México y Estados Unidos endurecen el cerco financiero a redes de fraude en tiempos compartidos ligadas al CJNG

La coordinación entre la UIF y el Departamento del Tesoro de Estados Unidos busca cortar flujos ilícitos que se camuflan en servicios turísticos y golpean la confianza económica.

Las autoridades financieras de México y Estados Unidos reforzaron esta semana su cooperación para frenar esquemas de fraude asociados a “tiempos compartidos” que, según las investigaciones, habrían servido para captar recursos y canalizarlos hacia redes vinculadas con el Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG). La Oficina de Control de Activos Extranjeros (OFAC) del Departamento del Tesoro de Estados Unidos designó a 24 sujetos —cinco personas físicas y 19 personas morales— por su presunta participación en la operación, mientras que en México la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP), mediante la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF), incorporó a siete sujetos adicionales a la Lista de Personas Bloqueadas.

La medida, de alto impacto operativo para el sistema financiero, implica restricciones para acceder a activos, operar cuentas y realizar transacciones en jurisdicciones y contrapartes que cumplan con regímenes de sanciones. En la práctica, el objetivo es desarticular la infraestructura económica que permite a organizaciones criminales mezclar ingresos ilícitos con actividades aparentemente legales, particularmente en regiones donde el turismo convive con un dinámico mercado inmobiliario y de servicios, como zonas del occidente del país.

De acuerdo con la información oficial, la UIF desarrolló análisis financieros, fiscales y corporativos para identificar patrones de transferencias, dispersión de recursos, uso de instrumentos de inversión, consumos relevantes con tarjetas y participación accionaria en diversas sociedades. Hacienda subrayó que la ampliación de medidas —tanto por la designación internacional como por el bloqueo nacional— busca cerrar espacios a intermediarios, prestanombres y estructuras corporativas utilizadas para mover dinero y reducir la trazabilidad.

Además del componente administrativo, el caso tiene vertiente penal: se presentaron denuncias ante la Fiscalía General de la República por posibles operaciones con recursos de procedencia ilícita. En paralelo, la coordinación con autoridades extranjeras se alinea con estándares del Grupo de Acción Financiera Internacional (GAFI), un marco que en los últimos años ha incrementado la presión para mejorar la prevención, detección y sanción del lavado de dinero y el financiamiento ilícito.

Implicaciones económicas: turismo, confianza y costos de cumplimiento

Más allá del impacto en los señalados, el episodio reabre una conversación económica de fondo: la vulnerabilidad de ciertos giros —incluido el de servicios turísticos y ventas patrimoniales— ante fraudes transnacionales que erosionan la confianza del consumidor y elevan el costo de hacer negocios. Para destinos que dependen de la derrama turística y de la reputación internacional, la proliferación de estafas asociadas a hospedaje, membresías y supuestos beneficios inmobiliarios puede traducirse en cancelaciones, litigios, reclamos y una mayor percepción de riesgo.

En el sistema financiero, estas acciones tienden a elevar la exigencia de controles internos. Bancos, transmisores de dinero, fintech y otras entidades obligadas pueden endurecer sus procesos de conocimiento del cliente (KYC), monitoreo de operaciones y verificación de beneficiarios finales. Eso fortalece la prevención, pero también incrementa costos de cumplimiento y puede alargar tiempos de apertura de cuentas o de validación de transacciones, especialmente para empresas con estructuras corporativas complejas. En un contexto en el que México busca consolidar su atractivo para la inversión —incluida la vinculada a relocalización de cadenas productivas—, la integridad financiera y la certeza regulatoria se vuelven activos clave.

En términos macro, las medidas de bloqueo y sanción suelen tener un efecto disuasivo: dificultan que recursos de origen ilícito se incorporen a circuitos formales, y reducen el margen de maniobra para comprar bienes, financiar operaciones o pagar servicios que dependan del sistema bancario. Sin embargo, también plantean el reto de evitar afectaciones colaterales a terceros de buena fe, por lo que los procesos de revisión, defensa y depuración de listas resultan relevantes para sostener un equilibrio entre eficacia y seguridad jurídica.

El caso ilustra cómo la economía mexicana, particularmente en regiones con alta actividad turística, enfrenta riesgos que ya no se limitan a la seguridad pública, sino que se extienden a la confianza en mercados, a la reputación internacional de los destinos y a la carga regulatoria del sistema financiero. La ruta prospectiva apunta a mayor coordinación binacional, más sofisticación en la inteligencia financiera y una presión creciente para transparentar estructuras corporativas y beneficiarios finales en operaciones de alto valor.