El SAT gana más litigios y eleva la recuperación de adeudos: el nuevo equilibrio fiscal en México

La autoridad tributaria consolida su ventaja en tribunales y prepara reglas más estrictas para impugnar, con efectos sobre liquidez y planeación fiscal.

El Servicio de Administración Tributaria (SAT) cerró 2025 con un mayor dominio en los juicios fiscales de última instancia, al ganar 55.5% de los procesos definitivos y recuperar alrededor de 80% del monto económico en disputa, equivalente a cerca de 200,000 millones de pesos, de acuerdo con cifras de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP). El cambio contrasta con 2018, cuando el fisco ganaba 48.5% de los casos y recuperaba 73.8% del dinero controvertido; en ese entonces, los contribuyentes obtenían resoluciones favorables en 41.2% de los asuntos.

Más allá del porcentaje de sentencias, el dato central es el “tamaño” del resultado económico: en 2025 los contribuyentes ganaron 32.9% de los juicios, pero sólo recuperaron 17.4% del dinero en contienda. En la práctica, la autoridad no sólo gana más, sino que gana mejor: Hacienda estima que el promedio recuperado por juicio favorable pasó de 12.8 millones de pesos en 2018 a 23.5 millones en 2025, un incremento cercano a 45.5% en siete años.

El endurecimiento de la estrategia fiscal se enmarca en la política de recaudación iniciada en el sexenio de Andrés Manuel López Obrador y continuada en la administración de Claudia Sheinbaum: se eliminó la práctica de condonar impuestos a grandes contribuyentes, se intensificaron auditorías de ejercicios previos y se elevó el costo de incumplir mediante determinación de créditos fiscales. A ello se sumó la consolidación del Plan Maestro del SAT, con mayor uso de analítica de datos y herramientas tecnológicas para seleccionar revisiones, así como una defensa jurídica más robusta en tribunales, según especialistas del sector.

En el contexto macroeconómico, el énfasis recaudatorio también responde a la necesidad de financiar compromisos de gasto y sostener la estabilidad de las finanzas públicas en un entorno de crecimiento moderado. México ha mantenido, en términos generales, una deuda pública manejable frente a sus pares emergentes, pero enfrenta presiones por el costo financiero, mayores necesidades de inversión pública y el gasto social. Con una base tributaria históricamente estrecha y una alta informalidad, la recaudación vía fiscalización se ha convertido en un componente clave para sostener ingresos sin subir tasas generales.

La discusión ocurre, además, en un momento en que el cumplimiento fiscal se vuelve más relevante para empresas integradas a cadenas de exportación, particularmente con el “nearshoring”. Para muchas compañías, la certeza jurídica y la administración del riesgo fiscal son factores cada vez más determinantes en decisiones de inversión, junto con costos logísticos, seguridad, energía y capital humano.

Reformas 2026: impugnar costará más y afectará la liquidez empresarial

Uno de los cambios con mayor potencial de impacto es el ajuste al Código Fiscal de la Federación a partir de 2026: cuando el SAT determine un crédito fiscal, el contribuyente podrá pagar o impugnar, pero para impugnar tendrá que depositar el importe del crédito mediante un billete de depósito en el Banco del Bienestar. La medida elimina alternativas comúnmente usadas para garantizar el interés fiscal, como fianza, carta de crédito o embargo. En términos económicos, el efecto inmediato podría ser un encarecimiento del litigio fiscal y un golpe a la liquidez, sobre todo para empresas medianas o grupos con flujos restringidos, ya que “pelear” una determinación exigiría inmovilizar recursos antes de una resolución definitiva.

Este nuevo diseño eleva el umbral para litigar y puede empujar a más contribuyentes a buscar acuerdos, autocorrecciones o pagos bajo protesta para evitar el congelamiento de capital. En la operación cotidiana, también puede modificar la planeación fiscal y la gestión de tesorería: compañías con alta exposición a revisiones podrían aumentar provisiones, reforzar controles internos, invertir más en cumplimiento y documentación, o reestructurar operaciones para reducir contingencias. El efecto secundario es que el litigio, que por años funcionó como “válvula” para diferir pagos mientras se resolvía el fondo, perdería atractivo.

Desde la óptica del SAT, el incentivo es claro: elevar la probabilidad de cobro y reducir estrategias dilatorias. Sin embargo, para el clima de negocios el reto será equilibrar eficiencia recaudatoria con certeza jurídica, especialmente en casos complejos donde existen interpretaciones técnicas sobre deducciones, precios de transferencia, IVA, acreditamientos o recharacterización de operaciones.

En paralelo, el monto potencial en disputa sigue siendo considerable. La SHCP reportó que al cierre de 2025 existían 203,221 créditos fiscales controvertidos —es decir, con medios de defensa— por un monto que rebasa los dos billones de pesos. Ese universo sugiere que, aun con mayores tasas de éxito, el fisco enfrenta un cúmulo de casos con impacto relevante en recaudación futura y en la carga administrativa del sistema judicial y del propio SAT.

La tendencia también está influida por la creciente sofisticación de la fiscalización: cruces de información, comprobación digital, trazabilidad de facturas y vigilancia sobre esquemas de simulación. A nivel internacional, México se ha alineado con prácticas de control más estrictas contra evasión y elusión, en parte por compromisos de intercambio de información y por estándares impulsados por organismos multilaterales. En este marco, el combate a facturación apócrifa y operaciones inexistentes seguirá siendo un eje de política tributaria.

El punto de tensión se mantiene en la percepción de imparcialidad y en los costos de acceso a la justicia. Especialistas advierten que, con cambios institucionales y una autoridad más presente en tribunales, los contribuyentes podrían enfrentar un terreno más adverso, particularmente en asuntos de gran cuantía. La consecuencia sería un giro hacia soluciones administrativas y preventivas: auditorías internas, revisiones de cumplimiento, fortalecimiento del gobierno corporativo fiscal y mayor cautela en interpretaciones agresivas.

En síntesis, el SAT ha consolidado una posición más fuerte en litigios fiscales y se prepara para endurecer las condiciones de impugnación en 2026. El efecto económico previsible es un aumento del costo de controversia y una reasignación de recursos hacia cumplimiento, lo que podría mejorar ingresos tributarios en el corto plazo, pero también elevar las exigencias de certidumbre y proporcionalidad para no frenar inversión ni afectar la competitividad.