Desinflación en Argentina reabre el debate en México sobre la receta fiscal y el costo social del ajuste

Argentina cerró 2025 con una inflación anual de 31.5%, su nivel más bajo en ocho años, de acuerdo con el instituto oficial de estadística (Indec). El dato se da tras un año marcado por un programa de estabilización que combinó superávit fiscal, control monetario y un proceso de recomposición del balance del banco central, medidas que el gobierno del presidente Javier Milei ha presentado como la base para seguir reduciendo el alza de precios.

En diciembre, la inflación mensual se ubicó en 2.8%, con incrementos más notorios en transporte, vivienda y servicios básicos como agua y gas, rubros estrechamente ligados a tarifas y costos regulados. Aunque la lectura de fin de año mostró un repunte respecto de meses previos, el resultado anual fue el menor desde 2017, cuando la inflación argentina se situó en 24.8%.

El descenso de la inflación llega después de un ajuste particularmente agresivo: en diciembre de 2023, al inicio de la administración, el peso argentino fue devaluado en más de 50% y se desplegó un recorte de gasto público y congelamiento de partidas. Con ello, Argentina habría logrado cerrar 2024 con una inflación de 117.8%, por debajo del 211.4% del año previo, y continuó el proceso de desinflación en 2025. El ministro de Economía, Luis Caputo, sostuvo que el superávit fiscal, el “estricto control” de la cantidad de dinero y la capitalización del banco central seguirán como ejes del plan.

Para México, el dato argentino funciona más como referencia comparativa que como manual replicable. La economía mexicana opera con un marco macroeconómico distinto: un banco central autónomo con mandato prioritario de estabilidad de precios, un régimen de tipo de cambio flexible y un mercado financiero más profundo. Aun así, el caso argentino reaviva discusiones domésticas sobre la importancia de la disciplina fiscal, la coordinación entre política monetaria y fiscal, y los límites políticos del ajuste cuando se traduce en menores subsidios y tarifas más altas.

En el frente local, la inflación en México ha mostrado una trayectoria de desaceleración desde los picos observados tras la pandemia y los choques de energéticos y alimentos, aunque con episodios de resistencia —sobre todo en servicios— que suelen responder a presiones de demanda, costos laborales y efectos de indexación. Banco de México ha mantenido una postura restrictiva por un periodo prolongado, con la mirada puesta en llevar la inflación hacia su objetivo de 3% (+/-1 punto porcentual), mientras el debate público se centra en cuándo y a qué ritmo podrían normalizarse las tasas sin reavivar presiones sobre precios o el tipo de cambio.

El entorno externo también importa: México enfrenta un ciclo global de tasas aún elevadas en varias economías, riesgos de volatilidad financiera y la sensibilidad del peso a cambios en apetito por riesgo. Al mismo tiempo, el nearshoring —si se consolida con inversión en energía, agua, logística y seguridad— puede fortalecer la capacidad productiva, aliviar cuellos de botella y ayudar a moderar presiones de precios a mediano plazo; pero sin esas condiciones, la llegada de inversión podría traducirse en tensiones locales, especialmente en vivienda y servicios urbanos.

Otra diferencia clave está en el papel de los precios administrados. En Argentina, el reacomodo de tarifas y la corrección de distorsiones suelen tener impactos directos y visibles en inflación. En México, aunque también existen precios energéticos y tarifas públicas con incidencia sobre el índice, el diseño de apoyos y mecanismos de ajuste tiende a buscar amortiguadores, lo que redistribuye costos en el tiempo y en las finanzas públicas. Esa decisión abre un trade-off recurrente: contener inflación de corto plazo puede implicar presiones presupuestales o diferir ajustes que luego se vuelven inevitables.

Mirando hacia adelante, la principal lección para México no es el tamaño del recorte, sino la credibilidad y consistencia del marco macroeconómico. Una desinflación sostenida suele requerir reglas fiscales claras, finanzas públicas sostenibles, señalización creíble de política monetaria y un entorno competitivo que evite que choques temporales se vuelvan permanentes. En un año en el que la inversión pública y privada será clave para apuntalar crecimiento, el reto será avanzar sin perder anclas de estabilidad: inflación a la baja, deuda en trayectoria manejable y condiciones para que el crédito y la inversión productiva no se frenen de forma abrupta.

En síntesis, la desaceleración inflacionaria en Argentina refleja un proceso de estabilización apoyado en disciplina fiscal y monetaria, pero con costos visibles en tarifas y actividad. Para México, el contraste subraya la ventaja de contar con instituciones y anclas macroeconómicas más estables, aunque también recuerda que la lucha contra la inflación no se gana solo con tasas: requiere finanzas públicas ordenadas, inversión que eleve oferta y decisiones de política que equilibren estabilidad y bienestar.