Inversión pública en infraestructura se desploma en 2025 y enciende alertas sobre crecimiento y competitividad
La inversión física del sector público en México cerró 2025 con una contracción real anual de 28.4%, el retroceso más pronunciado desde que hay registros comparables en la serie histórica disponible desde 1991. El gasto destinado a infraestructura se ubicó en 769,961 millones de pesos, por debajo del billón de pesos observado un año antes, en un contexto de restricciones presupuestales, prioridades de gasto social y un entorno de desaceleración que ha presionado las expectativas de crecimiento.
El recorte no ocurre en el vacío. Desde 2015, con la caída de los ingresos petroleros y un viraje hacia la consolidación fiscal, la inversión pública ha sido uno de los rubros más ajustables del presupuesto. Aun cuando el gasto en grandes proyectos de los últimos sexenios elevó la visibilidad de ciertas obras, analistas han insistido en que el rezago se concentra en infraestructura “habilitadora” —carreteras, mantenimiento, logística, conectividad urbana, puertos y sistemas de agua—, componentes que suelen definir costos de transporte, tiempos de entrega y productividad regional.
El ajuste de 2025 llega en un momento en el que México busca capitalizar el nearshoring y la relocalización de cadenas productivas en Norteamérica, pero enfrenta cuellos de botella en energía eléctrica, disponibilidad de agua en polos industriales del norte y limitaciones de movilidad en zonas metropolitanas. En ese entorno, la señal que envía el gasto público importa tanto como el monto: cuando el Estado reduce su papel como ancla de proyectos, aumenta la percepción de riesgo y se retrasa la inversión complementaria del sector privado.
La Secretaría de Hacienda anunció recientemente el Plan de Inversión en Infraestructura para el Desarrollo con Bienestar 2026-2030, con una cartera que buscaría movilizar hasta seis billones de pesos entre recursos públicos y privados. Para 2026, el presupuesto plantea elevar la inversión física a alrededor de 968,000 millones de pesos (de 2.1% a 2.6% del PIB), y adicionalmente se han mencionado montos extra para proyectos en energía, trenes, carreteras, puertos, salud, agua, educación y aeropuertos. La lectura del mercado, sin embargo, dependerá de la “letra chica”: qué esquemas se usarán (APP, concesiones, proyectos mixtos), cómo se asignarán riesgos, y qué tan rápido podrán licitarse y ejecutarse obras con reglas claras.
El desafío es doble. Por un lado, la inversión pública debe recuperar continuidad y mantenimiento, rubros que suelen recortarse primero pero que determinan la vida útil de carreteras, presas, hospitales y redes urbanas. Por otro, el país compite por capital con otras economías emergentes y requiere condiciones que reduzcan la prima de riesgo: certidumbre regulatoria, tiempos de permisos más predecibles, coordinación entre niveles de gobierno y capacidades técnicas para estructurar proyectos bancables. En la práctica, los grandes anuncios pierden fuerza si no se traducen en pipeline, licitaciones y avances físicos medibles trimestre a trimestre.
El comportamiento del gasto también tiene implicaciones macro. Menor inversión pública puede limitar la demanda agregada en el corto plazo —particularmente en construcción y proveeduría— y reducir el crecimiento potencial a mediano plazo al mantener altos costos logísticos. Además, en un entorno de tasas aún elevadas y crédito selectivo, la infraestructura pública suele funcionar como “catalizador” para detonar parques industriales, vivienda y servicios; sin ella, la inversión privada tiende a concentrarse en zonas ya consolidadas, ampliando brechas regionales.
En los próximos meses, el foco estará en la capacidad del gobierno para conciliar disciplina fiscal con una agenda de inversión creíble. El tipo de cambio y los flujos de portafolio suelen reaccionar a señales de estabilidad macro y a la percepción de riesgo país; por ello, decisiones de infraestructura, aunque parezcan sectoriales, terminan influyendo en la conversación financiera más amplia, incluida la demanda por cobertura en dólar estadounidense para importaciones y contratos de largo plazo vinculados a proyectos.
En síntesis, el desplome de 2025 confirma que la infraestructura sigue siendo el “amortiguador” del presupuesto cuando se busca ajustar finanzas públicas, pero también subraya el costo de postergar inversión productiva. El Plan 2026-2030 puede mejorar el panorama si aterriza con reglas, ejecución y coordinación público-privada; de lo contrario, el rezago en logística, agua y energía seguirá siendo un freno silencioso para el crecimiento y la competitividad.
