Tensión con Canadá en el T-MEC anticipa una revisión más ríspida; México apuesta por certidumbre y “nearshoring”
La presión política entre Washington y Ottawa endurece la revisión del T-MEC, pero los costos de una ruptura mantienen el acuerdo en pie y elevan el valor de la certidumbre para México.
La relación comercial en América del Norte entra a una fase más áspera rumbo a la revisión del T-MEC, con Canadá elevando el tono frente a la Casa Blanca y con señales de que en Washington vuelve a circular la idea de rediseñar el acuerdo hacia esquemas bilaterales. Aunque el ruido político es significativo, el escenario predominante entre analistas y actores empresariales sigue siendo de continuidad con fricciones: el tratado se mantendría, pero con una negociación más exigente en reglas, verificación y compromisos sectoriales.
Para México, el momento es relevante por dos razones. Primero, porque la integración manufacturera con Estados Unidos se ha profundizado en sectores como automotriz, electrónicos, dispositivos médicos y aeroespacial, lo que hace que la certidumbre comercial pese tanto como el tipo de cambio o el costo financiero. Y segundo, porque en los últimos años el país ha capitalizado parte del reacomodo de cadenas globales (“nearshoring”), una dinámica que depende de reglas estables, logística fronteriza y acceso preferencial al mercado estadounidense.
En cifras de comercio de bienes, el intercambio México–Estados Unidos se mantiene como el más dinámico de la región. Aun cuando Canadá conserva un nivel de integración muy alto con su vecino del sur, el reordenamiento reciente de flujos comerciales y la sensibilidad política en Washington están reconfigurando prioridades. El punto de fondo es que, pese a las amenazas arancelarias y disputas recurrentes, los incentivos económicos para sostener el T-MEC siguen siendo amplios: millones de empleos en Estados Unidos están vinculados al comercio regional y los costos de aranceles suelen trasladarse a consumidores y empresas en forma de mayores precios.
La lectura desde México es pragmática. Mientras Ottawa ha optado por una postura más dura para ganar margen de negociación y diversificar vínculos, la estrategia mexicana ha tendido a privilegiar canales de entendimiento para preservar el acceso al principal mercado de exportación del país. En la práctica, sin embargo, ambos socios enfrentan un mismo reto: lidiar con una política comercial estadounidense más transaccional, con mayor uso de instrumentos arancelarios y un escrutinio creciente en cumplimiento de reglas de origen, subsidios y seguridad económica.
En el corto plazo, el mayor riesgo no es la desaparición inmediata del T-MEC, sino una revisión con más condiciones, plazos y mecanismos de vigilancia; además de episodios de presión arancelaria que aumenten la volatilidad en decisiones de inversión. Para México, esto puede traducirse en mayor demanda por trazabilidad en cadenas de suministro, auditorías de contenido regional y, sobre todo, en la necesidad de demostrar cumplimiento regulatorio y laboral en sectores sensibles.
México ante una revisión más dura: inversión, tipo de cambio y la agenda interna
Un T-MEC con más fricciones elevaría el valor de la certidumbre macroeconómica mexicana. Con una economía que ha mostrado resiliencia apoyada en exportaciones manufactureras, remesas y un sistema bancario capitalizado, el reto está en sostener inversión fija bruta y productividad en un contexto de tasas todavía altas y cautela empresarial. Para los mercados, el peso mexicano suele reaccionar más a la percepción de riesgo comercial y a diferenciales de tasa que a titulares aislados; por eso, una revisión prolongada o con amenazas arancelarias intermitentes podría reflejarse en episodios de volatilidad, especialmente si coincide con datos de inflación o señales de política monetaria del Banco de México (Banxico).
Al mismo tiempo, la capacidad de México para capturar “nearshoring” no se agota en el tratado: requiere energía suficiente y competitiva, agua en regiones industriales, seguridad en corredores logísticos, simplificación regulatoria y certidumbre jurídica. En otras palabras, la discusión externa sobre el T-MEC se cruza con tareas internas que definen costos de operación. Si el entorno regional se endurece, las empresas tenderán a premiar a los destinos que reduzcan riesgos no comerciales (permisos, aduanas, infraestructura, cumplimiento fiscal y laboral).
En el plano sectorial, México llega a esta revisión con controversias distintas a las de Canadá. Mientras Ottawa suele concentrar irritantes como lácteos, madera blanda o impuestos digitales, México tiene frentes vinculados a reglas y regulaciones en energía, acceso agroalimentario y medidas sanitarias, además de temas de verificación en cadenas automotrices. La implicación es que México puede encontrar espacios de coordinación con Canadá en disciplinas trilaterales (origen, facilitación comercial, reglas digitales), pero también deberá administrar su propia agenda bilateral con Washington con un enfoque técnico para evitar que los diferendos escalen a paneles o represalias.
Hacia adelante, el desenlace más probable es un T-MEC “vigente pero más vigilado”: continuidad del marco general, pero con negociación compleja, mayor escrutinio y posibles ventanas de presión arancelaria como herramienta de negociación política. Para México, esto refuerza la importancia de mantener estabilidad macro, fortalecer la competitividad interna y diversificar gradualmente exportaciones sin perder el ancla norteamericana.
En balance, la tensión con Canadá eleva el tono de la revisión y puede endurecer condiciones, pero el tamaño de la integración regional y los costos de una ruptura hacen que el escenario central siga siendo de continuidad; México se juega, sobre todo, el grado de certidumbre para inversión y comercio.