Empresas de Arizona encienden alertas por la revisión del T-MEC: el impacto se mediría primero en la frontera con México

La incertidumbre sobre el T-MEC hacia 2026 ya influye en planes de inversión y logística, con Sonora y el norte de México como zonas más expuestas.

La próxima revisión del T-MEC se ha convertido en un factor de riesgo tangible para empresas del suroeste de Estados Unidos, particularmente en Arizona, donde la relación productiva con México sostiene una parte relevante del comercio, la logística y el empleo asociado a cadenas de suministro transfronterizas. Un estudio del Seidman Research Institute, de la Universidad Estatal de Arizona, encontró que 85.7% de las empresas consultadas anticipa efectos negativos para el estado si el acuerdo no se mantiene en 2026, un dato que añade presión a un proceso de evaluación que, aunque previsto en el propio tratado, ocurre en un entorno político más volátil.

La relevancia de México en esa ecuación no es marginal: en 2024, 27.8% de las exportaciones de Arizona tuvo como destino México, frente a 8.6% dirigido a Canadá. En valor, las exportaciones totales del estado sumaron 32,400 millones de dólares y, de acuerdo con el reporte, crecieron 7.5% respecto a 2019, el último año completo bajo el TLCAN. En términos de integración, la frontera Arizona–Sonora funciona como un corredor de manufactura, agroindustria y distribución donde el costo del tiempo —filas, inspecciones, congestión— se traduce en costos financieros.

El documento subraya que una ruptura o deterioro del marco de reglas tendría efectos inmediatos: retrasos fronterizos, encarecimiento de insumos, menor fluidez logística y pérdida de competitividad para sectores que dependen de procesos productivos integrados, desde la manufactura avanzada hasta la industria aeroespacial y automotriz. A ello se suma el componente de incertidumbre política: reportes en medios internacionales sobre una presunta intención del expresidente Donald Trump de sacar a Estados Unidos del acuerdo agitaron nuevamente a actores empresariales. Desde México, la presidenta Claudia Sheinbaum ha señalado que no existe notificación formal y que el tratado permanece vigente.

Para México, el tema no es ajeno: el T-MEC se ha convertido en el ancla institucional del auge exportador y del reposicionamiento de la inversión hacia América del Norte, en un contexto donde el “nearshoring” compite con restricciones de infraestructura, disponibilidad de energía y seguridad. Aun con esas limitantes, la manufactura de exportación —en especial automotriz, electrónica, dispositivos médicos y aeroespacial— depende de la certidumbre regulatoria para planear inventarios, rutas y compras de largo plazo.

Si el comercio intrarregional perdiera el paraguas arancelario y de reglas comunes, el ajuste no sería automático. Las empresas consultadas en Arizona estiman que relocalizar proveedores dentro de Estados Unidos tomaría entre tres y cinco años y requeriría inversiones considerables, con costos que podrían trasladarse gradualmente a precios finales. Para México, la lectura es doble: un escenario de fricciones comerciales afectaría primero a los estados fronterizos y al Bajío industrial, pero también abriría la puerta a una recomposición de cadenas hacia otros países si la región pierde previsibilidad.

La frontera como termómetro económico: logística, costos y competitividad

En la economía real, la integración se refleja en cruces fronterizos, almacenes, patios de carga y líneas de producción que operan con inventarios ajustados. Cualquier cambio que incremente inspecciones, revise reglas de origen o eleve el riesgo de aranceles puede encarecer el capital de trabajo: más días de inventario significan más financiamiento, mayor costo de almacenamiento y más presión sobre márgenes. En el corredor Sonora–Arizona, donde conviven maquila, agroexportación y transporte, la competitividad depende tanto de la política comercial como de la infraestructura aduanera y la coordinación binacional. Para México, esto conecta con retos domésticos: modernización de cruces, digitalización de trámites, disponibilidad de transporte y certidumbre para inversiones industriales, especialmente en regiones que buscan capturar proyectos asociados al “nearshoring”.

En Arizona, la preocupación empresarial también se amplifica por el papel del estado como nodo logístico del suroeste. El estudio advierte riesgos como pérdida de centros de distribución, menor actividad en puertos de entrada y debilitamiento del posicionamiento regional si se encarece el intercambio con México. En paralelo, cámaras empresariales han presionado para preservar el acuerdo: más de dos docenas de organizaciones locales se sumaron a una coalición nacional de más de 500 grupos que han pedido continuidad del T-MEC, argumentando que millones de empleos en Estados Unidos dependen del comercio con México y Canadá.

Del lado mexicano, el debate ocurre en un momento de desaceleración global y de ajustes monetarios: tasas aún elevadas mantienen el costo del crédito en niveles restrictivos, mientras el consumo y la inversión evalúan señales de confianza. La estabilidad del marco comercial con Estados Unidos —principal destino de exportaciones mexicanas— suele reflejarse en decisiones de inversión en plantas, parques industriales y proveeduría, así como en expectativas cambiarias y costos de cobertura para empresas con flujos en dólares.

Más allá de la coyuntura política, la discusión de fondo es si Norteamérica mantendrá un bloque con reglas previsibles para competir con Asia y Europa. Para México, la continuidad del T-MEC no resolverá por sí sola cuellos de botella internos, pero sí reduce un riesgo mayor: que la inversión posponga decisiones ante la posibilidad de fricciones arancelarias, reglas cambiantes o litigios prolongados. En ese sentido, la revisión de 2026 será una prueba de coordinación política y de capacidad técnica para resolver controversias sin romper los incentivos a la integración productiva.

En balance, el mensaje que llega desde Arizona es claro: la incertidumbre sobre el T-MEC ya tiene costo en expectativas y planeación. Para México, la prioridad será sostener certidumbre comercial mientras atiende los desafíos internos que determinan si el país puede capitalizar, de forma duradera, la reconfiguración de cadenas de suministro en la región.