Presupuesto 2026: gasto público se concentra en obligaciones y deja poco margen para servicios esenciales

El Congreso aprobó la Ley de Ingresos (LIF) y el Presupuesto de Egresos de la Federación (PEF) para 2026, con lo que quedaron definidos el origen de los recursos y su destino a lo largo del próximo año. El paquete asume ingresos totales por 10.193 billones de pesos y prevé ejercer cada peso de ese monto, combinando recaudación y aprovechamientos con mayor uso de financiamiento.

De acuerdo con el calendario aprobado, 85.5% de los recursos (8.721 billones) provendrá de impuestos, derechos y aprovechamientos, cuotas de seguridad social, ingresos petroleros y servicios de empresas públicas, mientras que 14.5% (1.472 billones) se obtendrá vía endeudamiento. En términos estructurales, México sigue recaudando menos, como proporción del PIB, que el promedio de la OCDE, aunque en años recientes ha fortalecido la fiscalización y la eficiencia del cobro sin cambios impositivos de gran calado. La tendencia de menores ingresos petroleros respecto a décadas anteriores se mantiene, por lo que la base tributaria y la actividad del mercado interno seguirán siendo determinantes.

Por el lado del gasto, más de 57% del total se dirigirá a erogaciones obligatorias que crecen inercialmente: pensiones y jubilaciones, transferencias a entidades federativas (participaciones y aportaciones) y costo financiero de la deuda. Este componente absorbe una parte creciente del presupuesto por factores como la demografía, la indexación a inflación pasada y niveles de tasas de interés todavía elevados, lo que reduce el espacio para gasto programable y proyectos nuevos.

El costo de la deuda del sector público —que incluye al Gobierno Federal, Pemex y CFE— asciende a 1.613 billones de pesos. Su trayectoria dependerá de la normalización de la política monetaria y del comportamiento del tipo de cambio: un ciclo de tasas a la baja y un peso estable aliviarían gradualmente la carga financiera, pero persisten riesgos por volatilidad global, mayores primas de riesgo o necesidades adicionales de apoyo a empresas estatales.

Para funciones sustantivas como agricultura, educación, vivienda, salud, cultura, seguridad y programas de apoyo económico se destinan 2.446 billones de pesos, equivalente a 24% del gasto. Ese margen acotado implica tensiones para financiar servicios públicos con demanda al alza, particularmente en regiones que están recibiendo inversiones asociadas al nearshoring y requieren infraestructura habilitadora —energía, agua, logística— y fortalecimiento de capacidades locales.

Las entidades federativas seguirán recibiendo una porción relevante de los recursos vía participaciones y aportaciones. La alta dependencia de transferencias federales subraya la necesidad de mejorar la recaudación propia y la calidad del gasto subnacional. La ejecución oportuna y transparente será clave para traducir el presupuesto en obras y servicios, especialmente en corredores industriales y fronterizos donde la presión sobre servicios urbanos y seguridad es mayor.

En el frente macroeconómico, la actividad podría sostenerse por exportaciones manufactureras y consumo, mientras que la inversión pública enfrentará el reto de conciliar metas de consolidación fiscal con las necesidades de infraestructura. La inflación ha mostrado trayectoria de convergencia, lo que abre la puerta a una política monetaria menos restrictiva; de concretarse, ello ayudaría a moderar el costo financiero y, con un empleo resiliente, sostener la recaudación. No obstante, la evolución de la economía de Estados Unidos, los precios de energéticos y la situación de Pemex seguirán siendo factores de riesgo.

En suma, el paquete fiscal 2026 apuesta por ingresos ordinarios sólidos y mayor financiamiento, pero el peso de compromisos inerciales limita el margen para ampliar servicios esenciales e inversión. La disciplina en la ejecución, la priorización de proyectos con alto impacto y avances en eficiencia recaudatoria serán centrales para resguardar la estabilidad y aprovechar las oportunidades de relocalización productiva.

Perspectiva: el presupuesto refleja una economía con bases de ingreso razonables pero con un espacio fiscal comprimido por pensiones y deuda. La dinámica de tasas, el tipo de cambio y la capacidad para canalizar recursos hacia inversión productiva y servicios públicos definirán el tono fiscal y su impacto sobre el crecimiento en 2026.