Plan de infraestructura 2026-2030: la apuesta por inversión mixta que choca con el costo del dinero, la seguridad y el T-MEC
El programa busca detonar crecimiento con capital público y privado, pero su éxito dependerá de reglas claras, financiamiento de largo plazo y menor incertidumbre.
El nuevo Plan de Inversión en Infraestructura para el Desarrollo con Bienestar 2026-2030 plantea una hoja de ruta ambiciosa: movilizar hasta 5.6 billones de pesos con participación del sector público y del sector privado en proyectos de energía, transporte, puertos, aeropuertos, salud, agua y educación. En el papel, el programa llega en un momento en el que México necesita apuntalar el crecimiento potencial, reducir cuellos de botella logísticos y aprovechar la relocalización de cadenas productivas; en la práctica, enfrenta tres pruebas que suelen definir la viabilidad de los grandes anuncios: financiamiento, condiciones de seguridad y certidumbre jurídica, y el calendario de revisión del T-MEC con Estados Unidos y Canadá.
La Secretaría de Hacienda ha estimado que, con inversión adicional a la presupuestada por 722,000 millones de pesos en 2026, el plan podría elevar el crecimiento del PIB hacia un rango de 2.5% a 3.0% ese año. El optimismo, sin embargo, está condicionado a la capacidad real de ejecutar el gasto en tiempo y forma, a que los proyectos estén listos para licitarse, y a que el entorno macroeconómico no se deteriore. En México, la brecha entre lo programado y lo efectivamente ejercido —por procesos administrativos, amparos, derechos de vía o problemas de proveeduría— ha sido un factor recurrente para explicar por qué la infraestructura no siempre se traduce en el impulso económico prometido.
En un contexto de finanzas públicas más presionadas —por mayores obligaciones de gasto social, necesidades de inversión y el costo financiero de la deuda— el diseño de vehículos de inversión mixta se vuelve crucial. La señal de que se busca atraer capital privado es relevante, pero el mercado suele exigir claridad contractual, asignación transparente y, sobre todo, estabilidad en las reglas para comprometer recursos a plazos de 10, 20 o 30 años.
Financiamiento: el desafío no es sólo “hay dinero”, sino a qué plazo y bajo qué riesgos
El primer reto es construir una arquitectura financiera que convierta el apetito potencial de bancos, inversionistas institucionales y administradores de activos en crédito y capital con tasas competitivas. Aun con un sistema bancario capitalizado y con inversionistas de largo plazo interesados en activos reales, el costo del dinero importa: tasas elevadas encarecen proyectos y reducen su rentabilidad esperada. En ese escenario, la diferencia entre un proyecto bancable y uno inviable suele estar en detalles como garantías, fuentes de pago, calidad de la información, mecanismos de actualización tarifaria, y una distribución equilibrada de riesgos entre gobierno y privados.
También pesa la capacidad técnica del sector público para estructurar licitaciones robustas y fiscalizar su cumplimiento. Cuando los contratos son ambiguos o las reglas de terminación y arbitraje no están bien definidas, los inversionistas exigen mayores retornos para compensar el riesgo, lo que termina encareciendo la obra para el erario o para el usuario final. De ahí que diversos analistas insistan en procesos competitivos, disciplina en la planeación y una ejecución que evite cambios de alcance a mitad del camino, una de las principales fuentes de sobrecostos.
Seguridad y certeza regulatoria: El segundo reto es el entorno para hacer negocios. La inversión en infraestructura es especialmente sensible a la seguridad física de activos y personal —por robo, extorsión o interrupciones operativas— y a la fortaleza del estado de derecho. Encuestas recientes entre especialistas del sector privado han mantenido como principales obstáculos la inseguridad, la corrupción y la debilidad institucional, factores que influyen en la decisión de instalar una planta, ampliar una red logística o comprometer capital en proyectos concesionados.
A esa ecuación se suma la incertidumbre legal y regulatoria. En mercados donde los permisos pueden retrasarse, las reglas pueden cambiar con poca anticipación o los litigios se encarecen, los inversionistas tienden a pausar decisiones hasta tener mayor visibilidad. Para proyectos de infraestructura —que requieren certidumbre de ingresos futuros y condiciones claras de operación— el costo de la incertidumbre suele traducirse en tasas más altas, menor competencia en las licitaciones y, en casos extremos, cancelación o reconfiguración de proyectos.
T-MEC bajo revisión: El tercer reto es externo, pero con efectos directos sobre el clima de inversión: el proceso de revisión del T-MEC. El tratado ha sido un ancla relevante para sectores exportadores y para el atractivo de México como plataforma manufacturera hacia Estados Unidos y Canadá. Sin embargo, el calendario de revisión y las negociaciones asociadas pueden introducir un “descuento” temporal en las decisiones de inversión, particularmente en industrias intensivas en capital que dependen del acceso preferencial a Norteamérica. Aun si el acuerdo permanece vigente, la expectativa de rondas sucesivas de revisión puede prolongar la cautela empresarial y afectar el ritmo de colocación de capital en proyectos productivos e infraestructura complementaria.
En el trasfondo, el plan de infraestructura intenta responder a una necesidad estructural: elevar la productividad y resolver rezagos que limitan el crecimiento. La demanda de energía confiable, redes de agua con menor pérdida, carreteras y puertos con mayor capacidad, y servicios de salud y educación con infraestructura suficiente es una condición para que el país capture más inversión ligada al nearshoring y para que el mercado interno gane dinamismo. No obstante, la ventana de oportunidad compite con restricciones operativas: disponibilidad de derechos de vía, consulta y gestión social en territorios, capacidades de ingeniería y construcción, y coordinación entre niveles de gobierno.
Hacia adelante, la credibilidad del plan se medirá menos por el monto anunciado y más por indicadores verificables: pipeline de proyectos con ingeniería madura, licitaciones con competencia real, tiempos de ejecución, calidad del gasto y mantenimiento posterior. También será clave que los esquemas de inversión mixta ofrezcan reglas estables y mecanismos de solución de controversias confiables, elementos que inciden directamente en el precio del financiamiento.
En síntesis, el Plan 2026-2030 abre una ruta para movilizar recursos y atacar cuellos de botella, pero su consolidación dependerá de contratos claros, seguridad en la operación, disciplina en la ejecución y un entorno de certidumbre, especialmente ante la revisión del T-MEC con Estados Unidos y Canadá.