen el rendimiento neto percibido por los inversionistas. Actores del sector advierten que el ajuste puede acelerar cierres, concentrar el mercado en pocos jugadores y limitar una vía de financiamiento que en años recientes ganó tracción como alternativa a la banca tradicional.

La nueva mecánica obliga a las plataformas a retener IVA e ISR sobre los intereses pagados a personas físicas, lo que implica adecuaciones tecnológicas, administrativas y de emisión de comprobantes fiscales. Directivos de empresas del sector señalan que este rediseño no es menor: requiere cambios en sistemas, conciliaciones y procesos de cálculo para miles de operaciones, además de mantenimiento continuo para cumplir con reporteo y timbrado. En la práctica, el costo fijo de cumplimiento tiende a golpear más a plataformas pequeñas o en etapa de crecimiento, que operan con márgenes reducidos.

Desde la industria se argumenta que la implementación llegó sin un periodo de transición gradual y con áreas grises que complican el cumplimiento, particularmente cuando un usuario tiene múltiples inversiones o cuando los esquemas de pago no son intereses tradicionales sino rentas, regalías o dividendos. En un entorno donde la formalidad fiscal ya es una barrera para varios segmentos del sistema financiero no bancario, el cambio añade fricción y puede trasladarse a menores tasas para el inversionista o mayores tasas para el acreditado.

El fondeo colectivo opera como intermediación digital: conecta a quienes buscan crédito —desde proyectos inmobiliarios hasta capital para negocios— con personas que invierten a cambio de un rendimiento. En México, este modelo está regulado por la Ley Fintech desde 2018 y, de acuerdo con cifras del propio gremio a 2024, rondaba cerca de un millón de inversionistas y casi 15,000 millones de pesos en créditos colocados. Su crecimiento se explica por la digitalización financiera, la demanda de rendimientos y la búsqueda de crédito en un país donde el acceso bancario sigue siendo limitado para una parte relevante de hogares y pymes.

Sin embargo, el ajuste fiscal puede alterar ese equilibrio. Para el inversionista minorista, el atractivo del crowdfunding suele estar en la tasa nominal. Si el rendimiento neto cae por retenciones, parte del capital podría migrar a instrumentos con tratamiento fiscal más claro o con menor carga operativa para el intermediario. Para las plataformas, el riesgo es doble: menos volumen de inversión y mayores costos de cumplimiento, una combinación que deteriora la rentabilidad del modelo.

Implicaciones para inclusión financiera, competencia y costo del crédito

En términos de política pública, el reto es armonizar recaudación con competencia e inclusión financiera. México llega a 2026 con un crecimiento económico moderado, consumo presionado por tasas aún elevadas en términos reales y un mercado laboral que, aunque ha sostenido el ingreso, enfrenta el reto de la informalidad. En ese contexto, el crédito alternativo ha funcionado como válvula para segmentos que no siempre califican en banca o que buscan condiciones más ágiles. Si el fondeo colectivo se encoge o se concentra, el costo del crédito podría aumentar para ciertos acreditados y reducirse la diversidad de ofertas frente a bancos y sofomes.

Además, la asimetría regulatoria se vuelve un punto sensible: la industria sostiene que su carga estandarizada puede quedar por encima de la de otros intermediarios financieros formales, lo que desincentiva inversión y debilita el objetivo de ampliar el ahorro interno canalizado a proyectos productivos. En un mercado donde la confianza es clave, reglas percibidas como poco consistentes pueden elevar la prima de riesgo que exigen los inversionistas, encareciendo el fondeo para el acreditado final.

Otro ángulo es la competencia. Un marco que eleva costos fijos tiende a favorecer a jugadores grandes con mayor capacidad tecnológica y legal, reduciendo la posibilidad de que nuevos participantes entren o escalen. Esto importa porque, en mercados digitales, la innovación suele venir de empresas más pequeñas: si el ecosistema se achica, también se reduce el espacio para desarrollar productos más personalizados, mejor evaluación de riesgo y menores comisiones.

En el corto plazo, plataformas y asociaciones buscan mesas técnicas con la autoridad para clarificar modelos de operación y, eventualmente, ajustar el esquema para hacerlo más equiparable al resto del sistema financiero. Entre las propuestas que se discuten en el sector destacan criterios más precisos para el cálculo de retenciones, simplificación de comprobación y posibles umbrales de exención o tratamientos diferenciados para inversionistas minoristas, aunque cualquier cambio dependerá de la disposición del gobierno y del enfoque recaudatorio del momento.

Hacia adelante, el desempeño del crowdfunding en 2026 dependerá de qué tan rápido se resuelvan los vacíos normativos y de si el mercado logra absorber el choque regulatorio sin perder masa crítica. Si la retención reduce rendimientos netos y la operación se encarece, es probable que se observe menor dinamismo y mayor concentración; si se ajustan reglas para dar certidumbre y proporcionalidad, el modelo aún podría consolidarse como un canal relevante de financiamiento complementario para hogares y empresas.

En síntesis, la nueva obligación de retenciones fiscales está reordenando el fondeo colectivo en México: eleva costos, reduce rendimientos netos y puede afectar competencia y acceso al crédito, justo cuando la economía necesita más canales formales para financiar proyectos y fortalecer el ahorro interno.