Empresas canadienses elevan presión sobre México en la revisión del T-MEC: energía, minerales críticos y canola en la mira
La etapa de revisión del T-MEC comienza a ganar tracción política y empresarial, y desde el oeste de Canadá ya se perfilan temas que podrían complicar la conversación con México. Organismos como la Cámara de Comercio de Calgary y el Business Council of Alberta reconocen que el país es un eslabón cada vez más relevante para la competitividad regional —en especial por el reacomodo de cadenas productivas que ha favorecido el “nearshoring”—, pero advierten que decisiones regulatorias en energía, minería y agricultura abren fricciones que podrían escalar en el marco del acuerdo.
El trasfondo es que México se consolidó como pieza clave del comercio norteamericano, impulsado por la manufactura exportadora y el crecimiento de sectores como autopartes, electrónicos y dispositivos médicos. Sin embargo, el mismo fenómeno elevó el escrutinio sobre la certidumbre jurídica, la calidad regulatoria y la capacidad de infraestructura (electricidad, agua, logística y seguridad) para sostener nuevas inversiones. En ese contexto, las preocupaciones expresadas por el sector privado canadiense se suman a tensiones previas que ya habían aparecido en consultas y paneles del propio tratado.
El primer frente señalado es el energético. Desde Alberta y Calgary se cuestiona que políticas orientadas a fortalecer a las empresas del Estado —en particular Pemex y, en el ámbito eléctrico, la preponderancia de la CFE— reduzcan el acceso a capital privado y vuelvan menos predecibles las reglas para invertir. El argumento central no es la presencia del Estado en sí, sino la percepción de “piso disparejo” y cambios regulatorios que alteran el cálculo de riesgo para proyectos de largo plazo, justo cuando América del Norte busca asegurar energía suficiente, competitiva y con menor huella de carbono para su base manufacturera.
A esta inquietud se añade un punto técnico del T-MEC: el alcance más acotado del mecanismo de solución de controversias inversionista-Estado (ISDS) en ciertos rubros, incluido el energético, lo que —según esas organizaciones— eleva el riesgo de inversión para empresas canadienses. La lectura es que, con menor protección arbitral, los proyectos se vuelven más sensibles a cambios administrativos y regulatorios. Para México, el desafío es doble: por un lado, mantener la rectoría estatal donde la Constitución lo define; por el otro, ofrecer reglas estables que permitan ampliar capacidad de generación, redes y suministro de combustibles en un momento en que la demanda eléctrica crece por la relocalización de industrias y los centros de datos.
En este debate aparece una posible ventana hacia adelante: la expectativa, mencionada por los propios organismos canadienses, de que el gobierno mexicano reduzca gradualmente el apoyo financiero a Pemex hacia 2027. Si esa trayectoria se concreta, podría acelerar esquemas de asociación, farmouts o mayor participación privada en segmentos específicos, siempre que haya claridad regulatoria, permisos y condiciones comerciales viables. En el corto plazo, el mercado seguirá observando variables como la trayectoria de la deuda de Pemex, su carga fiscal, la inversión en exploración y producción, y la capacidad del sistema energético para abastecer a la industria exportadora sin encarecer costos.
El segundo eje es la minería de minerales críticos. Alberta y Calgary colocan el foco en litio, cobalto y otros insumos vinculados a baterías, vehículos eléctricos, tecnologías avanzadas y defensa. Desde su perspectiva, el T-MEC debería ser la plataforma para integrar cadenas regionales y reducir dependencia de Asia, particularmente de China. Aquí el señalamiento directo es que el control estatal sobre el litio en México dificulta, bajo su óptica, una integración plena de la cadena de suministro norteamericana, además del temor a que empresas chinas utilicen filiales para ganar acceso preferencial al mercado regional.
Para México, la discusión ocurre en un momento en que el país busca capturar más valor agregado en manufactura, pero enfrenta cuellos de botella: inversión en transmisión eléctrica, permisos ambientales, certidumbre regulatoria y capacidad hídrica en estados industriales del norte. En minerales críticos, también pesa el reto de pasar de la extracción a etapas de refinación y procesamiento, que suelen ser más intensivas en capital, tecnología y regulación ambiental. Una negociación en el marco del T-MEC podría empujar a México a definir con mayor precisión cómo se combinarán objetivos de soberanía, atracción de inversión y cumplimiento de estándares ambientales y laborales, temas que hoy son parte central de la agenda comercial de Norteamérica.
El tercer frente es agroalimentario: la canola. Las organizaciones empresariales canadienses consideran que la restricción mexicana a la importación de canola genéticamente modificada funciona como barrera no arancelaria y cuestionan su compatibilidad con el espíritu del T-MEC, que privilegia decisiones basadas en evidencia científica y procedimientos transparentes. Para Canadá, se trata de un producto relevante; para México, el tema se inserta en una conversación más amplia sobre política agroalimentaria, bioseguridad y el equilibrio entre objetivos de salud, sustentabilidad y abasto a precios competitivos, especialmente en un entorno en el que la inflación de alimentos ha sido un componente sensible para los hogares.
En términos de magnitud comercial, Canadá sigue siendo un socio importante pero relativamente menor frente a Estados Unidos: el intercambio bilateral representa una porción reducida del total del comercio mexicano. Aun así, el peso del T-MEC como marco de certidumbre es considerable porque influye en decisiones de inversión, reglas de origen, disciplina regulatoria y condiciones de acceso al mayor mercado del mundo. Además, en la coyuntura de 2024-2026, la integración regional se cruza con factores como tasas de interés todavía elevadas en Norteamérica, un crecimiento económico moderado y presiones fiscales, lo que vuelve más valiosa cualquier señal de estabilidad y cooperación que reduzca el riesgo país y el costo de capital.
Hacia adelante, el tono y resultado de la revisión del T-MEC dependerán de qué tan dispuestos estén los socios a intercambiar certidumbre por flexibilidad regulatoria. Para México, el principal beneficio del tratado ha sido anclar exportaciones y atraer inversión manufacturera; el principal riesgo es que controversias acumuladas en energía, minería o medidas sanitarias se conviertan en un factor de incertidumbre que retrase proyectos, especialmente en sectores que requieren grandes montos y plazos largos. Para Canadá, el objetivo es ampliar su presencia en un mercado con potencial de crecimiento, pero con reglas que percibe menos claras en áreas estratégicas.
En síntesis, las alertas del empresariado canadiense colocan sobre la mesa que el momento de mayor integración productiva de México con Norteamérica coincide con una negociación que exigirá definiciones finas en energía, minerales críticos y comercio agroalimentario. Si México logra combinar rectoría estatal con reglas previsibles, infraestructura suficiente y cumplimiento de compromisos comerciales, puede fortalecer el atractivo del país para el nearshoring; si no, el costo podría reflejarse en mayores disputas, primas de riesgo y decisiones de inversión más cautelosas.