OCDE pide a México un plan fiscal más claro para bajar el déficit y blindar la confianza
La OCDE plantea que una consolidación fiscal creíble y transparente puede reducir el costo de financiamiento y abrir espacio para inversión pública productiva.
La Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE) recomendó a México afinar la eficiencia del gasto y fortalecer los ingresos públicos mediante un plan fiscal transparente que detalle medidas concretas para reducir el déficit en los próximos años. El argumento central del organismo es que una ruta clara de consolidación ayudaría a sostener la confianza de los inversionistas, moderar las primas de riesgo y, en consecuencia, abaratar el costo del financiamiento para el sector público.
En la presentación de su Estudio Económico sobre México, el secretario general de la OCDE, Mathias Cormann, subrayó que, tras un deterioro fiscal asociado a un incremento “excepcional” del déficit en 2024, la trayectoria prevista de reducción —con miras a acercarse a 3% del PIB hacia 2027— es positiva, pero requiere mayor precisión para ganar credibilidad. La OCDE también recordó que México ha mantenido, en promedio, déficits menores a los de otros países miembros durante la última década, aunque enfrenta presiones crecientes por el pago de intereses y por compromisos de gasto social.
El diagnóstico parte de una característica estructural: México opera con un Estado relativamente pequeño en comparación con economías avanzadas. El gasto público ronda 30% del PIB, por debajo del promedio de la OCDE, lo que reduce el margen para ampliar programas y, al mismo tiempo, financiar bienes públicos que inciden en productividad, como infraestructura, salud, educación, seguridad y sistemas de justicia. En este contexto, el organismo enfatiza que no solo importa gastar más, sino gastar mejor: priorizar proyectos con mayor retorno social, fortalecer la planeación de mediano plazo y usar evaluaciones costo-beneficio de manera sistemática.
Desde la óptica de las finanzas públicas, la discusión ocurre en un entorno de tasas de interés todavía elevadas respecto a los niveles previos a la pandemia, lo que mantiene presionada la factura del servicio de la deuda. A ello se suma el reto de financiar necesidades persistentes: inversión física, modernización logística vinculada al comercio regional y mayores demandas sociales. En el corto plazo, el equilibrio fiscal se vuelve más sensible a choques externos —como volatilidad en energía o desaceleración global— y a la recaudación interna.
Por el lado del gobierno federal, la Secretaría de Hacienda destacó que en 2025 se ejecutó uno de los mayores esfuerzos de consolidación en casi una década y se reforzaron “amortiguadores” fiscales, entre ellos aportaciones al Fondo de Estabilización de los Ingresos Presupuestarios (FEIP). También se reportó el envío de recursos al Fondo Nacional de Infraestructura (Fonadin) para proyectos carreteros con efectos sobre logística y competitividad, una prioridad en un país que busca capitalizar la relocalización de cadenas productivas (nearshoring) y mejorar los tiempos y costos de transporte interno.
La OCDE, sin embargo, insistió en que para sostener la consolidación no basta con ajustar el gasto: se requieren mayores ingresos recurrentes. México se mantiene entre los países con menor recaudación tributaria dentro del bloque, lo que limita la capacidad del Estado para ampliar inversión pública sin aumentar el endeudamiento. El organismo recomendó intensificar el combate a la evasión, revisar tratamientos preferenciales y fortalecer incentivos para que las entidades federativas recauden tributos de su ámbito, como la tenencia vehicular, cuya aplicación ha sido desigual entre estados.
Ingresos, gasto rígido y el dilema de la inversión pública
El punto más delicado del debate fiscal es el choque entre un ingreso tributario estructuralmente bajo y un gasto cada vez más rígido. En México, el pago de intereses y diversas obligaciones de gasto social y pensiones presionan el presupuesto y dejan menos espacio para rubros que elevan el crecimiento potencial. Aun cuando la inversión pública puede tener efectos multiplicadores —por ejemplo, en carreteras, puertos, agua, energía y movilidad urbana—, su sostenimiento depende de contar con ingresos estables y reglas de asignación claras. La OCDE plantea que un marco fiscal de mediano plazo más robusto, acompañado de reglas de gasto y evaluación de programas, puede ayudar a reorientar recursos hacia proyectos con mayor impacto, reduciendo la probabilidad de recortes abruptos cuando el ciclo económico se debilita.
Otra variable clave es el desarrollo del mercado financiero interno. Hacienda subrayó el papel de las Afores y del ahorro institucional para ampliar el financiamiento de largo plazo. En la medida en que crezca la base doméstica de inversionistas, el gobierno y el sector privado podrían depender menos del financiamiento externo y amortiguar episodios de volatilidad global. Sin embargo, los analistas suelen advertir que la profundidad del mercado local no sustituye la necesidad de anclas fiscales creíbles: la demanda por instrumentos en pesos tiende a premiar la disciplina y castigar la incertidumbre con mayores tasas.
En el horizonte, la recomendación de la OCDE se cruza con los desafíos de crecimiento. México ha mostrado resiliencia por su integración comercial con Estados Unidos, su plataforma manufacturera y el dinamismo de algunas exportaciones, pero enfrenta cuellos de botella en energía, logística, estado de derecho y capital humano. La consolidación fiscal, si se ejecuta con planeación y sin recortes indiscriminados, podría coexistir con una agenda de inversión pública y regulación que eleve la productividad. El riesgo, señalan economistas, es que un ajuste centrado únicamente en contención del gasto, sin fortalecer ingresos y sin mejorar la calidad del gasto, termine debilitando la capacidad del Estado para atender prioridades y, paradójicamente, afecte la percepción de sostenibilidad.
En síntesis, la OCDE propone que México traduzca su objetivo de reducción del déficit en un plan detallado y verificable: más eficiencia del gasto, mejor priorización de inversión y una estrategia de ingresos que eleve la recaudación sin frenar la actividad. El mensaje es que la sostenibilidad fiscal no solo se mide por el nivel del déficit, sino por la calidad de las decisiones presupuestales y la claridad con la que se comunican al mercado y a la ciudadanía.