El SAT gana más litigios y concentra la mayor parte del dinero en disputa: señales de una fiscalización más dura

La autoridad fiscal cerró 2025 con más victorias en última instancia y una mayor recuperación de montos litigados, en un entorno regulatorio más exigente.

El endurecimiento de la política tributaria en México se está reflejando cada vez con mayor claridad en los tribunales. Al cierre de 2025, el Servicio de Administración Tributaria (SAT) logró resoluciones definitivas favorables en una mayor proporción de juicios y, sobre todo, capturó una parte más alta del dinero en controversia, de acuerdo con cifras reportadas por la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP). El patrón sugiere una autoridad fiscal con mejores capacidades técnicas y legales, y un escenario en el que para los contribuyentes resulta más costoso —y menos predecible— apostar por el litigio.

Los datos marcan un cambio frente a 2018: en ese entonces, la autoridad ganaba 48.5% de los juicios de última instancia y recuperaba 73.8% del monto en disputa. Para 2025, el fisco se impuso en 55.5% de los procesos definitivos y recuperó cerca de 80% de los recursos controvertidos, un monto aproximado de 200,000 millones de pesos. Del lado contrario, los contribuyentes obtuvieron resoluciones favorables en 32.9% de los casos, asociadas a apenas 17.4% del dinero en pugna.

Más allá de las tasas de éxito, el tamaño de lo recuperado por caso también creció: Hacienda reporta que en 2018 la autoridad recuperaba en promedio 12.8 millones de pesos por juicio ganado, mientras que en 2025 el promedio subió a 23.5 millones, un incremento cercano a 45.5% en siete años. En la práctica, esto sugiere que el SAT no solo está ganando más, sino que está mejor posicionado en litigios de mayor cuantía o con criterios jurídicos más sólidos para sostener créditos fiscales relevantes.

El viraje se explica por varios factores. Por un lado, la administración federal eliminó la política de condonaciones a grandes contribuyentes mediante un decreto de 2019, y reforzó la revisión de ejercicios fiscales anteriores para determinar créditos. Por otro, el Plan Maestro del SAT —implementado desde 2019— ha impulsado auditorías más focalizadas, con mayor uso de analítica de datos, automatización y herramientas de inteligencia artificial para detectar discrepancias, redes de facturación simulada y patrones de riesgo.

Especialistas en materia fiscal han señalado, además, una evolución en la estrategia jurídica de la autoridad: equipos más capacitados y una defensa más activa en tribunales, lo que reduce espacios para que los contribuyentes ganen por fallas procesales o por debilidades técnicas de la representación del Estado. Casos de alta visibilidad, como controversias fiscales que han escalado a la Suprema Corte, han reforzado la percepción de que la cancha se ha inclinado hacia el fisco en asuntos relevantes.

Reformas fiscales 2026: más costo financiero para impugnar créditos

El entorno podría volverse aún más restrictivo a partir de 2026. Cambios al Código Fiscal de la Federación, orientados a fortalecer el combate al lavado de dinero, la evasión y la elusión —en particular la simulación de operaciones vinculada con facturas falsas— plantean un costo financiero más alto para quienes decidan impugnar créditos fiscales. En el nuevo diseño, cuando la autoridad determine un crédito, el contribuyente enfrentará una disyuntiva más rígida: pagar o impugnar, pero para impugnar deberá garantizar el monto mediante un billete de depósito en el Banco del Bienestar, sin alternativas como fianza, carta de crédito o embargo. Para empresas con problemas de liquidez o con flujos apretados, el cambio podría implicar una presión inmediata sobre capital de trabajo, incluso antes de que exista una resolución definitiva sobre la legalidad del crédito.

Este ajuste tiene implicaciones económicas en un momento en el que el crecimiento del país se mantiene moderado y el costo financiero sigue siendo un factor relevante para las empresas. Aunque Banxico ha iniciado un ciclo de recortes tras el pico inflacionario de años recientes, las tasas aún se ubican en niveles que encarecen el financiamiento, especialmente para compañías medianas y para cadenas de proveeduría con menor acceso a crédito bancario. En ese contexto, inmovilizar recursos para litigar puede afectar inversión, nómina y planes de expansión.

Dos billones en controversia: la recaudación en disputa como variable fiscal

El universo de créditos controvertidos sigue siendo amplio. Al cierre de 2025, Hacienda reportó 203,221 créditos fiscales en disputa —con medios de defensa en curso, por lo que no pueden ser cobrados— por un monto que rebasa los dos billones de pesos. Para las finanzas públicas, esa bolsa representa un potencial recaudatorio considerable, pero también un frente de incertidumbre: no todo lo litigado se materializa en ingresos, y su recuperación depende de criterios judiciales, capacidad de cobro y solvencia de los contribuyentes involucrados.

En un marco de disciplina fiscal, donde el gobierno busca sostener programas sociales y proyectos de inversión pública sin incrementos generalizados de impuestos, la eficiencia recaudatoria se vuelve un eje central. La apuesta ha sido cerrar espacios a esquemas de planeación agresiva, elevar la percepción de riesgo entre evasores y acelerar la fiscalización con tecnología. El efecto macroeconómico puede ser mixto: por un lado, mayores ingresos fortalecen la estabilidad fiscal; por otro, un clima percibido como más punitivo puede elevar el costo de cumplimiento, aumentar la litigiosidad y afectar la certidumbre para ciertas inversiones, especialmente en sectores intensivos en regulación tributaria.

Implicaciones para empresas y personas físicas: cumplimiento y estrategia

Para las empresas, el avance del SAT en tribunales refuerza la necesidad de blindaje preventivo: documentación robusta, controles internos sobre proveedores, validación de materialidad de operaciones y mayor disciplina en comprobación y deducciones. Para personas físicas con actividad empresarial, el impacto suele ser más operativo: revisiones automatizadas, discrepancias entre CFDI, declaraciones y movimientos bancarios, y requerimientos con plazos reducidos. En ambos casos, la tendencia apunta a que el margen de maniobra se está trasladando del “litigar después” al “prevenir desde el inicio”.

También hay un ángulo institucional: la percepción sobre la independencia y criterios del Poder Judicial en materia tributaria influye en la disposición a conciliar o a llevar casos a última instancia. Si el mercado interpreta que el camino judicial es cada vez menos efectivo para controvertir determinaciones fiscales, aumentará la búsqueda de acuerdos, autocorrecciones y regularizaciones tempranas, aun cuando existan dudas sobre la procedencia de ciertos créditos.

En suma, los resultados de 2025 confirman una autoridad fiscal más eficaz para defender sus determinaciones y capturar una mayor proporción de los montos litigados. Con reformas que elevarán el costo de impugnar y una cartera de créditos controvertidos que supera los dos billones de pesos, el debate se trasladará a cómo equilibrar recaudación, certidumbre jurídica y condiciones de inversión sin debilitar el cumplimiento tributario.