El agro de Estados Unidos presiona para dar certidumbre al T-MEC, mientras México mide riesgos en precios y abasto

La ofensiva del campo estadounidense para blindar el T-MEC subraya cuánto depende el abasto y la inflación de México de un comercio agroalimentario estable.

El campo de Estados Unidos se está organizando para defender, con cifras y cabildeo, la continuidad del T-MEC en la antesala de su revisión, en un momento en que la relación comercial enfrenta presiones políticas y disputas recurrentes. Cerca de 40 organizaciones agrícolas y agroindustriales lanzaron la Agricultural Coalition for USMCA con el argumento de que el acuerdo sostiene una porción crítica de su economía regional: solo en 2024, las exportaciones agrícolas y pesqueras estadounidenses hacia México y Canadá sumaron 60,904 millones de dólares, de los cuales 59,697 millones correspondieron a bienes agrícolas y 1,206 millones a productos del mar.

El mensaje central de la coalición es que el impacto va más allá del valor exportado: al incorporar encadenamientos productivos y consumo asociado a los ingresos, estiman que esas ventas detonaron 148,556 millones de dólares en actividad económica interna en Estados Unidos. En su lectura, por cada dólar exportado bajo el T-MEC se generaron 2.45 dólares adicionales en actividad dentro de su economía. Además, calculan que el comercio agroalimentario con México y Canadá respaldó 493,054 empleos equivalentes de tiempo completo en 2024, con 35,622 millones de dólares en ingresos laborales, y aportó 64,105 millones de dólares al PIB estadounidense, además de 13,184 millones en ingresos fiscales.

Para México, la relevancia de ese esfuerzo no es solo narrativa: confirma que, rumbo a la revisión del tratado, los sectores agrícolas de los socios comerciales buscarán preservar el acceso a mercado y, al mismo tiempo, empujar cambios regulatorios y sanitarios que reduzcan su incertidumbre. La economía mexicana—con una canasta de consumo sensible a alimentos básicos y una inflación que suele reaccionar a choques en agropecuarios—enfrenta el reto de mantener reglas claras para el comercio, sin perder margen de política pública en temas ambientales, de salud y de bioseguridad.

Desde la entrada en vigor del T-MEC en 2020, el intercambio agroalimentario en América del Norte ha mostrado mayor dinamismo que el comercio con el resto del mundo, de acuerdo con los datos citados por el propio grupo: entre 2020 y 2024, las exportaciones agrícolas estadounidenses hacia México y Canadá aumentaron en alrededor de 20,000 millones de dólares, un crecimiento de 47% en el periodo, frente a un avance de 18% hacia otros destinos. En 2024, destacaron el maíz (5,961 millones de dólares), lácteos (3,644 millones), panadería-cereales-pasta (3,472 millones), carne de cerdo (3,447 millones) y fruta fresca (2,812 millones), entre otros.

En el tablero mexicano, el grado de integración importa por su efecto en costos de producción y precios al consumidor: el maíz amarillo para uso pecuario, granos forrajeros, oleaginosas y cárnicos forman parte de cadenas que alimentan industrias como proteína animal y alimentos procesados. Cualquier fricción que eleve tiempos, costos logísticos o requisitos sanitarios puede reflejarse en el costo de insumos y, eventualmente, en inflación de alimentos, un rubro que suele pesar más en los hogares de menores ingresos.

Disputas agrícolas: del maíz transgénico a los aranceles al tomate

La coalición agrícola estadounidense presenta como “prueba” de fortaleza institucional del T-MEC el desenlace favorable a Estados Unidos en la controversia por el maíz genéticamente modificado. Para México, el caso ilustra una tensión de fondo: cómo conciliar objetivos de política pública—como la regulación de insumos agrobiotecnológicos—con compromisos de acceso a mercado y con la necesidad de certidumbre para productores e importadores. En paralelo, persisten conflictos comerciales que elevan el tono: Estados Unidos impuso un arancel antidumping de 17% al tomate mexicano; productores estadounidenses han presionado por investigaciones o medidas contra berries y aguacate; y del lado mexicano han existido investigaciones antidumping sobre manzanas y ciertos productos de carne de cerdo provenientes de Estados Unidos. En el triángulo con Canadá también hay fricciones por la protección al sector lácteo y diferencias regulatorias en insumos agrícolas.

La experiencia reciente sugiere que estas disputas tienden a multiplicarse cuando el ciclo político se acelera y cuando los precios internacionales de alimentos se vuelven más volátiles. Para México, un factor adicional es la interacción entre comercio y clima: sequías en regiones agrícolas, presiones en disponibilidad de agua y cambios en rendimientos elevan la dependencia de importaciones en ciertos granos y forrajes, lo que vuelve aún más valioso un marco comercial predecible. En ese contexto, el T-MEC no elimina conflictos, pero sí ofrece un andamiaje de reglas y paneles que puede contener daños y evitar que las diferencias se conviertan en cierres unilaterales prolongados.

En el corto plazo, la discusión del tratado ocurre mientras México busca sostener el crecimiento en un entorno de tasas todavía elevadas en términos reales, inversión cautelosa y un sector externo que ha sido motor por exportaciones manufactureras. El agro es una pieza distinta, pero conectada: por un lado, México es un exportador relevante de frutas, hortalizas y alimentos procesados hacia Estados Unidos; por el otro, importa granos y proteínas que inciden en costos internos. La certidumbre comercial ayuda a la planeación de ciclos agrícolas, a la inversión en infraestructura de almacenamiento y a la adopción de tecnología, elementos clave para elevar productividad y contener presiones de precios.

Hacia la revisión de 2026, el interés del campo estadounidense por “blindar” el acuerdo anticipa una negociación con fuerte énfasis en medidas sanitarias y fitosanitarias, trazabilidad, biotecnología y mecanismos de solución de controversias. Para México, el reto será sostener acceso preferencial en sus exportaciones agroalimentarias, evitar medidas que encarezcan insumos críticos y, al mismo tiempo, fortalecer su resiliencia productiva: mayor eficiencia hídrica, logística interna, financiamiento al campo y estrategias de diversificación que reduzcan vulnerabilidad ante choques externos.

En perspectiva, el movimiento del agro de Estados Unidos refuerza una lectura pragmática: el T-MEC se ha convertido en un seguro de previsibilidad para cadenas altamente integradas. Para México, la prioridad será llegar a la revisión con datos, capacidad técnica y un enfoque que minimice fricciones comerciales, porque en alimentos la certidumbre no solo protege exportaciones; también protege precios y abasto.