Deuda pública en máximos: el reto fiscal que enfrenta México rumbo a 2031
Con ingresos petroleros a la baja y gasto rígido al alza, el país carga una deuda equivalente a más de la mitad del PIB y con intereses que compiten con rubros sociales.
La deuda pública mexicana volvió a colocarse en el centro del debate económico conforme se consolida un entorno de menor dinamismo en los ingresos y mayores presiones del gasto. Al cierre de 2025, el Saldo Histórico de los Requerimientos Financieros del Sector Público (SHRFSP) —la medida más amplia de deuda— alcanzó 53.1% del PIB, equivalente a 18.7 billones de pesos, su nivel más alto desde que se tiene registro comparable a partir del año 2000, de acuerdo con cifras de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP).
El incremento refleja una tendencia de varios años: desde 2009, las finanzas públicas han operado con desbalances presupuestarios de manera persistente, es decir, el gasto ha superado de forma sistemática la capacidad recaudatoria. En el diagnóstico del Centro de Investigación Económica y Presupuestaria (CIEP), este patrón se explica por una combinación de ingresos petroleros en declive, mayores requerimientos por pensiones, apoyos y transferencias a Pemex, y un costo financiero de la deuda que se ha encarecido en la última década.
En términos cotidianos, la cifra se traduce en un indicador que busca dimensionar la carga potencial: la deuda per cápita. Con las estimaciones disponibles, si la deuda tuviera que liquidarse de manera colectiva, a cada habitante le correspondería un monto cercano a 151,000 pesos en 2026, con una trayectoria que podría seguir al alza hacia el cierre de la década. El CIEP advierte que, incluso si otros indicadores lucen relativamente estables, la deuda por persona tendería a crecer hacia 2031, en un contexto donde la población avanza hacia una estructura más envejecida.
La presión no es homogénea para todos los hogares. Con base en referencias de distribución del ingreso como la ENIGH, el pago hipotético por persona representaría varios años de ingresos para los estratos de menores recursos, mientras que para los deciles de mayor ingreso sería una fracción mucho más reducida. Sin ser un “recibo” real para las familias, el dato ilustra el tamaño del compromiso que el sector público administra y la relevancia de mantener una ruta creíble de sostenibilidad fiscal.
Intereses, tipo de cambio y la apuesta por deuda en pesos
Uno de los focos más sensibles es el costo financiero. En 2025, el pago de intereses se ubicó alrededor de 3.7% del PIB, un nivel que contrasta con etapas previas de tasas más bajas y que, de acuerdo con análisis del CIEP, desde 2015 ha superado el gasto federal en educación pública. En paralelo, Hacienda ha reportado que el costo financiero de la deuda también ha rebasado al gasto de inversión física, lo que alimenta un dilema recurrente: destinar recursos a pagar intereses reduce el margen para proyectos de infraestructura, mantenimiento y capital público, rubros que suelen elevar el crecimiento potencial.
En este punto, el manejo del riesgo cambiario cobra relevancia. En los últimos años, el gobierno ha buscado incrementar el peso de la deuda interna, con el objetivo de limitar la vulnerabilidad ante movimientos abruptos del tipo de cambio frente al Dólar estadounidense. La participación de la deuda interna pasó de niveles cercanos a dos terceras partes en 2018 a alrededor de tres cuartas partes en los cierres más recientes, una estrategia que funciona como “escudo” cuando hay episodios de volatilidad global, pero que no elimina el riesgo asociado a tasas de interés elevadas.
Hacia delante, una parte del alivio —si ocurre— podría venir de un ciclo de menores tasas, conforme la inflación continúe cediendo y se consoliden expectativas, aunque el espacio dependerá de las decisiones de Banco de México (Banxico) y del entorno externo. La trayectoria del peso frente al Dólar estadounidense también influye: una moneda relativamente apreciada ayuda a moderar el costo de la deuda externa y algunos componentes indexados, pero esa ventaja puede revertirse rápidamente si se endurecen las condiciones financieras globales o si aumentan las primas de riesgo.
El Paquete Económico 2026, en línea con advertencias de especialistas, pone sobre la mesa el desafío de contener el endeudamiento. En escenarios donde el control fiscal sea insuficiente, el SHRFSP podría seguir escalando y acercarse a niveles superiores hacia 2031. La aritmética es clara: con gasto rígido (pensiones, salud, transferencias y servicio de deuda) y con ingresos petroleros estructuralmente menores, la sostenibilidad descansa cada vez más en fortalecer la recaudación no petrolera, mejorar la eficiencia del gasto y sostener un crecimiento económico que eleve la base tributaria.
El telón de fondo es una transición demográfica que, gradualmente, reducirá la proporción de personas en edad de trabajar y elevará la demanda de pensiones, cuidados y servicios de salud. En México, esta dinámica suele discutirse menos que los factores coyunturales, pero es central: sin ajustes, la presión sobre el presupuesto tiende a intensificarse justo cuando el potencial de recaudación enfrenta límites si la informalidad permanece elevada y si el crecimiento no se acelera de forma sostenida.
Además del volumen total, importa la calidad del ajuste. Un recorte indiscriminado de inversión pública puede mejorar el balance de corto plazo, pero deteriorar la productividad y el crecimiento futuro; del otro lado, sostener déficits elevados sin anclas fiscales claras puede encarecer el financiamiento y ampliar el costo por intereses. Entre ambos extremos, los analistas suelen enfatizar la necesidad de reglas fiscales creíbles, transparencia en los pasivos y un rediseño gradual del gasto que atienda el envejecimiento sin desplazar inversión ni servicios esenciales.
En síntesis, el aumento de la deuda a máximos recientes refleja tensiones estructurales: menos renta petrolera, mayor rigidez del gasto y un servicio de deuda más costoso. La ruta hacia 2031 dependerá de combinar disciplina presupuestaria, un marco fiscal robusto y condiciones macroeconómicas estables que permitan reducir el peso de los intereses sin comprometer inversión y crecimiento.
