Multas del SAT se disparan: la fiscalización digital eleva la presión recaudatoria en México

La recaudación por multas fiscales en México creció con fuerza en los últimos seis años, reflejando un giro hacia una fiscalización más intensiva y apoyada en herramientas tecnológicas. Datos de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP) muestran que al cierre de 2025 el ingreso por este concepto alcanzó 30,368 millones de pesos, frente a 9,056 millones en 2019. El salto no solo indica un mayor “brazo recaudador”, sino una mayor capacidad del Estado para detectar inconsistencias y conducir procesos de autocorrección o regularización.

El principal motor de este aumento fue la llamada “corrección fiscal”, rubro que pasó de 7,316 millones de pesos a 26,769 millones en el periodo y elevó su peso dentro del total de multas de 80% a 88%. En la práctica, este tipo de sanción suele aparecer cuando la autoridad identifica discrepancias y el contribuyente corrige declaraciones o pagos tras requerimientos o revisiones. Especialistas atribuyen la mayor precisión a la consolidación de bases de datos y a la analítica aplicada a la información tributaria: la masificación del CFDI desde mediados de los 2000, la contabilidad electrónica y el cruce de información bancaria y corporativa han elevado la probabilidad de detección de errores u omisiones.

En ese contexto, el SAT ha empujado una estrategia de cumplimiento que combina digitalización, automatización de alertas y modelos de riesgo para seleccionar contribuyentes y operaciones. En un entorno en el que la política fiscal ha buscado aumentar ingresos sin crear nuevos impuestos de amplio alcance, el énfasis en eficiencia recaudatoria se ha vuelto una pieza central para sostener programas de gasto, compensar presiones presupuestales y mantener estabilidad en las finanzas públicas.

En el detalle operativo, los motivos más comunes detrás de sanciones incluyen la omisión de ingresos, cálculos erróneos de pagos provisionales y fallas en el reporte de intereses, dividendos o ganancias de capital. Para las empresas, también pesan inconsistencias entre lo facturado y lo declarado, diferencias en IVA acreditable/trasladado y errores en complementos o timbrado. Aunque muchas multas están asociadas a fallas administrativas, su aumento sugiere que el costo de no invertir en control interno, contabilidad y asesoría fiscal se ha vuelto más alto, en especial para pymes que operan con márgenes estrechos.

Otro frente relevante es comercio exterior. Las multas vinculadas a operaciones aduaneras subieron de 860 millones de pesos en 2019 a 2,584 millones en 2025. Aunque su participación dentro del total bajó ligeramente (de 9.4% a 8.5%), el avance en montos coincide con un endurecimiento del combate a prácticas como subvaluación, contrabando técnico y uso irregular de programas de importación. En una economía altamente integrada a Norteamérica, donde exportaciones manufactureras y cadenas de suministro dependen de flujos aduaneros ágiles, un mayor rigor puede elevar costos de cumplimiento en el corto plazo, pero también reducir competencia desleal y mejorar trazabilidad.

El incremento de multas ocurre además en un ciclo de desaceleración e incertidumbre global donde México busca capitalizar el reacomodo de cadenas productivas. Con inversión privada sensible a certidumbre regulatoria, la autoridad enfrenta un balance delicado: reforzar la base tributaria y el cumplimiento sin generar percepciones de arbitrariedad. Para los contribuyentes, el mensaje es claro: el estándar de documentación y consistencia contable exigido es cada vez más alto; para el gobierno, el reto será que el aumento recaudatorio por sanciones se traduzca en mayor formalidad y no solo en cobranza extraordinaria.

En perspectiva, el fortalecimiento de la fiscalización digital apunta a mantenerse, con más cruces automatizados y revisiones focalizadas. Si se acompaña de simplificación de trámites, reglas claras y atención efectiva al contribuyente, puede elevar la recaudación de manera sostenida; si no, podría incrementar litigios, costos de cumplimiento y fricciones con sectores productivos. En síntesis, el salto en multas revela un SAT con mayor capacidad tecnológica, una estrategia de control más fina y un entorno donde los errores fiscales —voluntarios o no— se castigan con mayor rapidez y monto.

Observaciones: la triplicación de ingresos por multas refleja una fiscalización más precisa impulsada por digitalización; la “corrección fiscal” concentra el grueso del crecimiento y comercio exterior se refuerza como foco de control. Hacia adelante, el impacto dependerá de si el mayor rigor viene acompañado de simplificación y certidumbre para favorecer el cumplimiento sin frenar la actividad económica.