SAT endurece la lupa sobre préstamos no bancarios: qué cambia para quienes piden crédito en México
La vigilancia antilavado alcanza a prestamistas no financieros y puede implicar más requisitos de identificación y trazabilidad para el cliente final.
En un país donde el acceso al financiamiento formal sigue siendo limitado para millones de hogares y micronegocios, el mercado de préstamos personales fuera de la banca se ha expandido con rapidez: desde esquemas entre particulares y empresas que adelantan recursos a su plantilla, hasta intermediarios no bancarios que ofrecen crédito “rápido”. En ese contexto, el Servicio de Administración Tributaria (SAT) mantiene y refuerza la supervisión de quienes otorgan mutuos, préstamos o créditos sin ser instituciones financieras, al considerarlos dentro del universo de “Actividades Vulnerables” por su potencial uso para el lavado de dinero.
La regulación no está dirigida únicamente a bancos, Sofomes, Socaps o Sofipos —figuras ya integradas al perímetro financiero—, sino a sujetos distintos a estas entidades cuando prestan de forma habitual o profesional. El objetivo, desde la óptica fiscal y de prevención de operaciones con recursos de procedencia ilícita, es elevar la trazabilidad: identificar quién presta, quién recibe, por qué monto y bajo qué condiciones, especialmente cuando las operaciones rebasan umbrales relevantes.
El mecanismo central pasa por el registro en el Sistema del Portal de Prevención de Lavado de Dinero (SPPLD) y la presentación de avisos periódicos. Además, se establecen obligaciones de “conocimiento del cliente”: verificación documental de identidad, recopilación de información del beneficiario controlador en el caso de personas morales o figuras jurídicas, y la integración de expedientes por cada cliente, que deben resguardarse durante una década. En la práctica, esto puede traducirse en más solicitudes de información para el usuario final al contratar un préstamo con un oferente no bancario.
Uno de los puntos clave es el umbral a partir del cual una operación requiere aviso a la autoridad: 1,605 veces el valor diario de la UMA. Con la UMA en 117.31 pesos para 2026, el monto de referencia asciende a 188,282.5 pesos. Si bien la obligación de reportar recae en quien otorga el préstamo, el proceso implica recabar y conservar datos del solicitante, lo que refuerza la importancia de que las personas sepan quién les presta y bajo qué marco opera.
Las sanciones por incumplimiento son elevadas y progresivas, con multas que pueden ir de 200 a 65,000 UMA, es decir, aproximadamente de 23,462 pesos a 7.6 millones de pesos, dependiendo de la falta y su gravedad. En los casos más severos, la multa puede compararse contra un porcentaje del valor de la operación, y aplicarse la que resulte mayor. Este esquema busca desincentivar la informalidad en el crédito no bancario y obligar a los oferentes a profesionalizar controles y reportes.
El endurecimiento de controles ocurre en un momento en que la economía mexicana combina señales mixtas: por un lado, un mercado laboral relativamente resiliente en comparación con episodios previos; por otro, un entorno de tasas de interés aún restrictivo frente a la inflación de los últimos años, que encareció el costo del crédito y empujó a ciertos segmentos a buscar alternativas más rápidas, aunque no necesariamente más baratas o seguras. En ese caldo de cultivo, los prestamistas fuera del sistema financiero regulado ganaron presencia, y con ello aumentó el interés del Estado por cerrar espacios a la opacidad.
Crédito “exprés”, informalidad y la nueva fricción para el consumidor
Para el consumidor, la consecuencia más visible no es un impuesto nuevo, sino una mayor “fricción” al contratar: más requisitos de identificación, solicitudes de información y evidencias documentales. Esto puede ser positivo si ayuda a depurar oferentes que operan sin controles o con prácticas abusivas, pero también puede generar incentivos para que parte del mercado se desplace a esquemas aún más informales, donde el usuario queda más expuesto. En México, el atractivo de los préstamos inmediatos suele estar asociado a urgencias de liquidez y baja educación financiera, condiciones que abren la puerta a costos totales elevados, comisiones opacas o contratos poco claros.
De ahí que el reto de política pública sea doble: fortalecer la prevención de ilícitos sin cerrar alternativas legítimas de financiamiento. En el corto plazo, los oferentes no bancarios que decidan mantenerse dentro del marco de cumplimiento tenderán a invertir en procesos, expedientes y verificación, lo que puede encarecer su operación. En el mediano plazo, esa profesionalización podría elevar estándares y reducir fraudes, aunque difícilmente resolverá por sí sola el problema de fondo: la brecha de acceso al crédito formal, que sigue siendo una limitante estructural para el consumo y la supervivencia financiera de pequeños negocios.
También hay implicaciones para empresas que otorgan préstamos a empleados: si las operaciones se encuadran en supuestos de exclusión —por ejemplo, préstamos internos entre trabajadores de un mismo grupo empresarial y con recursos de los propios empleados—, podrían no estar sujetas a avisos; sin embargo, la delimitación debe revisarse con cuidado, ya que la habitualidad y la estructura del esquema son determinantes. En general, conforme crece el financiamiento alternativo, también crece el valor de la trazabilidad y de la evidencia documental, tanto para proteger al usuario como para reducir riesgos legales del otorgante.
En el frente de cumplimiento, el mensaje es claro: la autoridad busca que el crédito no bancario deje menos “zonas grises” para el flujo de recursos. Para el público, la recomendación práctica es privilegiar oferentes supervisados y desconfiar de productos que prometen desembolsos inmediatos sin evaluación, sin contrato claro o sin una entidad verificable detrás. La regulación antilavado no elimina el riesgo de sobreendeudamiento ni garantiza condiciones justas, pero sí incrementa el costo de operar al margen de controles mínimos.
En perspectiva, el aumento de supervisión del SAT sobre préstamos no bancarios puede empujar a una mayor formalización de este mercado, con más documentación y reportes, mientras los consumidores enfrentan procesos de contratación más exigentes. El impacto final dependerá de qué tanto se fortalezca la oferta de crédito regulado y de que los usuarios cuenten con información suficiente para comparar costos, identificar intermediarios confiables y evitar esquemas abusivos.